Justicia Social

(San Juan, 12:00 p.m.) Agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica, del área de Arecibo, realizaron una investigación que culminó con la radicación de cargo, por parte de la fiscalía, por el delito de violencia doméstica, en la modalidad de maltrato contra Verónica Aletriz Serrano, de 27 años, residente del pueblo de Hatillo.

El viernes, 5 de abril, en el pueblo de Hatillo, la imputada alegadamente agredió con los puños en el área de la cara a su expareja.

Este caso se consultó con la fiscal Lucianne Sánchez Serrano, quien instruyó radicar el cargo mencionado, ante el juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le fijó una fianza global de $8 mil, la cual prestó a través de un fiador privado, hasta la vista preliminar el 17 de abril del año en curso.

(San Juan, 11:00 a.m.) La Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (USMS) capturó en la Isla a Eloy Velásquez, quien era buscado por el Departamento de la Policía de Fort Worth, Texas.

El estado de Texas emitió el 8 de febrero de 2023 una orden de arresto contra Velásquez acusándolo de indecencia y contacto sexual contra una menor de edad, en hechos ocurridos el 3 de marzo de 2022.

La Policía de Fort Worth, Texas, recibió una querella de una posible agresión sexual contra una menor; luego de investigar, se identificó a Velásquez como el agresor de un menor de edad.

Continuada la investigación, se recibió información sobre el paradero de Velásquez en Puerto Rico.

(San Juan, 10:00 a.m.) El exsenador Carlos Díaz Sánchez, actual aspirante al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), puso al descubierto violaciones ambientales por parte de la empresa Silver Beach L.L.C., que de acuerdo con el registro de corporaciones del Departamento de Estado, pertenece a Anthony Pierluisi, hijo menor del gobernador Pedro R. Pierluisi.

Las dos propiedades, ubicadas en la bahía de Guánica, se mercadean en la plataforma de alquiler a corto plazo Airbnb, a un costo que fluctúan entre $950 y $1,800 por noche y ofrecen acceso directo al mar Caribe a través de muelles que atraviesan mangles rojos.

Mediante fotografías se aprecian las estructuras construidas en la Zona Marítimo Terrestre y la zonificación del área está clasificada RT-I (Residencial Turístico Intermedio), lo que no contempla, de acuerdo con la Junta de Planificación, actividad tipo Airbnb.

Díaz Sánchez mostró las fotografías, números de catastro, reglamentos y mapas oficiales de las agencias concernidas, a la vez que comparó el impacto ambiental al de Bahía Jobos y Cayo Matías en Salinas, Condominio Sol y Playa en Rincón, entre otros.

El exdiputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, sentenciado el pasado jueves a 16 años de prisión por la corte del distrito sur de la Florida, Estados Unidos, al hallarlo culpable de distribuir sustancias ilícitas y de cometer lavado de activos, formaba parte de una estructura de narcotráfico que tenía como sistema operativo traficar drogas escondidas en cajas de cartón, que luego se utilizaban para transportar con productos en contenedores con destino a Miami.

Mediante esa modalidad introdujo más de cinco mil kilogramos de cocaína que el gobierno de Estados Unidos atribuye a la red.

Así lo explica una moción presentada por el gobierno norteamericano para solicitar el decomiso monetario de $2,171,000 dólares pendientes de un total de 13.5 millones que el exlegislador consintió para responder por la comisión de los delitos que le imputan.

La fiscalía del tribunal recomendó a la oficina de prisiones, que el ex parlamentario cumpla la penalidad  en la misma prisión federal a la que será enviado su hermano, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, en el sur de la ciudad Mississippi.

El documento con la decisión del juzgado, al que tuvo acceso el periódico local Diario Libre, explica que el político fue condenado a 192 meses de prisión por cada cargo del que fue acusado, pero tras ser otorgada una decisión recurrente, pero solo cumplirá 16 años de confinamiento y quedará bajo la custodia de un alguacil.

En el informe, que también es reseñado por los medios nacionales, se explica el método de ocultación que implementaba el criollo para introducir cargas de narcóticos desde la República Dominicana hacia Norteamérica.

“A la llegada de los contenedores, se retiraban las cajas de productos, se desechaban los productos y se entregaba la cocaína retirada de las solapas de la caja”, agrega el escrito.

Señala que el papel de Gutiérrez Díaz era “obtener la cocaína de fuentes de suministro en República Dominicana e invertir en los cargamentos que se importaban a Estados Unidos” y, agrega, dirigió y manejó a otros miembros de la red, quienes empaquetaban la cocaína  aquí y lo despachaba a Florida.

Una vez la sustancia se recibía, era vendida a co-conspiradores en el sur de Florida, Nueva York y Filadelfia, recibiendo Gutiérrez Díaz “porciones de las ganancias de la droga de otros miembros de la red”.

“El acusado también recibió comisiones por introducir y permitir que otros narcotraficantes y cómplices conspiradores para utilizar la red de distribución”, agrega la moción con fecha del 1 de abril de 2024.

El dossier jurídico, firmado por el juez del Distrito Sur de Florida Roy K. Altman, precisa que el antiguo parlamentario obtuvo varios cargamentos cuya venta le proporcionó $7,500,000 dólares en ganancias, monto que tiene que devolver a las autoridades estadounidenses.

Igualmente, la justicia norteamericana lo acusa de conspirar junto a otras personas para lavar el dinero proveniente de la venta de la citada sustancia, entre el 2014 hasta el 2020.

De acuerdo con la investigación, los fondos fueron depositados en cuentas a nombre de Gutiérrez Díaz, los familiares y sus negocios, mantenidas en instituciones financieras.

Las autoridades cifran en $6,000,000 dólares (monto que también debe retornar a EE. UU.), la cantidad de dinero lavado por el ex legislador y compinches durante el período de la conspiración.

PROPIEDAD HIPOTECADA

Como parte del dinero obtenido por la venta de narcóticos en Estados Unidos, Gutiérrez Díaz adquirió una propiedad en Miami, Florida, la cual fue transferida en 2016 a otra empresa suya en esa ciudad.

Después del arresto del político quisqueyano, en 2021, al arribar al suelo de Miami, éste obtuvo una sentencia firme de hipoteca, recoge la moción judicial.

El ex congresista, a través de su abogado, obtuvo ingresos excedentes por un valor aproximado de 396,965.52 dólares, los cuales seguían siendo confiscables como producto del delito y rebajados de los más de 10 millones que reclamaba el gobierno norteamericano.

Además de estos recursos financieros, Estados Unidos también confiscó costosos relojes Rolex Cellini Moon Phase rosa para hombre, otro Rolex Sky Dweller y una cadena de eslabones cubanos de oro de 14k, con crucifijo en oro de 4k, los cuales se aplicarán al decomiso del demandado.

(San Juan, 10:00 a.m.) La organización Waves Ahead, que aboga por los adultos mayores LGBTQ+, denunció un intento por parte del gobernador Pedro Pierluisi de legalizar el discrimen hacia esta población con unas enmiendas propuestas al ya aprobado Proyecto del Senado 427 que buscaba prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en la vivienda para adultos mayores.  Y yo me uno a la denuncia.

“Luego de una aprobación histórica en la Legislatura, hace casi dos años, el gobernador Pierluisi ahora intenta imponer una exclusión religiosa que es inaceptable e inconstitucional a la medida que buscaba prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en la prestación de servicios de vivienda para los adultos mayores LGBTQ+. Con dicha exclusión, el gobernador atenta contra el bienestar de miles de adultos mayores LGBTQ+ que lo único que piden es ser tratados con respeto, equidad y dignidad”, aseveró mi amigo Wilfred Labiosa, director ejecutivo de Waves Ahead.

Les recuerdo que dicha medida fue aprobada con 14 votos a favor en el Senado y con 38 votos a favor en la Cámara de Representantes desde el 2022. Desde entonces, la senadora María de Lourdes Santiago llevaba esperando una contestación de La Fortaleza sobre las enmiendas que proponía el gobernador para estampar su firma. La medida aprobada categóricamente establecía que “ninguna entidad podrá negarse a ofrecer servicios a terceros basados en razones discriminatorias, según definidas en esta Ley, en toda aquella actividad que sea subsidiada, en todo o en parte, con fondos estatales o federales”.