Justicia Social

Es un tipo de situación difícil, cuando el estado, ya sea amparado por la constitución o por los criterios de aquellos en el poder, levante o suspende las garantías constitucionales que protegen a la población. Se requiere de un momento de mucha inestabilidad para que un estado levante esta condición. En el caso de Puerto Rico, no se ha proclamado un estado excepción, lo cual ni se encuentra sancionado por la constitución del país. Ahora bien, ante la ola de criminalidad que el estado alega, se vienen dando una serie de cambios en el estado de derecho que de facto constituyen un estado de excepción. Ojo con los falsos profetas: las estadísticas en torno a la criminalidad alegan que estamos viviendo una baja, aunque el estado justifica todas sus acciones invocando que estamos en una situación de mucha inestabilidad.

Me dicen que hablo sobre mojado. Que ya están todas las decisiones tomadas. Que Puerto Rico, en el Caribe exótico tropical, no debe ser un destino turístico. Realmente hablando, no se debe venir a una isla, donde se le ha permitido al estado criminalizar cada comportamiento social; y peor aún, se le ha permitido al estado justificar la utilización a su conveniencia de dos sistemas de justicia criminal, uno de naturaleza federal (Washington) altamente punitivo, y otro estatal (de Puerto Rico) un tanto más leniente con los ofensores.

La Habana- La fiscalía de Florida, Estados Unidos, se negó a profundizar mediante una nueva audiencia las múltiples irregularidades que caracterizaron el caso de Gerardo Hernández Nordelo, uno de los cinco antiterroristas cubanos prisioneros políticos en este país.

Montevideo- Uruguay dio otro paso en su labor destinada a favorecer a la juventud, al presentar el programa interinstitucional "Jóvenes en Red", el cual busca promover la integración social de personas entre 14 y 24 años.

Washington-Tres grupos de residentes caribeños en Estados Unidos lanzaron una petición al presidente Barack Obama instándolo a reivindicar la figura del activista Marcus Mosiah Garvey.

“La seguridad constituye para nosotros la prioridad máxima”, escuché decir ayer a un funcionario de gobierno. Esa declaración, sin embargo, despertó mis recuerdos del pasado. Corrían los años 90 y mientras esperaba a que mi padre me recogiera después del colegio, atendía los titulares de las noticias. De repente, seguido de la palabra asesinato escuche, “las cosas han llegado al límite de nuestra paciencia”.

Es un escándalo total: la muerte de un joven puertorriqueño, a mano de otros dos jóvenes puertorriqueños, desata un pánico moral, lo cual lleva que los políticos y los medios noticiosos se inclinen a favor de un discurso de mano dura contra el crimen. Es nefasto, pues la muerte de dicho joven se quiere ahora reparar con la muerte de los dos jóvenes que lo asesinaron. Esta conversación desata tres muertos, todos ellos en edades de 17 a 23 años. Es decir, la búsqueda la justicia continua acabando con los hombres, sobre todo los hombres jóvenes en pleno comienzo de su vida.

Washington- Grupos pro-derechos civiles en California protestaron ante el gobierno central en Washington por el polémico programa federal conocido como Comunidades Seguras, causante de la deportación de 72 mil individuos.