Justicia Social

Ayer cuatro expresidentes del Partido Popular Democrático salieron en defensa de la reforma contributiva propuesta por Alejandro García Padilla, actual presidente y gobernador de Puerto Rico. En la declaración, Héctor Luis Acevedo, Sila María Calderón, Rafael Hernández Colón y Victoria Melo Muñoz, hija del fundador del PPD, dijeron que “la asfixiante deuda que dejó la pasada administración” es una pesada carga para la clase trabajadora. Esta declaración constituye una intervención interesante por parte de los expresidentes, ya que los cuatro suelen mantenerse fuera de debates políticos, excepto Rafael Hernández Colón, quien suele intervenir en debates sobre el estatus.

Con una agresiva defensa por parte del presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Manuel Fernós, la organización de estudiantes de distintas universidades privadas en el colectivo “No al IVA Universitario” y la organización UPE, y con la amenaza de una marcha con muchos colegios y escuelas privadas este sector se apuntó una victoria el viernes pasado.

Al parecer hay una alianza bipartita a favor de lograr la inclusión de Puerto Rico en la ley de quiebras federal. El Comisionado residente, Pedro Pierluisi, ha presentado un proyecto de ley que enmendaría la ley de quiebras federal para incluir a Puerto Rico en las disposiciones aplicables a los municipios y agencias estatales. Esta movida es apoyada por el actual gobierno de Alejandro García Padilla, Eduardo Bhatia, Presidente del senado, y Melba Acosta, Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, serán parte de los que depondrán en las vistas públicas a favor de dicha medida. Contra la medida estará compareciendo el abogado Thomas Moers Mayer, representante legal de las firmas de inversiones Franklin y Oppenheimer Funds.

San Juan- Un gran jurado emitió acusación de 13 cargos por fraude financiero contra una exejecutiva de Doral Bank, a punto de ser intervenido, anunció ayer Rosa Emilia Rodríguez, fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Existe la libertad de las personas de organizarse para protestar pacíficamente contra medidas que consideren impositivas por parte del Estado. En dicho acto de indignación y reclamación se ejerce la tarea democrática por parte del pueblo que no ve con buenos ojos la labor estatal. 

El Departamento de Psicología del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico solicitó hoy a la Junta Examinadora de Psicólogos (JEPPR) que “divulguen los contratos y acuerdos económicos relacionados al diseño y a la administración del examen de reválida y con los proveedores de créditos de educación continua encargados de satisfacer los criterios de los nuevos requerimientos para la certificación”.

Los abajo firmantes entendemos que durante los últimos tres años la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico se ha arrogado funciones que no le corresponden como entidad, pues se trata de funciones que deben emanar de las universidades y de la práctica y experiencia de la psicología en Puerto Rico.

Es la vez que más atención le han prestado los medios a la parada de la comunidad dominicana en Puerto Rico. Y es que esto es parte del patrón de aceptación de la importancia de esta comunidad en la Isla, no solo en términos políticos sino sociales.