Los abajo firmantes entendemos que durante los últimos tres años la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico se ha arrogado funciones que no le corresponden como entidad pues se trata de funciones que deben emanar de las universidades y de la práctica y experiencia de la psicología en Puerto Rico.
Esta atribución de funciones se expresa a través de la producción de políticas y prácticas entre las que destacamos: el actual examen de reválida, aquello que se considera legítimo o no a ofrecer como material de educación contínua y la exigencia de ponerse en la posición de reevaluar las credenciales académicas de todos/as los psicólogos licenciados y practicando la profesión. Esta atribución pretende sostenerse a partir de un Reglamento establecido por la propia Junta en el 2013, la cual obvia aquello que legítimamente rige sus funciones y el alcance de las mismas que es la ley 96 de 1983.
Denunciamos que el examen de reválida avalado por la Junta confronta problemas serios de validez y confiabilidad toda vez que el mismo no está supeditado ni responde a la ponderación detenida que las distintas universidades llevan a cabo sobre los conocimientos que todo egresado de un programa de psicología debería tener. Es deber de la Junta producir un examen acorde con el recogido consensuado de conocimientos de la diversidad de saberes psicológicos y que las universidades ofrecen como riqueza intelectual y profesional a los/as estudiantes y no la imposición –a través de este examen– de referentes teórico/investigativos particulares. Cabe destacar que este examen no fue aprobado por el 100% de los candidatos de los distintos programas académicos que otorgan el grado de Doctor en Psicología en Puerto Rico.
No le corresponde a la Junta estipular los contenidos curriculares de las Universidades sino supeditarse a los contenidos establecidos por dichas instituciones. Denunciamos la intención de la Junta de determinar y cualificar a los programas académicos de las Universidades a partir de haber sido o no acreditados por asociaciones profesionales.
Nos preocupa que la Junta ha tomado decisiones en las que prácticamente opera como una agencia de regulación y acreditación de los programas académicos y de la práctica de la psicología en Puerto Rico. Esto se hace evidente en la imposición arbitraria de un nuevo requisito a partir del 2016 que exige que todos/as los/a psicólogos/a incluyendo a los ya licenciados (con especialidad en el área clínica, escolar y consejería) tramiten un certificado de salud “Health Care Provider” como requisito para continuar con el ejercicio de su profesión. Este requisito, aprobado a espaldas del sentir de los psicólogos en Puerto Rico, ya que no contó con la debida ponderación de un asunto tan importante, expresa una racional vinculada a su particular interpretación del operar de las compañías aseguradoras y no al resultado de la prevalencia de los criterios académicos y profesionales que deben regir el quehacer de psicología.
Los abajo firmantes exigimos a la Junta Examinadora de Psicólogos un cese y desista de sus intentos de supeditar la academia y la profesión de la Psicología a una línea profesionista particular al tiempo que divulgamos por este medio nuestra profunda consternación y nuestra intención de denunciar estos manejos de la Junta en todos los foros pertinentes. Suscriben este documento:
Dra. Amaryllis R. Muñoz Colón
Dra. Ana Delgia Alvarado
Dr. Freddie Aracena
Dra. Mari Arce Fraga
Dr. Mario Arill Dra. Silvia Arosemena
Dra. Dyhalma N. Avila López
Dr. Otto Berdiel
Dr. José Enrique Cangiano
Dra. Elsa Cardalda Sánchez
Dra. Melissa Carrasco González
Dra. Mahe G. Casanova Nordelo
Dra. María E. Chavez
Dra. Ana Isabel Colón
Dra. Aixa Colón Ocasio
Dra. Nydza Correa De Jesús
Dra. Elixmahir Dávila
Dr. Augusto De Jesús Hernández
Dr. Arturo De los Santos
Dra. Bertis Delgado
Dra. Emma Díaz
Dra. Rebeca Díaz
Dra. América Facundo
Dra. Tania García
Dra. Rosa Enid García Berríos
Dra. María Victoria García Cingolani
Dra. Ileana García del Valle
M.A. Mónica García Delgado
Dra. Moraima García Rohena
Dra. María de los Angeles Gómez
Dra. Julia González González
Dra. Paloma González Marqués
Dra. Joan M. González Rosario
Dra. Carol Irizarry Robles
Dra. María de Lourdes López Alers
Dra. Giannina López Pérez
Dra. Norma Maldonado Santiago
Dra. María Teresa Margarida
Dra. Silvia Martínez Mejías
Dr. Emilio Meléndez Rivera
Dra. Alicia Menéndez
Dr. Pascual Merlos
Dra. Dolores Miranda Gierbolini
Dr. Jorge A. Montijo
Dr. Edgardo Morales
Sra. Victoria Muñoz Mendoza
Dra. Edna Nazario
Dra. Mayra Nevárez
Dr. Ruth Nina
Dra. Vivian Olivera
Dr. Francisco O’Neill
M.S. Damaris Orraca Paredes
Dr. Miguel Pagán Pérez
Dra. Giannina Pérez
Dr. Libertario Pérez
Dr. Omar Peña Rivera
Dra. Karina Quiles Barnecet
M.A. Bertha M. Raffo Díaz
M.S. María Teresa Ramos González
Dra. Wanda Ramos Vaquero
Dra. Yina Reyes Rodríguez
Dra. Carmen Inés Rivera Lugo
Dra. Zilkia Rivera Orraca
Dra. Vivian Rodríguez Del Toro
M.A. Mercedes Rodríguez López
Dra. Melissa Rodríguez Sánchez
Dra. Frances Ruíz Dr. Luis Raúl Sánchez
M.A. Daisy Salgado Vargas
Dra. Irma Jessica Santiago
Dra. Zoraida Santiago
Dra. Sandra Santori Margarida
Dra. Frances Seda
Dra. Maileen Souchet
Dra. Frances M. Torres Oquendo
Dra. Hildamar Vilá
Estudiantes:
Rebeca Plaza Gotay
Carol González
Briseida Rosa González,
Universidad Carlos Albizu Laura del Rocío Marchena Rolón,
Universidad Interamericana. Recinto Metro Angel R. Comas Nazario.
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Verónica Vélez,
UPRRP Wanda Liz Aponte Martir Rowina Martínez Antongiorgi,
UPRRP Laura del Castillo Natalia Cordero
Maritza Ramos Cortés
Nicole Mercado Rodríguez
Cristina Palmer Berdiel
Carmen Betsy Caraballo
María del Pilar Rivera Giraud
Marielin Rosario Meléndez
Zoranyelie Ayala Rivera,
Universidad Interamericana. Recinto Metro Samuel F. Gallardo Oyola
Angélica Velásquez
Yarelis Montero
Josmarie Clavell Figueroa
Jackeline N. Galarza López
Ladybeth González Cortes,
Universidad Interamericana. Recinto Metro Itzamarie Ortíz Delgado
Mariví Cortés Idamari Santiago.
UPRRP Stephanie Acevedo
Eric Lugo
Marytere Díaz Moret,
Universidad Carlos Albizu Migna Rivera García.
Universidad Interamericana Recinto Metro Este es un movimiento que sigue recogiendo firmas. Para más información: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
San Juan- El Partido Comunista de Puerto Rico (PCPR) condenó ayer la pretensión de los diferentes sectores de poder de colocar nuevamente el peso de la deuda pública, por medio de un Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre los hombros de la clase trabajadora. 
Es curioso, pero en Puerto Rico la educación superior, como los servicios de salud, son un negocio. La gente, y en particular los estudiantes universitarios inspirados por las luchas sociales del principal sistema de educación público del país, la Universidad de Puerto Rico, reclaman que la educación es un derecho. Pero, en Puerto Rico la educación superior se ha convertido en un lugar de lucha y rescates, pero técnicamente hablando no es un derecho. 
Las vistas públicas sobre el IVA han revelado la debilidad del proyecto del gobernador Alejandro García Padilla; no tiene los votos. En el primer día de las vistas, la Cámara de Representantes, por voz de su presidente, Jaime Perelló, manifestó que tiene reservas sobre la medida a causa de su timidez, como indicó la Cámara en comunicado de prensa, sobre el asunto de los pequeños y los medianos comerciantes. Este tema es esencial para la salud económica de Puerto Rico. El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, articuló la necesidad de que el sistema contributivo no penalice a los trabajadores y emprendedores. En este sentido, las medidas relacionadas con el IVA deberán centrarse en el consumo y no en la producción. Este acercamiento es preocupante, desde la perspectiva de los ciudadanos, pues como bien dijo el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, el IVA tendrá un “impacto desproporcionado sobre ciertos consumidores”.
El economista Alameda y otros expertos han alabado el sistema del IVA como el mejor, según la experiencia comparada. Entonces, acomodados los intereses de los sectores más afectados, municipios y educación, como todo apunta, tal parece que la reforma contributiva será aprobada.
La Habana- La estrategia cubana en materia de informática contempla acciones tendentes a mejorar la situación actual de la actividad, orientada al beneficio de instituciones y la población, afirmaron ayer fuentes oficiales. 
Viendo la última ejecución real y mediática conducida por el grupo terrorista del Estado Islámico en Libia, me preguntaba quién financiaba esta actividad. Sabido es que el Estado Islámico controla pozos petroleros y los utiliza para financiar su guerra.