Agenda Caribeña

A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, diversas medidas de naturaleza económica y política adoptadas por el nuevo Gobierno Revolucionario sostenidas en el ejercicio de la soberanía del pueblo, llevaron al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos de América y la República de Cuba. A partir de enero de 1961 se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. A este evento le siguieron otras medidas de igual naturaleza con las cuales Estados Unidos pretendía someter la voluntad de lucha del pueblo cubano y revertir el proceso revolucionario iniciado.

Entre las medidas económicas adoptadas, efectivo a las 12:01 de la mañana del día 7 de febrero de 1962, el gobierno de los Estados Unidos de América tomó la decisión de imponer sobre la República de Cuba un embargo de sus bienes financieros dentro del territorio estadounidense y de bloqueo económico contra el país. Sesenta y un años han transcurrido desde entonces.

Resulta del todo contradictorio que estados políticos con sistemas económicos diferentes al de los Estados Unidos con los cuales dicho país sostuvo profundas discrepancias como son los casos de la República Popular China y la República Socialista de Vietnam, hoy sostenga relaciones políticas, comerciales y diplomáticas plenas, con beneficios comunes con cada uno de dichos Estados. Con Cuba, sin embargo, los Estados Unidos sostienen una política de constante presión tal como fue durante los años de la llamada Guerra Fría.

La normalización de las relaciones políticas, económicas, diplomáticas y comerciales anunciado en el año 2014 por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama fue un paso positivo en el acercamiento entre ambos Estados y ciertamente de beneficio recíproco para ambos pueblos. Fue, además, un paso importante en la distensión de los conflictos y en las aspiraciones de paz para la región del Caribe y América Latina. Se trató de un cambio cualitativo en la historia, constituyendo posiblemente el evento de mayor significado en las relaciones entre ambos pueblos en más de medio siglo. Sin embargo como proceso histórico, el restablecimiento de relaciones no allanó el camino para el cese del bloqueo impuesto durante la década de 1960.

Con la llegada de Donald Trump a Casa Blanca se inició un proceso de reversión de los cambios impulsados por el gobierno de los Estados Unidos durante la Administración Obama. Durante los cuatro años de su mandato se adoptaron 243 medidas adicionales contra Cuba, 55 de ellas en el año 2020.  Entre otras medidas, Trump intervino: (a) limitando los viajes de estadounidenses a Cuba; (b) limitando y obstaculizando el envío de remesas económicas desde los Estados Unidos a residentes en Cuba, incluyendo el cierre de más de 400 oficinas de Western Union; (c) adoptando medidas dirigidas a afectar la inversión extranjera en Cuba por parte de empresas acogidas a la “Ley de Inversión Extranjera en Cuba”, prohibiéndoles transacciones con el Banco Financiero Internacional de Cuba e incluyendo a dicha entidad en la lista de empresas cubanas con las cuales los estadounidenses no pueden hacer negocios; (d) estableciendo una  prohibición a los ciudadanos estadounidenses que viajaran a Cuba de alojarse en hoteles cubanos propiedad del Estado; (e) prohibiendo la llegada de cruceros, propiedad de o que partieran de, los Estados Unidos hacia Cuba; y la peor, que en el pasado ya se tuvo y se había derogado, (f) incluyendo a Cuba en una lista que compartiría con la República Popular Democrática de Corea, la República Árabe de Siria y la República Islámica de Irán, como “Estados que promueven el terrorismo.”

Estas medidas, dirigidas a incrementar e interponer obstáculos a las posibilidades de que Cuba pueda llegar a acuerdos internacionales con actuales y potenciales socios en materia financiera que le permita, además, adquirir determinados productos en el exterior, se extiende también a la aplicación adicional de las sanciones económicas y políticas contra Cuba tomadas desde febrero de 1962.

            Con la llegada de Joseph Biden a la presidencia de los Estados Unidos, se pensó por un momento que tal cambio iniciaría un nuevo giro de timón por parte de la nueva administración en torno al tema cubano. Los medios de comunicación recogieron con alguna incertidumbre declaraciones escuetas y sin mayores detalles de parte de su Secretaria de Prensa, Jen Psaki, a los efectos de que la administración entrante formularía la necesidad de “una nueva política hacia Cuba.” Tal política estaría orientada por dos principios: primero, “el apoyo a la democracia y los derechos humanos”, que ha sido el discurso oficial de los Estados Unidos a partir de la Administración de Jimmy Carter; y segundo, el argumento de que los cubanos residentes en los Estados Unidos, “son los mejores embajadores de la libertad en Cuba.”  Sobre el particular, Jen Psaki señaló lo siguiente:

“Estamos revisando las políticas de Trump en varios temas de seguridad nacional para asegurarnos que nuestra visión se ajusta a eso. Vamos a marcar nuestro propio camino.” (Énfasis suplido)

         Dentro de dicho contexto, algunos medios noticiosos se aventuraron a señalar los posibles cambios en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, entre ellos: (a) permitir el envío de remesas; (b) eliminar la prohibición de vuelos directos y la llegada de cruceros hacia Cuba; (c) la reapertura de consulados; (d) reestablecer la política de intercambio “people to people”; y  (e) restablecer los llamados “Viajes de enriquecimiento cultural”, que facilitaban los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.

         La realidad, sin embargo, fue otra. En esencia, al presente, prevalece la misma política de bloqueo y aislamiento por parte de los Estados Unidos hacia Cuba y no se avizora en el horizonte un “nuevo camino”.

         El pasado 2 de noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, una vez más de manera abrumadora la trigésima resolución desde 1992 repudiando el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la República de Cuba desde 1962. En esta ocasión, 187 países se pronunciaron en contra del Bloqueo; dos países votaron en contra de la Resolución (Estados Unidos y su aliado Israel), con las vergonzosa abstención de Ucrania.

La Resolución A/78/L. insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas  de este tipo a que, “en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto.” La resolución pide del Secretario General de la ONU la preparación de un informe sobre los efectos del bloqueo. En su comparecencia presencial en la sala donde se adoptó la Resolución, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, hizo un recuento de cómo el bloqueo afecta la alimentación, el acceso a medicamentos y la manera en que a través del bloqueo se perjudica diariamente a la familia cubana. Puntualizó que el bloqueo contra su país “es un acto de guerra económica en tiempos de paz, dirigido a anular la capacidad del Gobierno para atender las necesidades de la población, crear una situación de ingobernabilidad y destruir el orden constitucional.”

Reconociendo que el bloqueo no es responsable por todos los problemas de Cuba, indicó que sí es la causa principal del sufrimiento por el que atraviesa la población. Destacó el carácter genocida del bloqueo contra su país.

         Existe una relación muy estrecha entre las prohibiciones que establece el Derecho Internacional Humanitario y otras convenciones internacionales, como es el caso de la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”. Esta fue aprobada mediante la Resolución 260 (III) de la Asamblea General de la ONU de 9 de diciembre de 1948, entrando en vigor el 12 de enero de 1951. La Resolución 260(III), sostenida como antecedente en la Resolución 96 (I) de 11 de diciembre de 1946, declara el genocidio como delito del derecho internacional contrario al espíritu y los fines de la Carta de las Naciones Unidas. Al definir “genocidio”  señala que cubre aquellos actos en virtud de los cuales, con la intención de “destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, se provocan matanzas de miembros del grupo; se provocan lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo; se provoca el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que pueden acarrear su destrucción física, total o permanentemente; se provocan medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y finalmente, se provoca el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

         En una alocución anterior en 2020 en el proceso de aprobación de la resolución correspondiente a ese año, en referencia además al “Informe sobre las afectaciones del Bloqueo a Cuba en el año 2020”, Rodríguez Parrilla estimaba los daños causados a su país entre abril de 2019 a diciembre de 2020 en $9,157 millones a precio corriente y en $17,000 millones en el pasado lustro. Sumando el costo para Cuba como resultado del Bloqueo impuesto, desde su origen temprano en la década de 1960 al presente, el costo estimado asciende a $147,853 millones. Indicó el Canciller cubano que se trataba de “una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país ya afectado en el período reciente por la recesión y la crisis económicas global provocada por la pandemia”, que había privado a Cuba de “ingresos indispensables como los derivados del turismo.”

         El antes mencionado Informe incluía datos acerca de la vigencia de las leyes norteamericanas en las cuales se sostiene el bloqueo; las principales acciones del bloqueo por parte de Estados Unidos adoptadas entre abril de 2019 y marzo de 2020; los efectos de la aplicación de la Ley Helms-Burton (“Ley para la Libertad y Solidaridad  Democrática Cubanas”) y las demandas presentadas por Estados Unidos al amparo de ésta en sus tribunales; la respuesta cubana a dicha ley mediante la aprobación de la Ley Núm. 80 “Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas” de 1996; las afectaciones del bloqueo en los sectores de mayor impacto social (salud, alimentación, agricultura y deporte); afectaciones al desarrollo económico (producción y servicios, industria biofarmacéutica, turismo, comunicaciones e informática, construcción, transporte, energía y minas) y comercio exterior; las afectaciones  al sector bancario y financiero (negativa a prestar servicios bancarios, envío y recepción de documentos bancarios a través de agencias de mensajería y aplicación extraterritorial); afectaciones a entidades cubanas; afectaciones extraterritoriales; etc.

         A pesar de la política contra Cuba de parte del gobierno estadounidense, han sido múltiples las voces que desde el propio Estados Unidos, representando los sectores agrícolas, cultural, académico; del mundo de los negocios; personalidades, incluyendo sectores políticos; así como desde la solidaridad, han demandado el cese del bloqueo. En el plano internacional, también ha sido importante las expresiones de rechazo al bloqueo, tanto por gobiernos como a través de mecanismos multilaterales en materia de relaciones exteriores. Lo anterior demuestra inequívocamente que en esta lucha contra la agresión imperialista, Cuba no está sola. Entre los países que se expresaron en contra del bloqueo impuesto a Cuba se encuentran países con distintos tipos de gobierno y diferentes aproximaciones ideológicas en dichos partidos de gobierno, entre otros, a saber: Nicaragua, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, la Federación Rusa, Colombia, Argentina, la República Popular China, la República Bolivariana de Venezuela, México y El Salvador.

         Es evidente que a escala global, el consenso de la comunidad internacional es en favor del cese del bloqueo a Cuba. Sin embargo, también es un punto de partida en el análisis que el poder económico de los Estados Unidos a escala global continúa siendo un impedimento para el normal desarrollo de Cuba y su Revolución. De ahí la importancia de continuar denunciando la agresión que representa este bloqueo para el hermano pueblo cubano.

Nos viene a la memoria hoy, como antes, las expresiones del Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí, cuando clamó en el Siglo XIX: “Quien se levanta hoy por Cuba, se levanta para todos los tiempos.” ¡Viva la solidaridad con el pueblo cubano y su Revolución!

El pasado 19 de marzo se cumplieron 20 años de la segunda invasión militar de los Estados Unidos a Iraq. La primera tuvo lugar entre el 2 de agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991. En esta primera invasión, una coalición internacional formada por los Estados Unidos con la aprobación de las Naciones Unidas, llevó a cabo lo que se conoce como la “Guerra del Golfo”. El detonante de esta guerra fue la invasión por parte de Iraq, entonces gobernado por Saddam Hussein, a su vecino país Kuwait. Iraq consideraba Kuwait como una “provincia rebelde” dada la secesión de dicho país de Iraq, esto como resultado de la geopolítica imperialista por el control del petróleo y los accesos a las vías de navegación en la región del Medio Oriente. La invasión a Kuwait conllevó un amplio rechazo de la comunidad internacional.

Al momento de ser invadido Kuwait, éste era un Estado político reconocido por la comunidad internacional, por lo que dicho acto fue considerado como una violación de la soberanía de Kuwait y una violación a las leyes internacionales. Entonces, la ONU se expresó en varias resoluciones y emitió sanciones contra Iraq para forzar a dicho país a retirar sus tropas del territorio invadido y exigir la devolución de importantes recursos materiales sustraídos mediante el pillaje por parte de las tropas iraquíes. Las gestiones de la ONU resultaron infructuosas.

Estados Unidos, antiguo aliado de Iraq en su guerra contra la República Islámica de Irán en la década de 1980 y el país que le proveyó abundante ayuda militar y tecnologías, levantó en aquel momento una amplia campaña internacional alegando que Iraq estaba desarrollando armas de destrucción masiva como elemento desestabilizador de la región y exigió del gobierno de Saddam Hussein la inspección de sus instalaciones militares y científicas en búsqueda de centros de producción y almacenamiento de armamentos de destrucción masiva. La negativa del gobierno de Iraq a tales requerimientos, junto al repudio que ya existía contra la invasión a Kuwait, sirvió de justificación a los Estados Unidos para encabezar una operación militar contra el gobierno de Iraq en suelo kuwaití en enero de 1991.

La operación militar autorizada por la ONU bajo la dirección de los Estados Unidos, denominada en su etapa preparatoria como “Escudo del Desierto”, pasó más adelante, en su etapa operativa, a llamarse “Tormenta del Desierto”. La campaña tuvo como resultado la liberación de Kuwait, pasando dicho país a ser un fuerte aliado militar de los Estados Unidos en la región. La operación militar incluyó la demolición de gran parte de la infraestructura de Iraq por fuertes y demoledores ataques aéreos de saturación sobre sus principales ciudades e instalaciones militares. Concluidas las operaciones a un alto costo en vidas y materiales para Iraq, se estableció una Zona de Exclusión Aérea, significando una porción del territorio iraquí donde estaba vedado cualquier vuelo no autorizado por la Coalición Internacional so pena de ser derribado. Aquella guerra que George Bush padre llamón la “Madre de las Batallas”, fue la “Primera Guerra del Golfo.”

El día 12 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando a instancias de los Estados Unidos, cuando aún se desconocía la identidad de los responsables por dichos ataques, aprobó la Resolución 1368. En ella exhortaba a la comunidad internacional a colaborar con urgencia para someter a la acción de la justicia a los autores, patrocinadores y organizadores de los atentados, subrayando además, que sus copartícipes y cómplices también rindieran cuentas por sus actos. En dicha Resolución, el Consejo de Seguridad hizo un llamado a la comunidad internacional para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, a la vez que consignó su disposición a tomar aquellas medidas necesarias para responder y combatir, en todas sus formas, tales actos de terrorismo.

El 21 de septiembre de 2001 el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, dirigió un mensaje al pueblo estadounidense. Indicó que de acuerdo con cierta información proveniente de fuentes de inteligencia, la responsabilidad de una organización fundamentalista islámica de nombre Al Qaeda y su dirigente, Osama Bin Laden, eran responsables de los atentados terroristas acaecidos en Estados Unidos el día 11 de septiembre de 2001. Junto a estos, identificó también a las organizaciones islámicas “Jihad Islámico de Egipto” y al “Movimiento Islámico de Uzbekistán”, como organizaciones vinculadas a redes terroristas esparcidas que el gobierno de Estados Unidos estimó entonces, se extendían por más de 60 países en el mundo. El movimiento islámico en el poder en Afganistán, conocido por Talibán,

fue identificado como responsable de proveerle albergue, apoyo y lugares de entrenamiento en su territorio a estas organizaciones definidas como terroristas.

En su discurso, Bush emitió un ultimátum al gobierno de Afganistán. Demandó la entrega a las autoridades estadounidenses de Osama Bin Laden y los dirigentes de Al Qaeda; la liberación de todos los nacionales extranjeros encarcelados en Afganistán, incluyendo ciudadanos estadounidenses; exigió brindarle protección a periodistas, personal diplomático y trabajadores internacionales en dicho país; y requirió el cierre inmediato y permanente de los campos de entrenamiento en Afganistán utilizados por estas organizaciones. También exigió la entrega a las autoridades pertinentes de todos los llamados terroristas en este país y aquellos que apoyaban sus estructuras de funcionamiento, y reclamó de paso, el derecho absoluto de acceso de los Estados Unidos a los llamados campos de entrenamiento para así asegurar que Al Qaeda no volviera a operar en dicho territorio.

En su declaración, Bush hizo un llamado a la guerra contra Al Qaeda indicando que no terminaría con el aniquilamiento de dicha organización y sus dirigentes; que a los terroristas se les privaría de sus fuentes de financiamiento, serían empujados unos contra otros y perseguidos de un lugar a otro hasta que no tuvieran refugio ni reposo. Con tal declaración se iniciaba la primera guerra del Siglo XXI, una guerra diferente donde se utilizarían todos los medios diplomáticos, todas las herramientas de inteligencia, todos los instrumentos de interdicción policiaca, todas las influencias financieras y todos los armamentos necesarios.

El día 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1373. En virtud de ésta reafirmó el derecho inmanente de los Estados a la legítima defensa; la necesidad de luchar por todos los medios, según la Carta de la ONU, contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales; e instó a los Estados a actuar urgentemente para prevenir y reprimir los actos de terrorismo. También llamó a los Estados a que se abstuvieran de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro Estado; participar de ellos; o permitir el uso de su territorio para la comisión de dichos actos. La Resolución, además, hizo un llamado a los países a establecer

controles en sus fronteras y a emitir documentos de identidad; a intensificar y agilizar los intercambios de información operacional; y a revisar los procedimientos para la concesión de estatus de “refugiado”. Finalmente la Resolución planteó la vinculación entre terrorismo internacional, delincuencia transnacional organizada, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, tráfico ilícito de armas y la circulación de materiales nucleares, sustancias químicas y biológicos, así como otros materiales letales; junto con la necesidad de promover iniciativas nacionales, sub regionales, regionales e internacionales para reforzar respuestas a este reto y a las amenazas graves a la seguridad internacional.

Descansando en las dos resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones y sin que en momento alguno el Congreso de Estados Unidos, que es el que constitucionalmente tiene el poder para declarar la guerra, hubiera emitido una Resolución a tal efecto; el presidente de Estados Unidos decidió, junto a una llamada coalición de países pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), iniciar aciones militares contra Afganistán. En efecto, el 7 de octubre de 2001 comenzaron las operaciones militares contra Afganistán dentro del contexto de lo que se llamó inicialmente “Operación Justicia Infinita”, la que inmediatamente se sustituyó el nombre por “Operación Libertad Duradera”, a los fines de evitar reacciones adversas en el mundo musulmán, dada su connotación religiosa.

Entre el 19 y 20 de marzo de 2003, bajo la presidencia de George W. Bush, se desató la segunda guerra contra Iraq. A diferencia de la primera, en esta ocasión su propósito perseguía el derrocamiento de Saddam Hussein y la captura de los principales funcionarios civiles y militares de su gobierno. Con el nombre de “Operación Libertad” y utilizando las mismas justificaciones de su padre sobre la producción y almacenamiento de armas de destrucción masiva violando un Convenio de 1991, se añadió al discurso bélico los alegados vínculos del gobierno de Hussein con el terrorismo internacional y sus presuntos lazos con Al Qaeda. Ninguna de tales premisas pudieron demostrarse.

La campaña iniciada mediante el uso de fuerzas especiales en tierra y bombardeos de saturación desde el aire una vez más contra objetivos de infraestructura civil y militar, redujo sustancialmente las capacidades del gobierno iraquí de enfrentar eventualmente lo que se

planificó como una “guerra relámpago.” Inicialmente, esta guerra logró el derrocamiento de Hussein el 30 de abril de 2003, quien fuera capturado en diciembre de ese año, y posteriormente ejecutado en diciembre de 2006. El conflicto militar, sin embargo, se extendería por más de una década. Años después, otro presidente estadounidense, Barak Obama, fijaría como “presunto plazo” para la salida de las tropas de los Estados Unidos de Iraq el 10 de agosto de 2010, lo que no se materializó hasta el 18 de diciembre de 2011.

En su origen, George W. Bush señaló que el propósito de la invasión era no la ocupación sino la liberación del país prometiendo un traspaso rápido del poder a un gobierno civil. No obstante, los Estados Unidos instituyeron en Iraq una “Oficina para la Reconstrucción y la Asistencia Humanitaria” que asumió las funciones de gobierno junto con un consejo provisional iraquí. Sin embargo, ya el 16 de mayo, los Estados Unidos junto con el Reino Unido, presentaron ante las Naciones Unidas una resolución que les permitiera aprobar sanciones económicas a Iraq, explotar sus recursos petroleros como pago para la reconstrucción del país y nombrar un gobierno provisional. Para ello procedieron a dividir el país en tres zonas: Zona Norte compuesta por la región de Mosul-Kirkuk; la Zona Central en la región de Bagdad-Tikrit y la Zona Sur, en la región de Basora-Nasiriya. Las Zonas Norte y Central quedaron ocupadas por efectivos militares de los Estados Unidos, mientras la Zona Sur, por tropas británicas y polacas.

Apenas un año luego de la invasión se producirían los primeros enfrentamientos armados de la resistencia iraquí contra tropas estadounidenses de ocupación en Faluya, combates que se desarrollaron a lo largo del año 2004. Habiéndose establecido un gobierno provisional iraquí, se desataría una guerra civil a la vez que se intensificaría la oposición armada a la ocupación estadounidense.

Las diferencias entre chiíes y sunitas (visiones confesionales del Islam) forman parte del presente drama en Iraq. En los tiempos de Saddam Hussein los principales funcionarios políticos del Partido Baaz y los principales directivos militares, respondían a la corriente religiosa musulmana sunita; a pesar de que la mayoría población de Iraq respondía a la corriente confesional islámica chií. Lo anterior se reflejó en cómo, en el primer gobierno civil establecido por mediación de los Estados Unidos tras la invasión, su composición respondió a la corriente

chií, desplazando así al sector sunita que ostentó los cargos de poder político y militar en el gobierno de Saddam Hussein

A raíz del anuncio emitido por el presidente Barack Obama el 21 de octubre de 2011, de que Estados Unidos estaría llegando al final de su presencia como fuerza de ocupación en Iraq para el 31 de diciembre de 2011, mencionábamos en un artículo titulado Una vez más el fin de la guerra de Estados Unidos contra Iraq, que sacar sus tropas de este país no era “sinónimo de una retirada militar”. Señalábamos entonces que detrás de la intervención de dicho país, quedarían “las compañías multinacionales, aquellas que se han apoderado de los recursos naturales del país con miles de contratistas que, tras la fachada de empleos civiles, realmente constituyen un ejército de mercenarios privatizadores de la guerra. Serán precisamente éstos, los que realmente en adelante, sostengan el dominio imperialista con el apoyo de un gobierno dispuesto a empeñar la soberanía nacional, de la cual alguna vez fue orgulloso un pueblo frente a la agresión de su país en esta guerra imperial.” En efecto, Obama indicó que mantendría con Iraq “una alianza firme y duradera”. Para entonces, aun permanecía en Iraq una fuerza militar de 6,000 efectivos.

La realidad es que 12 años después de fijada dicha fecha, aún permanecen en suelo iraquí tropas estadounidenses. Su número es estimado en 2,500 efectivos. Operan mayormente en la región norte y noroccidental de Iraq, desde donde se desplazan a zonas fronterizas con el norte de Siria y el sur de Turquía, donde se encuentran poblaciones kurdas que a su vez son aliadas de los Estados Unidos en su lucha, entre otros objetivos, contra los remanentes del Estado Islámico.

Docenas de miles de tropas estadounidenses murieron o fueron heridas en este conflicto. Los puertorriqueños también aportamos nuestra cuota de sangre en soldados en las filas del ejército de los Estados Unidos. Por su parte, la población iraquí ha sufrido agresiones, vejaciones, robo, saqueo y degradación de sus recursos materiales, históricos y culturales de este país como resultado de la guerra. Miles de contratistas privados que también invadieron el país para asumir control de sus recursos naturales, principalmente el petróleo, aún se encuentran en suelo iraquí.

De acuerdo con Haizam Amirah Fernández del Real Instituto Elcano, entrevistado por Miguel Charte, en reportaje periodístico para “rtve noticias”, esta invasión constituye “un punto de inflexión a tres niveles: interno iraquí; a nivel regional en Medio Oriente y el Golfo; y para el sistema internacional.” Indica Charte que el Pentágono reconoció la pérdida de 4,505 soldados hasta 2011 junto con otros 4,000 de distintas nacionalidades. Otras fuentes cifran el número de estadounidenses muertos en desde la invasión en 2003 en 4,908 efectivos a los que se suman 4,490 efectivos de otros países miembros de la coalición que se sumaron a los Estados Unidos en la aventura militar.

Citando como fuente a “Iraq Body Count”, hasta febrero de 2023 el número de civiles muertos asciende a 210,090, pero si se suma en número de combatientes muertos hasta 2022, la suma supera los 288,000 fallecidos. Por su parte el “Proyecto Costos de la Guerra”, según publica www.democracynow.org, indica que “algunas estimaciones sitúan el número de muertos en Irak en más de 2 millones.” Otros datos que nos ofrece Democracy Now, es el de 8 millones de desplazados y 4 millones de huérfanos.

En una entrevista publicada por Democracy Now en ocasión del 20 aniversario de la segunda guerra contra Iraq, llama la atención un planteamiento hecho por un entrevistado de nombre Feurat Alani en torno a cómo, la intervención extranjera en Iraq ha incidido en la identificación nacional de su población consigo mismo como colectivo, al indicar que hoy día, los iraquíes “se describen con su secta, origen o etnia. Los iraquíes de hoy se describen como sunitas, chiíes, kurdos y árabes, cristianos y musulmanes, algo que me opondría a lo que fue Irak. Y para mí, 20 años después, Irak es parte de un amnesia colectiva.”

El costo material de esta guerra que aún no acaba, se ha estimado en $845,000 millones para los Estados Unidos y $9,000 millones para el Reino Unido de la Gran Bretaña. El costo político, humano, social y económico, sin embargo, supera por mucho el costo material. Tomará varias generaciones restablecer en Iraq las condiciones materiales de vida y desarrollo que el país vivió antes de estos conflictos bélicos. La paz, sin embargo es impredecible cuánto tiempo habrá de tomar.

De la historia de esa China popular, inmensa en población, cuyos habitantes sufrieron tanta hambre y desnutrición producto de años de pillaje y saqueo por parte de las potencias Occidentales se habla poco. Se conoce más esa China que hoy emerge como potencia económica industrial, militar, tecnológica y financiera, y que día a día amenaza con desbancar de sus posiciones en el tablero internacional a las principales potencias capitalistas en el mundo.

En nuestro programa anterior de Ventana al Mundo desde Puerto Rico, destacamos el 50 Aniversario del Golpe de Estado dado en Chile contra el presidente constitucional electo, Salvador Allende Gossens. Fueron miles las actividades que a lo largo de todo el globo se llevaron a cabo en recordación y a la vez como denuncia de tan detestable acto.

El pasado 19 de marzo se cumplieron 20 años de la segunda invasión militar de los Estados Unidos a Iraq. La primera tuvo lugar entre el 2 de agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991. En esta primera invasión, una coalición internacional formada por los Estados Unidos con la aprobación de las Naciones Unidas, llevó a cabo lo que se conoce como la “Guerra del Golfo”. El detonante de esta guerra fue la invasión por parte de Iraq, entonces gobernado por Saddam Hussein, a su vecino país Kuwait. Iraq consideraba Kuwait como una “provincia rebelde” dada la secesión de dicho país de Iraq, esto como resultado de la geopolítica imperialista por el control del petróleo y los accesos a las vías de navegación en la región del Medio Oriente. La invasión a Kuwait conllevó un amplio rechazo de la comunidad internacional.

Al momento de ser invadido Kuwait, éste era un Estado político reconocido por la comunidad internacional, por lo que dicho acto fue considerado como una violación de la soberanía de Kuwait y una violación a las leyes internacionales. Entonces, la ONU se expresó en varias resoluciones y emitió sanciones contra Iraq para forzar a dicho país a retirar sus tropas del territorio invadido y exigir la devolución de importantes recursos materiales sustraídos mediante el pillaje por parte de las tropas iraquíes. Las gestiones de la ONU resultaron infructuosas.

Estados Unidos, antiguo aliado de Iraq en su guerra contra la República Islámica de Irán en la década de 1980 y el país que le proveyó abundante ayuda militar y tecnologías, levantó en aquel momento una amplia campaña internacional alegando que Iraq estaba desarrollando armas de destrucción masiva como elemento desestabilizador de la región y exigió del gobierno de Saddam Hussein la inspección de sus instalaciones militares y científicas en búsqueda de centros de producción y almacenamiento de armamentos de destrucción masiva. La negativa del gobierno de Iraq a tales requerimientos, junto al repudio que ya existía contra la invasión a Kuwait, sirvió de justificación a los Estados Unidos para encabezar una operación militar contra el gobierno de Iraq en suelo kuwaití en enero de 1991.

La operación militar autorizada por la ONU bajo la dirección de los Estados Unidos, denominada en su etapa preparatoria como “Escudo del Desierto”, pasó más adelante, en su etapa operativa, a llamarse “Tormenta del Desierto”. La campaña tuvo como resultado la liberación de Kuwait, pasando dicho país a ser un fuerte aliado militar de los Estados Unidos en la región. La operación militar incluyó la demolición de gran parte de la infraestructura de Iraq por fuertes y demoledores ataques aéreos de saturación sobre sus principales ciudades e instalaciones militares. Concluidas las operaciones a un alto costo en vidas y materiales para Iraq, se estableció una Zona de Exclusión Aérea, significando una porción del territorio iraquí donde estaba vedado cualquier vuelo no autorizado por la Coalición Internacional so pena de ser derribado. Aquella guerra que George Bush padre llamón la “Madre de las Batallas”, fue la “Primera Guerra del Golfo.”

El día 12 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando a instancias de los Estados Unidos, cuando aún se desconocía la identidad de los responsables por dichos ataques, aprobó la Resolución 1368. En ella exhortaba a la comunidad internacional a colaborar con urgencia para someter a la acción de la justicia a los autores, patrocinadores y organizadores de los atentados, subrayando además, que sus copartícipes y cómplices también rindieran cuentas por sus actos. En dicha Resolución, el Consejo de Seguridad hizo un llamado a la comunidad internacional para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, a la vez que consignó su disposición a tomar aquellas medidas necesarias para responder y combatir, en todas sus formas, tales actos de terrorismo.

El 21 de septiembre de 2001 el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, dirigió un mensaje al pueblo estadounidense. Indicó que de acuerdo con cierta información proveniente de fuentes de inteligencia, la responsabilidad de una organización fundamentalista islámica de nombre Al Qaeda y su dirigente, Osama Bin Laden, eran responsables de los atentados terroristas acaecidos en Estados Unidos el día 11 de septiembre de 2001. Junto a estos, identificó también a las organizaciones islámicas “Jihad Islámico de Egipto” y al “Movimiento Islámico de Uzbekistán”, como organizaciones vinculadas a redes terroristas esparcidas que el gobierno de Estados Unidos estimó entonces, se extendían por más de 60 países en el mundo. El movimiento islámico en el poder en Afganistán, conocido por Talibán,

fue identificado como responsable de proveerle albergue, apoyo y lugares de entrenamiento en su territorio a estas organizaciones definidas como terroristas.

En su discurso, Bush emitió un ultimátum al gobierno de Afganistán. Demandó la entrega a las autoridades estadounidenses de Osama Bin Laden y los dirigentes de Al Qaeda; la liberación de todos los nacionales extranjeros encarcelados en Afganistán, incluyendo ciudadanos estadounidenses; exigió brindarle protección a periodistas, personal diplomático y trabajadores internacionales en dicho país; y requirió el cierre inmediato y permanente de los campos de entrenamiento en Afganistán utilizados por estas organizaciones. También exigió la entrega a las autoridades pertinentes de todos los llamados terroristas en este país y aquellos que apoyaban sus estructuras de funcionamiento, y reclamó de paso, el derecho absoluto de acceso de los Estados Unidos a los llamados campos de entrenamiento para así asegurar que Al Qaeda no volviera a operar en dicho territorio.

En su declaración, Bush hizo un llamado a la guerra contra Al Qaeda indicando que no terminaría con el aniquilamiento de dicha organización y sus dirigentes; que a los terroristas se les privaría de sus fuentes de financiamiento, serían empujados unos contra otros y perseguidos de un lugar a otro hasta que no tuvieran refugio ni reposo. Con tal declaración se iniciaba la primera guerra del Siglo XXI, una guerra diferente donde se utilizarían todos los medios diplomáticos, todas las herramientas de inteligencia, todos los instrumentos de interdicción policiaca, todas las influencias financieras y todos los armamentos necesarios.

El día 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1373. En virtud de ésta reafirmó el derecho inmanente de los Estados a la legítima defensa; la necesidad de luchar por todos los medios, según la Carta de la ONU, contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales; e instó a los Estados a actuar urgentemente para prevenir y reprimir los actos de terrorismo. También llamó a los Estados a que se abstuvieran de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro Estado; participar de ellos; o permitir el uso de su territorio para la comisión de dichos actos. La Resolución, además, hizo un llamado a los países a establecer

controles en sus fronteras y a emitir documentos de identidad; a intensificar y agilizar los intercambios de información operacional; y a revisar los procedimientos para la concesión de estatus de “refugiado”. Finalmente la Resolución planteó la vinculación entre terrorismo internacional, delincuencia transnacional organizada, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, tráfico ilícito de armas y la circulación de materiales nucleares, sustancias químicas y biológicos, así como otros materiales letales; junto con la necesidad de promover iniciativas nacionales, sub regionales, regionales e internacionales para reforzar respuestas a este reto y a las amenazas graves a la seguridad internacional.

Descansando en las dos resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones y sin que en momento alguno el Congreso de Estados Unidos, que es el que constitucionalmente tiene el poder para declarar la guerra, hubiera emitido una Resolución a tal efecto; el presidente de Estados Unidos decidió, junto a una llamada coalición de países pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), iniciar aciones militares contra Afganistán. En efecto, el 7 de octubre de 2001 comenzaron las operaciones militares contra Afganistán dentro del contexto de lo que se llamó inicialmente “Operación Justicia Infinita”, la que inmediatamente se sustituyó el nombre por “Operación Libertad Duradera”, a los fines de evitar reacciones adversas en el mundo musulmán, dada su connotación religiosa.

Entre el 19 y 20 de marzo de 2003, bajo la presidencia de George W. Bush, se desató la segunda guerra contra Iraq. A diferencia de la primera, en esta ocasión su propósito perseguía el derrocamiento de Saddam Hussein y la captura de los principales funcionarios civiles y militares de su gobierno. Con el nombre de “Operación Libertad” y utilizando las mismas justificaciones de su padre sobre la producción y almacenamiento de armas de destrucción masiva violando un Convenio de 1991, se añadió al discurso bélico los alegados vínculos del gobierno de Hussein con el terrorismo internacional y sus presuntos lazos con Al Qaeda. Ninguna de tales premisas pudieron demostrarse.

La campaña iniciada mediante el uso de fuerzas especiales en tierra y bombardeos de saturación desde el aire una vez más contra objetivos de infraestructura civil y militar, redujo sustancialmente las capacidades del gobierno iraquí de enfrentar eventualmente lo que se

planificó como una “guerra relámpago.” Inicialmente, esta guerra logró el derrocamiento de Hussein el 30 de abril de 2003, quien fuera capturado en diciembre de ese año, y posteriormente ejecutado en diciembre de 2006. El conflicto militar, sin embargo, se extendería por más de una década. Años después, otro presidente estadounidense, Barak Obama, fijaría como “presunto plazo” para la salida de las tropas de los Estados Unidos de Iraq el 10 de agosto de 2010, lo que no se materializó hasta el 18 de diciembre de 2011.

En su origen, George W. Bush señaló que el propósito de la invasión era no la ocupación sino la liberación del país prometiendo un traspaso rápido del poder a un gobierno civil. No obstante, los Estados Unidos instituyeron en Iraq una “Oficina para la Reconstrucción y la Asistencia Humanitaria” que asumió las funciones de gobierno junto con un consejo provisional iraquí. Sin embargo, ya el 16 de mayo, los Estados Unidos junto con el Reino Unido, presentaron ante las Naciones Unidas una resolución que les permitiera aprobar sanciones económicas a Iraq, explotar sus recursos petroleros como pago para la reconstrucción del país y nombrar un gobierno provisional. Para ello procedieron a dividir el país en tres zonas: Zona Norte compuesta por la región de Mosul-Kirkuk; la Zona Central en la región de Bagdad-Tikrit y la Zona Sur, en la región de Basora-Nasiriya. Las Zonas Norte y Central quedaron ocupadas por efectivos militares de los Estados Unidos, mientras la Zona Sur, por tropas británicas y polacas.

Apenas un año luego de la invasión se producirían los primeros enfrentamientos armados de la resistencia iraquí contra tropas estadounidenses de ocupación en Faluya, combates que se desarrollaron a lo largo del año 2004. Habiéndose establecido un gobierno provisional iraquí, se desataría una guerra civil a la vez que se intensificaría la oposición armada a la ocupación estadounidense.

Las diferencias entre chiíes y sunitas (visiones confesionales del Islam) forman parte del presente drama en Iraq. En los tiempos de Saddam Hussein los principales funcionarios políticos del Partido Baaz y los principales directivos militares, respondían a la corriente religiosa musulmana sunita; a pesar de que la mayoría población de Iraq respondía a la corriente confesional islámica chií. Lo anterior se reflejó en cómo, en el primer gobierno civil establecido por mediación de los Estados Unidos tras la invasión, su composición respondió a la corriente

chií, desplazando así al sector sunita que ostentó los cargos de poder político y militar en el gobierno de Saddam Hussein

A raíz del anuncio emitido por el presidente Barack Obama el 21 de octubre de 2011, de que Estados Unidos estaría llegando al final de su presencia como fuerza de ocupación en Iraq para el 31 de diciembre de 2011, mencionábamos en un artículo titulado Una vez más el fin de la guerra de Estados Unidos contra Iraq, que sacar sus tropas de este país no era “sinónimo de una retirada militar”. Señalábamos entonces que detrás de la intervención de dicho país, quedarían “las compañías multinacionales, aquellas que se han apoderado de los recursos naturales del país con miles de contratistas que, tras la fachada de empleos civiles, realmente constituyen un ejército de mercenarios privatizadores de la guerra. Serán precisamente éstos, los que realmente en adelante, sostengan el dominio imperialista con el apoyo de un gobierno dispuesto a empeñar la soberanía nacional, de la cual alguna vez fue orgulloso un pueblo frente a la agresión de su país en esta guerra imperial.” En efecto, Obama indicó que mantendría con Iraq “una alianza firme y duradera”. Para entonces, aun permanecía en Iraq una fuerza militar de 6,000 efectivos.

La realidad es que 12 años después de fijada dicha fecha, aún permanecen en suelo iraquí tropas estadounidenses. Su número es estimado en 2,500 efectivos. Operan mayormente en la región norte y noroccidental de Iraq, desde donde se desplazan a zonas fronterizas con el norte de Siria y el sur de Turquía, donde se encuentran poblaciones kurdas que a su vez son aliadas de los Estados Unidos en su lucha, entre otros objetivos, contra los remanentes del Estado Islámico.

Docenas de miles de tropas estadounidenses murieron o fueron heridas en este conflicto. Los puertorriqueños también aportamos nuestra cuota de sangre en soldados en las filas del ejército de los Estados Unidos. Por su parte, la población iraquí ha sufrido agresiones, vejaciones, robo, saqueo y degradación de sus recursos materiales, históricos y culturales de este país como resultado de la guerra. Miles de contratistas privados que también invadieron el país para asumir control de sus recursos naturales, principalmente el petróleo, aún se encuentran en suelo iraquí.

De acuerdo con Haizam Amirah Fernández del Real Instituto Elcano, entrevistado por Miguel Charte, en reportaje periodístico para “rtve noticias”, esta invasión constituye “un punto de inflexión a tres niveles: interno iraquí; a nivel regional en Medio Oriente y el Golfo; y para el sistema internacional.” Indica Charte que el Pentágono reconoció la pérdida de 4,505 soldados hasta 2011 junto con otros 4,000 de distintas nacionalidades. Otras fuentes cifran el número de estadounidenses muertos en desde la invasión en 2003 en 4,908 efectivos a los que se suman 4,490 efectivos de otros países miembros de la coalición que se sumaron a los Estados Unidos en la aventura militar.

Citando como fuente a “Iraq Body Count”, hasta febrero de 2023 el número de civiles muertos asciende a 210,090, pero si se suma en número de combatientes muertos hasta 2022, la suma supera los 288,000 fallecidos. Por su parte el “Proyecto Costos de la Guerra”, según publica www.democracynow.org, indica que “algunas estimaciones sitúan el número de muertos en Irak en más de 2 millones.” Otros datos que nos ofrece Democracy Now, es el de 8 millones de desplazados y 4 millones de huérfanos.

En una entrevista publicada por Democracy Now en ocasión del 20 aniversario de la segunda guerra contra Iraq, llama la atención un planteamiento hecho por un entrevistado de nombre Feurat Alani en torno a cómo, la intervención extranjera en Iraq ha incidido en la identificación nacional de su población consigo mismo como colectivo, al indicar que hoy día, los iraquíes “se describen con su secta, origen o etnia. Los iraquíes de hoy se describen como sunitas, chiíes, kurdos y árabes, cristianos y musulmanes, algo que me opondría a lo que fue Irak. Y para mí, 20 años después, Irak es parte de un amnesia colectiva.”

El costo material de esta guerra que aún no acaba, se ha estimado en $845,000 millones para los Estados Unidos y $9,000 millones para el Reino Unido de la Gran Bretaña. El costo político, humano, social y económico, sin embargo, supera por mucho el costo material. Tomará varias generaciones restablecer en Iraq las condiciones materiales de vida y desarrollo que el país vivió antes de estos conflictos bélicos. La paz, sin embargo es impredecible cuánto tiempo habrá de tomar.

Según indica la página electrónica “Democracy Now en Español” del pasado 3 de octubre, el  Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó el pasado lunes una Resolución a favor del despliegue de una misión multinacional de naturaleza policiaco-militar de apoyo a la seguridad para Haití. Ésta se produce al tiempo que el país, que comparte la geografía de la Isla con la República Dominicana, combate el empeoramiento de la violencia de los grupos criminales.  De acuerdo con  la publicación la intervención “se produjo debido a llamamiento reiterado del primer ministro haitiano, Ariel Henry”, la que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. El operativo multinacional de intervención en dicho país estará dirigido por Kenia. Destaca que se trata del  “primer despliegue de fuerzas de seguridad internacionales en Haití en casi 20 años.”

En la Facultad de Derecho había un profesor que nos insistía en que al analizar un problema no descansáramos en lo aparente. Incitaba éste a escudriñar, a rebuscar otros posibles propósitos obviados en la exposición de motivos de una ley. Se refería a este método de análisis, como (búsqueda) de la premisa inarticulada, o sea aquel propósito de la ley no verbalizado en ésta, y que quizás constituyó la razón o propósito real de su promulgación.

Para la misma época, había otro profesor, que nos invitaba “a desayunar con el Código Civil”. Éste se había memorizado dicho código, y había que ver cuánto disfrutaba cuando le pedía a un alumno que abriese su código en el artículo X o Y, para que comprobase, a continuación, la memoria prodigiosa del profesor, ya entrado en años. “Hay que desayunar con el código” insistía.

Recordar es vivir. No obstante siempre tendemos a recordar el 11 de septiembre por los atentados del 2001 en las Torres Gemelas (en Nueva York), a El Pentágono (en Washington) y a un avión (en Shanksville, Pensilvania), dejando 3016 muertos.

Los documentos presidenciales de George Bush afirman que diecinueve terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales el 11 de septiembre de 2001 y estrellaron dos de ellos contra las torres gemelas del World Trade Center en la Ciudad de Nueva York, y uno contra el Pentágono en Washington, D.C. Un cuarto avión se estrelló en Pennsylvania. Como resultado, miles de personas inocentes procedentes de más de 80 países perdieron la vida. La noche del 11 de septiembre, el Presidente Bush  habló al pueblo estadounidense desde la Oficina Oval en un discurso televisado por todo el país: