Justicia Social

(San Juan, 10:00 a.m.) El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República calificaron como una grave intromisión, que atenta contra la independencia del Poder Judicial del país,  el informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que censuró la detención del exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien está pendiente de ser procesado en los tribunales por delitos de corrupción administrativa.

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso mostró preocupación por “el sesgo del escrito y la ligereza” con la que el organismo dio por ciertos los alegatos del imputado que guarda prisión domiciliaria después que un juez le varió la medida de coerción de 18 meses de confinamiento y pueda realizar trabajos en su oficina de abogado.

Durante un encuentro con la prensa en el que también participó el canciller Roberto Álvarez, la funcionaria Reynoso desmintió los señalamientos de la entidad internacional sobre la alegada detención arbitraria y las supuestas violaciones del Código Procesal Penal desde su encarcelamiento en 2021, acusado de ser el principal cabecilla de una supuesta red de corrupción que operó a lo interno de la Procuraduría General entre 2016 y 2020 y que fue desmantelada por la Operación Medusa.

Con relación a ese aspecto, señaló que el antiguo servidor gubernamental “vuelve a difamar contra la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, al reiterar las mismas mentiras y difamaciones vertidas en su contra el 4 de marzo del 2019, alegando que había recibido cartas anónimas sobre ella, aunque en realidad él mismo las había redactado”.

En esas misivas, dijo, queda evidenciado el seguimiento e interceptación ilegal de las comunicaciones a la entonces presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y la repetición de esa acción evidencia su habitual tendencia a mentir y manipular ante el país, con el marcado interés de intentar atropellarle nueva vez, ahora a nivel internacional.

“Es inaceptable que un organismo cuyas decisiones sean vinculantes o no dé por ciertas decenas de falsedades, amparado solo en argumentos sin pruebas ni fundamentos”, indicó.

El Ministerio Público no solicitó su argumento de defensa estipulado y, según Reynoso, se pidió una prórroga a la que el órgano acusador tenía derecho, pero le fue negado. En cambio, el Grupo de Trabajo de la ONU emitió un informe a favor del exprocurador.

Para la directora de Persecución, “el Grupo de Trabajo en su viciada opinión examina los méritos de la medida impuesta al acusado Rodríguez, olvidando que en República Dominicana los jueces son independientes y que para poder jurídicamente cuestionar una decisión de los órganos de justicia, un imputado debe agotar primero todos los procesos internos, lo que no ha pasado en el caso en cuestión, por lo que esa opinión, constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de República Dominicana”.

Indicó que “como Estado miembro de la Organización de la Naciones Unidas mantenemos la preocupación de que un organismo como este Grupo pueda seguir procedimientos fácilmente burlados por personas manipuladoras, como en este caso, donde predomina el objetivo de impedir ser juzgado por graves hechos de corrupción que manda a perseguir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnucc)”.

Reynoso expresó que en los próximos días se elaborará un escrito de defensa sobre el polémico documento y manifestó que “no porque le reconozca méritos, carácter vinculante o efecto jurídico alguno, sino porque en ninguna circunstancia República Dominicana puede pasar por alto tantas falsedades y difamaciones en contra del país, ni del sistema de justicia”

Afirmó que se trata de un informe “sin sustento, sin lógica, ni razonabilidad, solo con la finalidad del acusado Jean Alain Rodríguez, de seguir torpedeando el proceso para que no se conozca el fondo de la acusación que pesa en su contra por decena de hechos ilícitos”.

La procuradora titular de la Dirección de Persecución de los delitos tildó al imputado Jean Alain Rodríguez de “mentiroso, manipulador y corrupto” y agregó que ese escrito es una táctica más suya para torpedear el proceso en su contra” y difamar a la procuradora general Miriam Germán Brito, por lo que aseguró que no se dejará intimidar ante un documento que describe como de falsas afirmaciones.

Aclaró que este imputado destruyó cientos de pruebas y eliminó prácticamente todas las bases de datos del Ministerio Público. Dijo que también que desde la cárcel había tenido un comportamiento intimidatorio frente a algunos testigos del proceso, incluyendo a Rainiery Sánchez Medina.

En ese contexto, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), declaró que el exprocurador de la República utiizó los servicios de lobistas para lograr la denuncia del Grupo de Trabajo en la ONU, por lo que considera que ese documento “no tiene ningún tipo de efecto, ya que son los hechos que están en la acusación los que determinarán su culpabilidad”.

Recordó que Rodríguez, que fue funcionario durante los dos períodos de gobierno de Danilo Medina Sánchez, es imputado de diseñar esquemas de “corrupción en el Modelo Penitenciario, tanto en el Plan de Humanización como en el tema de los alimentos” y debe concentrarse en defenderse de la acusación que el Ministerio Público ha presentado en su contra, a la que no se refiere “a sabiendas de que no cuenta con elementos que le permitan defenderse”. 

(San Juan, 11:00 a.m.) El representante por acumulación José Enrique Meléndez, ahora aspirante a la comisaría residente en Washington, estará impulsando la inclusión de Puerto Rico en el programa Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

“La lucha por la estadidad es una lucha por la igualdad; nuestro norte es que la familia puertorriqueña sienta los beneficios de la estadidad; existe una larga lista de programas que en nuestra isla no se implementan o se hacen a medias debido a la condición colonial que vivimos por más de 125 años”, comentó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Como parte de su agenda en la capital federal de Estados Unidos, anticipó que trabajará contra aquello que “afecta la calidad de vida de nuestra gente, así como el desarrollo social y económico de las familias”.

El SSI es un programa federal que provee beneficios adicionales al Seguro Social a personas ciegas, discapacitadas y personas de la tercera edad con bajos o ningún ingreso, aparte de brindar servicios de hospitalización y otras ayudas de salud.

“Un ejemplo de ese trato igual contra los ciudadanos estadounidenses que vivimos en Puerto Rico es la aplicación incompleta del Seguro Social, como sucede con el SSI. El beneficiario promedio en los estados de la unión recibe alrededor de unos $590 mensuales. Ese nivel de asistencia binaria proporciona un apoyo significativo a nuestra gente vulnerable”, dijo.

El aspirante a la comisaría residente añadió que “Puerto Rico, de ser implementado este programa, podría recibir hasta $1,950 millones anuales, de acuerdo a los datos de la Oficina de Contraloría General (GAO), y publicado en el 2014”.

“El GAO estimó que, si Puerto Rico fuera un estado, sobre 360,000 residentes en la Isla calificarían para pagos de SSI de forma directa. Eso fue hace nueve años, ahora el universo sería mayor, casi el doble ante la realidad demográfica que vivimos”, afirmó Meléndez.

(San Juan, 10:00 a.m.) El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este domingo que las clases en las escuelas públicas, centros educativos privados y universidades serán suspendidas lunes y martes debido a los devastadores efectos del disturbio meteorológico sobre el país.

“El Ministerio de Educación, en conjunto con el Gobierno, ha decidido suspender clases hasta el día miércoles, o sea que estará suspendido lunes y martes”, dijo el mandatario durante una reunión en el Palacio Nacional con los representantes de las instituciones estatales y organismos de emergencia.

Además, el jefe del Estado indicó que las suspensiones se llevarán a cabo con el objetivo de inspeccionar las escuelas que pudieran haber sido afectadas por las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana y garantizar la seguridad del estudiantado.

La convocatoria del mandatario fue dar seguimiento a la situación dejada por el paso del fenómeno natural por el país que causó inundaciones en todo el país, además de los daños a infraestructuras, provocó múltiples muertes, desaparecidos y miles de ciudadanos desplazados.

En su informe, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) detalló que seis viviendas resultaron afectadas, 17 destruidas; unas 7,915 personas fueron movilizadas a zonas seguras; seis carreteras afectadas, 29 comunidades incomunicadas, un paso a desnivel afectado, y 10 personas en un albergue.

Los aguaceros que inciden en el país a causa del desplazamiento de un huracán en el suroeste del Mar Caribe causaron la tarde de este sábado la muerte de diez personas, cuatro femeninos y cinco masculinos, dentro de varios vehículos, luego de derrumbarse una pared en el paso a desnivel del túnel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, en el Distrito Nacional.

La décima persona falleció tras caerle una pared encima en el municipio Barahona (región suroeste) como consecuencia de las intensas precipitaciones en esa localidad, así como en las otras provincias que conforman la región Enriquillo: Pedernales, Bahoruco e Independencia. El fallecido, identificado como Camilo Sánchez, ya estaba sin vida cuando una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 91-1, así como los bomberos, acudieron al lugar.

señalamientos de la JSF

(San Juan, 11:00 a.m.) El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, hizo una nueva petición a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que reconsidere su postura en torno a la Reforma Contributiva aprobada por la Legislatura y pendiente de la firma del gobernador Pedro R. Pierluisi para proporcionar alivios al bolsillo de los trabajadores y a los pequeños comerciantes.

El funcionario reiteró que el gobierno tiene la capacidad financiera para conceder estos alivios sin impedir que cumplamos con las obligaciones del Estado, incluyendo aquellas contraídas en el Plan de Ajuste de la Deuda confirmado por el tribunal federal.

“Si logramos que la Junta entienda la importancia que tiene este asunto para la gente, estoy seguro de que finalmente apoyarán el proyecto aprobado, cuyo impacto fiscal sería de unos $550.2 millones anuales”, aseguró Parés Alicea.

Destacó que se estima que las reducciones en tasas contributivas para individuos y corporaciones tendrían un efecto positivo significativo en la economía, porque generarían ingresos adicionales en un promedio de $283 millones anuales.

“Esto significa que, preliminarmente, el costo neto de los alivios aprobados sería $267 millones anuales. También estimamos que los alivios promoverán el regreso a Puerto Rico de unas 15,000 personas, lo que movería aún más la economía”, destacó el funcionario.

Parés Alicea dijo que asesores externos están en el proceso de actualizar los estudios de impacto económico de la Reforma Contributiva, según los cambios finales aprobados, y no anticipa alteraciones sustanciales.

“El gobierno en general, ha tenido mucha disciplina y hemos tomado las medidas necesarias para absorber los costos. La Reforma Contributiva también cuenta con el endoso de organizaciones del sector privado, que entienden es necesaria para hacer justicia a los contribuyentes y estimular la economía en general”, dijo.

El proyecto aprobado por la Legislatura se mantuvo igual a la propuesta inicial del gobernador Pierluisi, en cuanto al ajuste en tasas contributivas. Se aprobó una tasa de 7% para ingresos netos entre $9,001 y $25,000; de 14% para ingresos netos de $25,001 a $41,500; de 22% para ingresos entre $41,501 y $81,500; 30% para ingresos de $81,501 a $300,000 y 33% para ingresos de$300,001 o más. El Ajuste por Costo de Vida, tendría vigencia a partir del año contributivo 2024.

Otros beneficios aprobados para individuos incluyen un aumento en el crédito para personas de 65 años o más de $200 a $400; una nueva exención de hasta $40,000 para médicos residentes en Puerto Rico, por cinco años consecutivos, desde que son admitidos a la práctica de la medicina, a partir del año contributivo 2024 y el descuento del 5% y el 3%, decretado en las leyes 257-2018 y 40-2020, respectivamente, para contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado no exceda los $100,000.

Por otro lado, el proyecto establece tres nuevas escalas contributivas progresivas para corporaciones de 16%, 26% y 36%. Se elimina la contribución adicional de hasta 19%, al igual que el pago mínimo de $500 de la Contribución Alternativa.

El proyecto aprobado recomienda una tasa de 16% para ingresos netos sujeto a contribución entre $0 y $500,000; 26% para ingresos entre $500,001 y$2,000,000 y 36% para ingresos de $2,000,001 o más.

Otras medidas aprobadas incluyen la eliminación de la reconciliación de gastos, cuando el contribuyente está bajo el método de acumulación (accrual basis). Se elimina la obligación de rendir un Informe Anual de Corporaciones ante el Departamento de Estado a entidades domésticas y foráneas, aunque se mantiene el pago de los derechos anuales correspondientes. También se permite al Departamento de Hacienda entrar en acuerdos voluntarios con los municipios para manejar el Impuesto sobre Ventas y Uso Municipal y la Declaración de Volumen de Negocios (Patente Municipal), por SURI.

(San Juan, 10:00 a.m.) Durante un juicio altamente contencioso que se extendió por casi dos años, la jueza Mariela Miranda declaró culpable a Keishla Pérez Bigio por pactar y pagar $1,500 a dos sujetos para asesinar a su madrastra, la empresaria Hilda Padilla Romero.

Padilla Romero fue baleada el 30 de septiembre de 2019, mientras conducía por la avenida Los Filtros en Guaynabo acompañada de sus dos hijas, de 8 y 17 años, las cuales resultaron ilesas.

La investigación del Negociado de la Policía junto a la Fiscalía de Bayamón reveló que Pérez Bigio contrató a William Avilés González y Luis González Martínez para asesinar a su madrastra luego de sostener varias confrontaciones violentas con ella.

Así lo demostraron los fiscales Iván Rivera Labrador, Carmen Iris Ortiz Rodríguez y Gracielis Vega Bermúdez, quienes presentaron vasta prueba testimonial, documental y pericial para probar asesinato en primer grado contra Pérez Bigio y Avilés González; este último también fue hallado culpable de un cargo violación a la Ley de Armas de Puerto Rico.

La jueza Miranda no determinó culpabilidad por los cargos de tentativa de asesinato contra las menores.

Por su parte, González Martínez confesó los hechos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declarar en contra de los otros dos imputados.

Posteriormente, decidió no prestar su testimonio en el juicio, pero la Fiscalía logró utilizar el testimonio que este ofreció durante la etapa de vista preliminar, tras ser declarado testigo no disponible.

González Martínez es procesado en un juicio aparte.

“Finalmente se le hizo justicia a Hilda y a su familia. Ha sido un proceso arduo y extenso, pero al fin concluyó con el resultado esperado. Los responsables del vil crimen fueron declarados culpables y enfrentarán las consecuencias de sus actos. Mi total solidaridad con los parientes de Hilda. Espero que puedan vivir en paz y recuperarse de las heridas profundas que deja el crimen”, expresó el secretario de Justicia, Domingo EmanuelliHernández, al conocer la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

Igualmente, agradeció la labor excepcional de los fiscales que litigaron el caso desde el comienzo hasta el final, demostrando la calidad de los profesionales que forman parte del Ministerio Público.

La Fiscalía también prevaleció, pese a la oposición de la defensa a que el tribunal admitiera como evidencia tres grabaciones de audio de Pérez Bigio, extraídas del celular de González Martínez, que confirmaron la conspiración para matar a Padilla Romero. La voz de Pérez Bigio fue identificada en el juicio por Yaireishka Morales Padilla, hija de la víctima.

Aunque el Departamento de Justicia presentó los cargos a solo dos meses del crimen, el juicio comenzó en el año 2022 en la sala de la jueza Nerisvel Durán Guzmán.

Posteriormente, fue asignado a la jueza Mariela Miranda.

En principio, las fiscales Jessika Correa González y Lizette Sánchez Vázquez formaron parte del equipo que lideró la investigación junto a la Policía. Sin embargo, esto cambió cuando Correa González fue nombrada jefa de los fiscales y Sánchez Vázquez como subjefa.

“Hemos esperado mucho tiempo por este fallo de culpabilidad. Casos como este evidencian que nuestro sistema de justicia es uno confiable, y que, a pesar de que han pasado varios años, prevaleció la justicia”, manifestó la jefa de los fiscales.

(San Juan, 11:00 a.m.) El aeropuerto internacional de Isla Verde, en Carolina, estrenó un nuevo servicio al cliente, que pondrá a perros de terapia certificados a disposición de los viajeros como un medio de distracción, compañía y ayuda para reducir el estrés que pudiera provocarle a algunos pasajeros el proceso de viajar.

El programa fue denominado “SJU Pawner”, un juego de palabras que hace alusión al papel que desempeña la iniciativa como aliado y asistente del aeropuerto en el trato con el pasajero.

Se implantará en coordinación con la organización Puerto Rico Therapy Dogs, que lleva 15 años certificando los canes para servir de terapia en diferentes escenarios como hospitales, tribunales y hogares de adultos mayores.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, explicó que la iniciativa tiene como objetivo proveer un servicio a aquellos pasajeros que suelen experimentar ansiedad al momento de viajar e incluso, para los niños que sienten el efecto de las largas horas que conlleva realizar un viaje.

“Los perros de terapia son especiales. Se dejan acariciar, fomentan la calma, generan la sonrisa y tranquilidad en personas de todas las edades. Estos canes aportarán a la experiencia del pasajero, pues a ellos les encanta la compañía humana y el afecto. Su labor es hacer que los viajeros se sientan mejor”, indicó el ejecutivo de la empresa administradora del aeropuerto.

Según explicó, las mascotas harán recorridos por las instalaciones aeroportuarias guiados por sus dueños en todo momento y se detendrán cuando alguien desee interactuar con los peludos. Su área de trabajo comenzará luego de pasados los puntos de cotejo.

Los canes y sus dueños portarán distintivos para que los viajeros los puedan identificar fácilmente. Las mascotas lucirán bandanas en colores azul y blanco que los identificarán como perros de terapia del aeropuerto. Mientras tanto, los dueños lucirán polos color anaranjado con el logotipo y el lema “dejando huellas de alegría”, producto del programa de terapia canina.

(San Juan, 10:00 a.m.) El presidente del Instituto Duartiano,Wilson Gómez Ramírez, expresó preocupación por la tensa situación que prevalece en la frontera dominicana con Haití, agravada por lo que definió como abiertas actitudes de provocación de sectores de ese país interesados en generar confrontaciones, que pueden alcanzar acciones armadas.

Afirmó que es criticable que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales no han pasado de las promesas demagógicas mientras la coyuntura de la vecina nación alcanza ribetes de alto peligro para la estabilidad de la República Dominicana.

Gómez Ramírez precisó que no hay evidencias de que haya la más mínima preocupación de la comunidad internacional, incluyendo las grandes naciones que, como los Estados Unidos de América, Francia y Canadá, para ayudar con estabilizar de ese pueblo que está inmerso en una crisis profunda por la proliferación de pandillas armadas responsables de los actos de violencia e inseguridad en ese lugar.

“El irrespeto haitiano se está manifestando cada vez con mayor desparpajo, ya no solo es la transgresión al tratado de 1929 y el grosero desvío del río Masacre o Dajabón, sino que se están produciendo agresiones de ciudadanos  ubicados en la frontera norte contra los soldados del ejército de la República Dominicana que patrullan en estricto cumplimiento de su obligación de cuidar nuestra soberanía terrestre”, dijo.

Señaló que los remanentes de autoridad que muestra Haití siguen asumiendo una conducta poco clara, tanto el primer ministro Ariel Henry como el canciller Jean Víctor Geneus, pues no hacen la oportuna declaración de que no se verifica violación alguna del territorio haitiano por parte de la autoridad militar dominicana, para así edificar a estas gentes y evitar sus desafueros.

“El Instituto Duartiano formula un llamado de urgencia a la OEA, ONU, y de manera particular a los gobiernos de Washington, Francia y Canadá para que desplieguen sus esfuerzos a los fines de alcanzar una solución pacífica, dialogada y acordada, en beneficio de ambas naciones”, agregó en una rueda de prensa.

Manifestó que debe estar absolutamente claro que nuestro país tiene que adoptar todas las medidas que sean menester para salvaguardar su integridad, los altos intereses de la nación dominicana y su soberanía.

Por otro lado, Gómez Ramírez exhortó al presidente de la República, Luis Abinader, al Congreso Nacional y a otras autoridades a adoptar medidas para preservar la seguridad en la Ciudad Colonial, el Archivo General de la Nación, el Registro Civil y otros monumentos públicos y museos emblemáticos que constituyen el patrimonio por excelencia de la dominicanidad.

El organismo responsable de difundir el ideal del padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, expresó que es necesario que el Congreso Nacional legisle para que perímetro que comprende la Ciudad Colonial solo puedan ostentar la titularidad de los inmuebles dominicanos y aquellos que revistan mayor importancia histórica-cultural y hayan sido adquiridos por extranjeros sean expropiados, conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución de la República y las leyes.

Precisó que lo ocurrido recientemente en esa zona de Santo Domingo reveló el descuido de las autoridades, “puesto que en ese sitio gravitan la Policía Nacional, la Policía Turística y la Policía Municipal, además de los organismos de seguridad, y nadie estuvo presente en la grave escena que afectó por horas emblemáticos espacios abiertos como la Plaza Duarte y el parque Colón, amenazando la integridad de la Santa Iglesia Catedral Primada de América”.

El Instituto Duartiano dijo que “resulta lamentable que, a la fecha, no hay ningún informe oficial en respuesta a estos desmanes, no se ha informado nada con relación a los responsables de estos vergonzantes acontecimientos, los cuales sembraron la inseguridad en las calles, violaron el domicilio de familias, alteraron la paz en las viviendas y establecimientos comerciales de un sector tan sensible y tradicionalmente seguro”.

“Deploramos este descuido y demandamos que se instalen cámaras en estas plazas públicas, al igual que en la Puerta de la Misericordia, el Altar de la Patria el Panteón Nacional o de la Patria, y se establezcan servicios de vigilancia las veinticuatro horas del día como manera de ofrecer el nivel de garantía necesaria para que impere el mayor respeto y el más elevado comportamiento por parte de las personas que a ellos acuden o hacen acto de presencia en la periferia de los mismos”, indicó.

Gómez Ramírez aseguró que también se debe resolver de manera definitiva lo concerniente a la titularidad de los inmuebles en la región Fronteriza y que, por lo tanto, los senadores y diputados tienen que cumplir con el numeral 2 del artículo 10 de la Constitución de la República que establece una reserva de ley que se orienta a resguardar la soberanía terrestre.