(San Juan, 10:00 a.m.) El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) condenó el acoso de sectores anticubanos del sur de la Florida (Estados Unidos) a integrantes del Comité de Solidaridad con la isla en Puerto Rico.
Una declaración del ICAP denuncia la hostilidad de la “gusanera anticubana” asentada en ese estado de la unión norteamericana, particularmente en la ciudad de Miami, que intentó, recientemente, boicotear un acto de homenaje a Ana Belén Montes.
El pasado 17 de febrero, activistas de la organización solidaria con la isla antillana reconocieron a Belén Montes como una “mujer digna y valiente, quien el próximo 28 de febrero cumplirá 67 años de edad”, refiere la denuncia.
Asimismo, recordaron el natalicio de Julia de Burgos y Blanca Canales, quienes escribieron páginas de heroísmo en la lucha por la independencia de Puerto Rico.
En la ocasión, se celebró además el Día continental contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba que afecta también al pueblo boricua.
Los puertorriqueños son parte del “único pueblo de Latinoamérica y el Caribe que se persigue, se intimida y amenaza por viajar a nuestro país (Cuba), detalla la declaración del ICAP.
Ante la provocación de sectores extremista del exilio anticubano, la institución de la mayor de las Antillas, patentizó “su solidaridad militante e inquebrantable y su compromiso histórico con la independencia y la libre determinación del pueblo puertorriqueño”.
La agenda de la soberanía y de la dignidad de los pueblos del continente americano seguirá inconclusa mientras Puerto Rico permanezca como nación ocupada y enajenada del resto del mundo, puntualiza la denuncia.

(San Juan, 12:00 p.m.) Agentes del Negociado de la Policía de Puerto rico, adscrito a la división Arrestos y Allanamiento del área de Arecibo, lograron este viernes el arresto de una persona que poseía orden de arresto.
Se trata de Javier Serrano Acevedo, de 44 años y residente de Camuy, contra quien se había emitido una orden de arresto por la Ley 54 de Violencia Domestica por maltrato agravado, con una fianza de $50 mil, expedida por el juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo.
Serrano Acevedo fue llevando ante el juez Rafael Lugo Morales del Centro Judicial de Arecibo, donde prestó su fianza.
La vista preliminar fue pautada para el próximo 28 de febrero.

(San Juan, 10:00 a.m.) El director de Educación Técnica del Departamento de Educación de Puerto Rico, Kelvin Pagán-La Luz, que dimitió el pasado 31 de enero, se declaró hoy culpable de robo de fondos federales por más de 213,000 dólares en contubernio con el contratista Javier Santiago-Rodríguez y Star Enterprises, informó la fiscalía federal de Estados Unidos en San Juan.

Según los acuerdos de culpabilidad, desde junio de 2019 y hasta agosto de 2021, los acusados ​​se ayudaron e instigaron entre sí, robaron, malversaron y obtuvieron mediante fraude $213,201.07 propiedad y bajo el cuidado, custodia y control del Departamento de Educación de Puerto Rico.

Pagán-La Luz se desempeñó como director del Programa de Educación Técnica, un componente responsable de la administración de las instituciones públicas postsecundarias operadas bajo los auspicios del Departamento de Educación.

Mientras convivía como pareja con el demandado Javier Santiago-Rodríguez, propietario y presidente de la demandada Star Enterprises, corporación con idéntica dirección física registrada a la residencial que compartía con Pagán-La Luz.

En noviembre de 2017, Star Enterprises no renovó su certificado de elegibilidad para contratar con el Departamento de Educación de Puerto Rico y otras entidades gubernamentales locales, y en diciembre de 2019 el Departamento de Estado canceló el certificado de constitución de Star Enterprises por incumplimiento de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico.

A diciembre de 2019, Star Enterprises no podía celebrar legalmente ningún contrato con el gobierno ni hacer negocios en Puerto Rico, pero a pesar de no tener un certificado de elegibilidad válido ni un certificado de incorporación válido, Pagán-La Luz autorizó pagos a Star Enterprises por un total de $213,210.07 por el trabajo que Star Enterprises supuestamente realizó para el Departamento de Educación.

En septiembre de 2020, Pagán-La Luz utilizó una empresa intermediaria que era un contratista autorizado para canalizar $59,999 a Star Enterprises y Santiago-Rodríguez por servicios que nunca se prestaron.

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(San Juan, 9:00 a.m.) El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez-Otero fue condenado hoy a cinco años y tres meses de prisión por la jueza Aida Delgado, además de 63 meses en probatoria, luego de que el 23 de marzo de 2023 un jurado federal lo declarara culpable de conspiración, soborno y extorsión.
Según trascendió en el juicio contra Pérez-Otero, de 53 años, estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la que, desde finales de 2019 hasta mayo de 2021, aceptó miles de dólares en sobornos en efectivo de forma regular de Oscar Santamaría, propietario de una compañía constructora.
El empresario, quien colaboró con la fiscalía federal para destapar el esquema de corrupción, al igual que el alcalde de Cataño, Félix Delgado, se declararon culpables para evitar ir a juicio, aguardan por su sentencia.
Pérez-otero se negó en cinco oportunidades a aceptar ofertas de colaboración con la fiscalía federal, mediante la delación de otros políticos involucrados, según trascendió en su momento.
A cambio de los pagos, el otrora expresidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que aglutina a los ejecutivos municipales afiliados al oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), acordó obtener y conservar contratos gubernamentales para la empresa y se aseguró de que las facturas se pagaran puntualmente.
Al exejecutivo del poderoso Guaynabo, bastión del PNP, la jueza Delgado también le impuso 160 meses de trabajo comunitario.
La defensa de Pérez-Otero consideró excesiva la condena, pero la jueza federal estableció que tomó en cuenta su formación universitaria, su edad y la confianza que depositó el pueblo, al elegirlo diputado y alcalde. 
Dictada la sentencia, que incluye 160 meses de trabajo comunitario y otros 63 meses de libertad supervisada, la defensa pidió que se le permitiera a Pérez Otero entregarse de manera voluntaria, a lo que la jueza accedió, explicando que no se le acusó de crímenes violentos ni era una amenaza para la sociedad, y había cumplido con las exigencias mientras estaba libre bajo fianza.
Delgado también acogió la petición de la defensa de que se le permitiera cumplir su sentencia en Pensacola (Florida), aunque la determinación estaría sujeta a la disponibilidad que tuviera el Negociado Federal de Prisiones de Estados Unidos.
La jueza federal, en un proceder poco usual en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Puerto Rico, realizó una extensa reflexión destacó los 19 casos de corrupción que han llevado a prisión en los últimos años a alcaldes y legisladores.
“Los sobornos se siguen ofreciendo y se siguen aceptando”, por lo que “hay que acabar con esa corrupción” pues la gente de Puerto Rico “necesita creer otra vez”.
La fiscal general adjunta interina Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico y el agente especial Joseph González, a cargo de la Oficina de Campo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan se expresaron sobre la investigación del esquema de corrupción.
El abogado litigante Nicholas Cannon, de la Sección de Integridad Pública de la División Penal, y la fiscal federal adjunta Myriam Fernández-González para el Distrito de Puerto Rico procesaron el caso, en el que ayudaron en la pesquisa el abogado litigante Ryan R. Crosswell y el fiscal federal adjunto Scott H. Anderson.

(San Juan, 10:00 a.m.) Los empleados judiciales reclamaron este lunes trato igual por parte del gobierno puertorriqueño en el otorgamiento de un aumento salarial que cumpla con el Principio de Mérito de la Rama Judicial.
Según denunciaron, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) cuenta con $8.1 millones destinados al aumento salarial de los empleados que se desconoce si la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) solicitó.
La denuncia la realizan posterior a la aprobación de un aumento salarial retroactivo al 1 de julio de 2023, a los jueces y juezas del Sistema Judicial en la isla.
“El gobierno debe atender el aumento a los empleados del poder judicial con el mismo carácter de urgencia en que atendieron el reclamo de aumento por parte de los jueces y juezas. La realidad es que el Plan de Retribución y Clasificación para los empleados del Poder Judicial recientemente aprobado eliminó los pasos por mérito, que incluyen pasos por años de servicio, a los empleados”, denunció Amircal Gerena Román, presidente de la Asociación de Empleados Judiciales (AEJ).
Añadió que el plan benefició a los empleados nuevos mientras que aquellos que llevan años en el sistema recibieron desde cero hasta una cantidad ínfima de dinero.
“Entendemos que el aplicar los $8.1 millones para el Principio de Méritos finalmente permitirá a los empleados ver un aumento en sus salarios”, acotó.
Gerena Román dijo además que el Plan de Retribución y Clasificación impactó de manera adversa al 60% de los empleados al omitir considerar la antigüedad de su servicio.
Los empleados llevaron su reclamo frente a las Oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). “Llegamos hasta aquí, para que tanto la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, como la Junta de Supervisión Fiscal hagan justicia a los empleados judiciales y restituyan nuestros derechos y el reconocimiento al mérito y la antigüedad del servicio”.
“Nuestro llamado es que instruyan a la OGP a asignar los $8.1 millones para que con ello se devuelvan los fondos a los empleados y el reconocimiento de los derechos ganados por años de servicio”, apuntó Gerena Román.
El reclamo se extenderá más allá de la denuncia realizada, ya que Gerena Román adelantó que enviaron una misiva al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la cual solicitan una reunión.
“Continuaremos nuestra lucha hasta obtener una respuesta favorable y resultados que hagan justicia a todos los empleados judiciales”, afirmó el también alguacil.

(San Juan, 10:00 a.m.) Una investigación de la División de Violencia Doméstica del área de Arecibo culminó por parte de la fiscalía con la presentación de un cargo por los delitos de violencia doméstica —maltrato y maltrato mediante amenaza— en la tarde de este miércoles contra Yarielle G. Fernández León, de 20 años, residente del pueblo de Toa Alta.

Para la fecha del 13 de febrero del año en curso en el pueblo de Hatillo, el imputado alegadamente, agredió a su pareja consensual, en el área de la cara y le dijo palabras soeces.

Además, la amenazó con ocasionarle daños a su vehículo.

Este caso se consultó con la fiscal Natali Martínez, quien instruyó radicar los cargos antes mencionado.

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(San Juan, 11:00 a.m.) El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), que representa al personal no docente del Departamento de Educación (DE), se solidariza con las denuncias de los estudiantes ante las condiciones deplorables en las escuelas públicas debido a las políticas de austeridad y desmantelamiento de OMEP.

Al expresar su respaldo a los estudiantes de las escuelas públicas que han denunciado de manera espontánea en las redes sociales las condiciones deplorables de la infraestructura y planta física de numerosos planteles en diversos pueblos de la Isla, el gremio refirió que “muchos de los problemas los venimos señalando desde hace años”.

Israel Marrero Calderín, presidente del SPT, expuso que “cuando comenzaron a cerrar escuelas y almacenes del Departamento de Educación, así como a desmantelar la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas (OMEP) y hoy vemos en parte los resultados de esas políticas de austeridad impulsadas por los pasados gobiernos”.

El SPT, que representa a las y los empleados no docentes, hizo un llamado a la secretaria de Educación, Yanira Raíces, a que atienda los reclamos del estudiantado y asigne los recursos técnicos y materiales que ayuden a resolver los problemas señalados.

“No solo los estudiantes sufren el deterioro de las escuelas. También el personal no docente, como secretarias, auxiliares administrativos, asistentes de educación especial y otros que trabajan en las escuelas, se ven afectados por la falta de materiales y la decadencia de la planta física de los planteles”, añadió el experimentado dirigente sindical.

Según el SPT, el deterioro de las escuelas es un asunto que le concierne a toda la comunidad escolar, incluyendo a los estudiantes, padres, madres y trabajadores.

“Por tal motivo, todos los sectores deben ser convocados e involucrarse en la búsqueda e implementación de medidas que resuelvan de manera sostenible los problemas denunciados hoy por el estudiantado”, expuso Marrero Calderín.

(San Juan, 11:00 a.m.) Personal del Departamento de la Vivienda (DV) reconoció en vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado, que preside Ramón Ruiz Nieves, que en la actualidad hay 724 casos registrados en municipios del sur para proceso de elegibilidad sin aún desembolsar los fondos a las personas afectadas para la reparación de hogares que sufrieron daños por los huracanes y terremotos.

“Me preocupa el asunto de los terremotos; el sur del país sigue temblando. Estuve en las orientaciones en los municipios, hay gente que no conoce la burocracia y descansa en lo que alguien le presenta. Les dicen que estamos al otro lado y la realidad no es esa”, destacó Ruiz Nieves durante la audiencia.

El senador expuso que “muchos piensan que se les va a dar el dinero y no es así, (por lo que) me preocupa a la fecha de hoy donde en municipios se habla de remodelación de plazas, ahora se les pide geólogos y arqueólogos. Esto se sigue atrasando por las regulaciones federales”.

Ruiz Nieves preguntó cuánto tiempo más va a tomar el proceso para el desembolso de fondos a los afectados en la zona sur, a lo que la licenciada Frances Rivera Torres respondió en representación del DV que “no tenemos el tiempo estimado, pero prontamente se estará haciendo la determinación de los casos y la inspección de las propiedades”.

Indicó que tiene cuantificados los datos de las personas que presentaron solicitud y son alrededor de 724 como casos activos, que se desglosan en Guayanilla con 106 casos, Guánica 201, Lajas 63, Peñuelas con 72, Ponce 194 y Yauco 156.

Por su parte, Joeni Camacho, también del Departamento de la Vivienda, indicó que el periodo de admisión aún está abierto para el programa de reparación de vivienda.

Confesó que todavía no se ha desembolsado el dinero y aún están en el proceso de elegibilidad.

Rivera Torres añadió que las solicitudes comenzaron en el mes de octubre de 2023, cuando se abrieron las solicitudes de R3 para terremotos a través del Consorcio del Sur (ConSur).

A la vez, Camacho sostuvo que todo caso que esté en una zona de riesgo, la determinación va a hacer para una reubicación. Se le provee un vale para una máximo de $200 mil dólares dependiendo de la composición familiar.

Rivera Torres explicó a la Comisión que la segunda subvención para el desastre de terremotos, la asignación fue para febrero del 2021. Esa asignación comprendía la cantidad de alrededor de $184 millones que tenían una reserva de $28 millones para actividades de mitigación.

Añadió que estos $184 millones eran para los municipios que estaban registrados en enero de 2021. Este segundo aviso incluye Lajas y Peñuelas y el desastre causado por la tormenta Isaías en Mayagüez.

A preguntas del senador Ruiz Nieves, la deponente indicó que la agencia federal de vivienda (HUD, por sus siglas en inglés) permitió consolidar la subvención de febrero de 2021 con la anterior de $39 millones para un total de $221 millones para atender las necesidades no cubiertas por los terremotos del área Sur.

Al inquirir cuánto va para gastos administrativos, Rivera Torres indicó que HUD utiliza hasta el dos por ciento. Todos los gastos administrativos con relación a los empleados, la ejecución.

Añadió que para terremotos son $210 millones sin sacar el cinco por ciento para gastos administrativos. Sobre la tormenta Isaías serían $10.4 millones para Mayagüez.

El senador preguntó qué queda para atender el reclamo de los seis municipios. La deponente desglosó en $15.6 millones la primera subvención para Guánica para atender el terremoto. En la segunda subvención son $40.7 millones. Guayanilla tiene 4.1 millones la primera subvención. En la segunda tiene $17 millones.

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