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Mié, Abr

Justicia Social

(San Juan, 1:00 p.m.) La sentencia del juez Anthony Cuevas, en contra de múltiples candidatos, como Rafael Bernabe, Ana Irma Rivera Lassen y Mariana Nogales, entre otros, es un rudo golpea los procesos democráticos electorales en Puerto Rico. Ahora bien, en lo que coincidimos con la representante Nogales, es en la invitación a la gente a tomar las calles – al estilo Evo Morales en Bolivia – para reivindicar la derrota sufrida en el día de ayer. Que se convoque a un Frente Amplio por la Democracia y se tomen por buenas y válidas las posiciones vertidas por la legisladora en la noche de ayer.  

La única opción, si uno toma en consideración otros factores y casos, como el caso de la Alianza del Partido Independentista puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la única acción posible es la política. La jurídica, como en el caso de la alianza, nos deja a todos a seguir peleando por un derecho, que todo indica no existe bajo el contexto político actual. Lo que sí existe es la acción social. 

La acción política es la que no se ha explorado en este proceso electoral, el cual ha creado grandes expectativas para los partidos emergentes pero hoy competitivos como el PIP y MVC. Ante este cuadro, la convocatoria que hiciera ayer Mariana Nogales, debe ser tomada con seriedad y efectividad.  La presión social, podría hacer inoperante las elecciones coloniales, y dar la posibilidad a alguna solución política hoy no vislumbrada.

Mantenernos en el orden colonial, luego de la sentencia de ayer, sería un error. Ahora hay que ver cuánta gente participa en la convocatoria de Nogales para hoy a las 10am en la Comisión Estatal de Elecciones.  Apostemos a que la gente está dispuesta a tomar las calles. Pensemos. 

(San Juan, 11:00 a.m.) Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió cuatro acusaciones contra cuatro empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), asignados a la Oficina Postal 65 de Infantería en San Juan, por un retraso de correo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1703(a), anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
El USPS es responsable de transportar y entregar las boletas de votación anticipada y en ausencia en Puerto Rico, que el USPS reconoce como correo electoral. En septiembre de 2022, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico llevó a cabo una Elección Especial para la vacante del Senado del Distrito 1 de San Juan, Puerto Rico. Como parte de los servicios de la Comisión brindados para la Elección Especial, en agosto de 2022, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (“JAVAA”)) envió boletas por correo a ciertos votantes elegibles en Puerto Rico, a través del servicio de correo certificado de USPS.
Cuatro carteros individuales, empleados por el USPS, retrasaron y no entregaron un total de cuarenta piezas de correo electoral de las Elecciones Especiales de septiembre de 2022 a votantes activos domiciliados en San Juan. Más específicamente:
* El 5 de agosto de 2022, Christian Benny Díaz-Nieves, técnico de correos, retrasó ilegalmente y no entregó veintidós piezas de correo electoral;
* El 6 de agosto de 2022, Jonathan David Javier-Pinango, asistente 1 del transportista postal de la ciudad, retrasó ilegalmente y no entregó doce piezas de correo electoral;
* El 5 de agosto de 2022, Michael Negrón-Cabrera, asistente 1 del transportista postal de la ciudad, retrasó ilegalmente y no entregó ni una sola pieza de correo electoral; y
Desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022, María De Lourdes Martínez-Garriga, una empresa postal de la ciudad, retrasó ilegalmente y no entregó cinco piezas de correo electoral.
Cada empleado de USPS fue acusado por separado de demora ilegal del correo y no ha sido acusado de participar en una conspiración o plan para afectar la Elección Especial. La Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS-OIG) está investigando el caso con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), en consonancia con la misión de garantizar la eficiencia, la responsabilidad y la integridad en el Servicio Postal de los Estados Unidos.
“Nuestra democracia depende del derecho de los votantes elegibles a emitir su voto y a que ese voto sea contado. Si los votantes no reciben sus boletas, no pueden ejercer uno de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos estadounidenses, el derecho a votar”, dijo el fiscal federal Muldrow. “La fiscalía federal, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, seguirán protegiendo este pilar fundamental de nuestra sociedad”.
“Votar permite a las personas opinar en las decisiones que afectan sus vidas y comunidades, y es una herramienta poderosa para promover el cambio social. Sin el derecho al voto, los grupos marginados pueden quedar aún más excluidos del proceso político, perpetuando la desigualdad y la injusticia, razón por la cual el acceso igualitario es crucial y por eso tenemos esta opción de recibir la boleta por correo”, dijo Joseph González, Agente Especial en Encargado de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.
Añadió que “los funcionarios públicos de todas las agencias gubernamentales deben comprender que se les exige un estándar más alto. La gente depende de nosotros, y aquellos que no están dispuestos a cumplir con sus deberes sólo perjudican a las comunidades a las que debemos servir. Quiero agradecer a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico por informar rápidamente esto y a nuestros valiosos colegas de la OIG del Servicio Postal de EEUU, quienes nunca dudan en hacer lo correcto”.
Los acusados ​​tienen programadas sus comparecencias iniciales ante la corte hoy ante la jueza federal Giselle López-Soler del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EEUU y otros factores legales.
La fiscal federal adjunta Michele Colón y la fiscal federal adjunta especial Tania Salas-De Jesús del USPS-OIG están procesando el caso.

(San Juan, 11:00 a.m.) La jueza Brenda Salas, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, determinó hoy causa para arresto contra Jeremy Rafael Serrano Alicea, de 26 años, por el asesinato hace diez meses de dos estudiantes universitarios peruanos de visita en Puerto Rico.

Al sujeto se le impuso una fianza global de tres millones de dólares al señalar la vista preliminar contra el sujeto para el próximo 27 de marzo, cuando se determinará la celebración de un juicio en su fondo por cinco cargos a partir de la evidencia que presentará la fiscalía.

Los cargos contra Serrano Alicea por el asesinato de Franco Medina Angulo, de 29 años, y Sergio Palomino Ruiz, de 28, se produjeron tras un incidente originado dentro del negocio Emoji, en la calle Loíza en San Juan.

Entre las imputaciones se incluyó la tentativa de asesinato de una tercera persona.

“Hoy culmina la primera etapa de este caso, al lograr el esclarecimiento del asesinato de dos jóvenes inocentes con un gran futuro, que murieron a manos de otro joven, que demostró no tener ningún tipo de respeto ni valor por la vida de los demás”, manifestó el jefe de la Policía de Puerto Rico, coronel Antonio López Figueroa.

Indicó que, si bien “no podemos devolverles la vida a estos jóvenes, pero podemos brindarle a su familia la certeza de que en Puerto Rico existe la Justicia”.

López Figueroa explicó que Serrano Alicea tiene un abultado expediente criminal desde el año 2016, por delitos relacionados con hurto de vehículos y violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas.

De acuerdo con la investigación, el 6 de mayo de 2023, a eso de las 3:50 hora local, los estudiantes de maestría de la Universidad de Nueva York se encontraban frente al establecimiento comercial en espera de un servicio de transporte.

Mientras, Serrano Alicea salió del negocio haciendo disparos con un arma de fuego automática ocasionándoles la muerte a los estudiantes, según demostró la investigación a cargo del agente Erick Ortiz Rodríguez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en San Juan.

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(San Juan, 10:00 a.m.) Con el fin de establecer el deber de divulgación de la Autoridad de Alianzas Públicas en relación con los procedimientos de selección de proponentes, el Senado de Puerto Rico avaló un proyecto dirigido a enmendar la Ley de Alianzas Público-Privadas para disponer un término para actualizar la reglamentación vigente.
De la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, el Proyecto del Senado 1061 propone realizar una amplia divulgación del proceso de evaluación, selección y adjudicación de los contratos de alianzas, el cual actualmente se realiza bajo un procedimiento de estricta confidencialidad.
“Estas son las más recientes privatizaciones (LUMA Energy, GeneraPR y San Juan Bay Cruise), pero podemos recordar otras alianzas como las de las autopistas que ha redundado en constantes incrementos en los peajes que afectan el bolsillo de los puertorriqueños o el transporte de lanchas con Vieques y Culebra que no ha mejorado el servicio, y cuyo privatizador se ha acogido a la ley de quiebras, (por lo que) el pueblo tiene derecho a conocer el detalle de los contratos de alianzas antes de su firma para evaluar la prudencia del acuerdo en negociación”, sostuvo Dalmau Santiago.
En su turno sobre la medida, el presidente senatorial añadió que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas se opone a la aprobación de la pieza legislativa, alegando que existe una necesidad de mantener la confidencialidad de los procesos para proteger secretos de negocios de los proponentes.
Además, que la Ley Orgánica de la AAPP provee para la necesaria transparencia en sus procesos al divulgarse información de los contratos luego de completada la negociación y acuerdos de la alianza; y que el procedimiento existente brinda un balance adecuado entre promover la competitividad mediante la confidencialidad con el principio de transparencia al divulgarse el acuerdo ya finalizado.
La senadora Joanne Rodríguez Veve indicó que “el país se entera de los elementos más básicos de los acuerdos cuando el contrato ya está realizado; son los elementos más básicos que todos deberíamos conocer para poder emitir opiniones y fiscalizar ese proceso que debería procurar la transparencia de la contratación gubernamental en lo que se refiere a las AAPP”.
Además, presentó enmiendas para exceptuar de esta divulgación la información relacionada a la propiedad intelectual.
Por otro lado, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1583 propone reconocer el estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional como una modalidad de maltrato grave, limitar el mecanismo de desvío ante una convicción por esta modalidad delictiva.
Asimismo, busca sancionar como asesinato en primer grado el estragulamiento, sofocación o asfixie posicional, así como atemperar el Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra menores.
Del mismo modo, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1607 que propone enmendar la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica para corregir la citación del Artículo 2.1 que dispone que cualquier persona de 18 años o más de edad, que haya sido víctima de violencia doméstica o de conducta constitutiva de delito.
En el contexto de una relación de pareja, podrá radicar por sí misma, por conducto de su representante legal o por un agente del orden público una petición en el Tribunal y solicitar una orden de protección, sin que sea necesaria la radicación previa de una denuncia o acusación.
La Cámara Alta también aprobó los proyectos del Senado 1020 y 1146; la resolución conjunta del Senado 445, las resoluciones del Senado 912 y 913; y los proyectos de la Cámara 1607, 1850 y 1641.

(San Juan, 10:00 a.m.) El delegado permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Andrés L. Mateo, llamó a la paz respaldando la postura del país contra el terrorismo y el genocidio del gobierno de Israel contra el pueblo palestino.

Sus declaraciones fueron dadas al pronunciar un discurso durante la 219 sesión del Consejo Ejecutivo de ese organismo multilateral, donde el país participa en calidad de Estado miembro.

El embajador Mateo, quien fue citado por los medios nacionales, recordó que, “la Guerra de Rusia y Ucrania, nos encontramos con la situación de la Franja de Gaza, cuyo espectáculo de exterminio deja despavoridos a cuantos hemos abrazado el concepto de la humanidad como una sublime conquista del conglomerado social”.

“Además de que condenamos el terrorismo, nos sobrecoge la indefensión y la muerte de un pueblo acorralado y masacrado sin piedad”, dijo

Mateo se refirió al siglo XX como “un período de amarguras extremas, de reordenamiento del mundo, de dos grandes guerras mundiales, desplegadas fundamentalmente en territorio europeo y de una concentración polarizada de la riqueza y el saber”.

Indicó que se trata de un siglo de revoluciones como la rusa y como la china, “de guerras de liberación nacional en África y Asia, de guerras de guerrillas en América, de conversión y ampliación del papel de la ciencia en las estrategias del desarrollo y en la construcción de armas de exterminio y en las mejoras de las condiciones de existencia material”.

El diplomático hizo un reencuentro de las intervenciones desde el año 2020 del país como Estado miembro del órgano de esa casa de las Naciones Unidas, integrado por 58 naciones, las que resumió como una descripción en el cual, “avistamos el papel histórico de la Unesco”.

El reconocido escritor y ganador del Premio Nacional de Literatura 2004,  valoró que “fue un siglo de combate ideológico, de filosofías escudriñadoras, de la gratuidad de la existencia y de incertidumbres sobre el destino”.

Sostuvo que, la referida reunión  “se realiza en medio de un empobrecimiento acelerado de la inteligencia natural y un control inexorable del mundo por los algoritmos”.

“Hablamos ya casi en un lenguaje binario, él no me gusta, el me gusta, o ‘el like’, como a la gran construcción cognitiva del intelecto del mundo posmoderno”, observó.

El delegado dominicano explicó que la Unesco tiene un papel “umbilicalmente unido al progreso y a la paz”, particularmente en las condiciones actuales, cuyo contexto se siente como la necesidad de un nuevo contrato social para la sobrevivencia del género humano.

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(San Juan, 11:00 a.m.) El luchador independentista puertorriqueño Norberto Cintrón Fiallo, fallecido el martes a los 84 años de edad, y fue expuesto en capilla ardiente en la funeraria Buxeda, en el sector de Hato Rey, en San Juan.

Nacido en la capital de la República Dominicana, de donde era oriunda su madre, la intelectual Thelma Fiallo Henriquez, el luchador se destacó como dirigente sindical, a la par que se mantenía activo en organizaciones políticas de izquierda.

En los años 60 del siglo pasado militó en el Movimiento Pro Independencia (MPI) de Puerto Rico y participó en acciones de los clandestinos Comandos Armados de Liberación (CAL), que a su deceso se dijo dirigió Juan Mari Brás bajo el seudónimo Alfonso Beal.

Con una trayectoria que lo hermanó políticamente a otras figuras que preconizaban, junto al desarrollo político y organizativo, la lucha armada para alcanzar la independencia de Puerto Rico, Cintrón Fiallo es exaltado por sus camaradas como comandante, junto al asesinado Filiberto Ojeda Ríos, fundador del Ejército Popular Boricua-Macheteros.

En la década de los años 70 del siglo pasado, ante el recrudecimiento de la persecución política en Puerto Rico contra la izquierda, estuvo entre los organizadores del Comité Unitario Contra la Represión (Cucre).

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La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE), Jessika Padilla Rivera, reafirmó hoy que los empleados que del organismo están realmente comprometidos con el país y con la misión de garantizar la pureza en los procesos electorales y generar confianza a través de acciones transparentes y ordenadas.

Las expresiones de la funcionaria se producen luego de que recientemente trascendieran alegaciones en el sentido de que personas ajenas a la CEE pudieran estar realizando gestiones relacionadas con el proceso de voto adelantado, identificándose, supuestamente, ante los electores como empleados de la institución.

En ese sentido, Padilla Rivera recordó que la Comisión expide una identificación oficial con foto y firma a cada uno de sus empleados y que, a su vez, estos están obligados a portarla en todo momento mientras realizan gestiones oficiales. 

“Es importante que todo elector sepa que tiene el derecho de exigir dicha identificación a quien se presente como empleado de la CEE antes de establecer cualquier conversación o gestión a la que haya accedido de manera libre y voluntaria”, manifestó.

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(San Juan, 10:00 a.m.) El gobierno dominicano rechazó declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que se irrespetan los derechos humanos de los haitianos que buscan mejorar su vida en otros lugares y pidió que deje sin efecto las “deportaciones forzosas”.
A través del canciller local, Roberto Álvarez, el Poder Ejecutivo expresó que basado en la legislación migratoria “tenemos una política establecida, que por motivos de interés nacional se está retornando a Haití toda persona que está ilegal en territorio dominicano”.
En ese sentido, el funcionario señaló que la República Dominicana contribuye de manera significativa con la población haitiana, pues según la cifras, un 16% del gasto del presupuesto nacional de salud es utilizado por la población haitiana, así como un 36% de las camas de maternidad son utilizadas por parturientas esa nación, “lo que da como resultado una cifra astronómica”, dejando a la nación sin otra alternativa más que de continuar con el regreso de toda persona que se encuentre ilegal”.
“Lo hacemos respetando los convenios internacionales, los tratados de derechos humanos; no somos perfectos, de vez en cuando ocurren situaciones, pero tratamos de corregirlas inmediatamente”, aseguró.
También destacó que en la actualidad el Estado mantiene un diálogo continuo con las autoridades, dentro de los cuales se incluyen el director de Migración y Las Fuerzas Armadas, ya que existe un deseo y  una voluntad por parte de todas las autoridades dominicanas de cumplir con las normas establecidas.
El canciller Álvarez, durante su participación en el Almuerzo del Grupo Corripio, destacó que para la República Dominicana como para ningún otro país, la situación de Haití se trata de un tema de seguridad nacional, ya que a diferencia de los demás países interesados en aportar a la situación, ninguno posee la vecindad con dicho país.
Refiriéndose a la situación que padece ese suelo, este miércoles, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que “no queremos que haya deportaciones en masa o forzosa de gente hacia un país que claramente no es seguro”.
La Organización Internacional de Migraciones publicó el pasado febrero que en ese mismo mes había habido 9.000 casos de migrantes haitianos “devueltos a la fuerza desde países vecinos”, y de ellos un 95% procedían de República Dominicana.
Precisamente el pasado 13 de febrero el presidente Luis Abinader se desplazó a Nueva York para participar en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Haití, y a su salida subrayó el rápido deterioro de la seguridad en el país vecino, ante lo que pidió actuar a la comunidad internacional, y lanzó un aviso. “O luchamos juntos para salvar a Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana”, manifestó..
Igualmente, Dujarric volvió a pedir a la comunidad internacional que actúe con celeridad para resolver la crisis en la nación caribeña, la más pobre de la región, envuelta en una incierta transición, e instó a no delegar toda la responsabilidad en Kenia como país que se ha comprometido a liderar una futura fuerza multinacional de apoyo a la policía local.
“No creo que sea justo poner el futuro de Haití solo en los hombros de Kenia, hay una responsabilidad a nivel internacional; necesitamos que llegue más dinero para el Fondo Fiduciario” (que financiará esa misión multinacional), insistió.
Además, dijo que no le toca a la ONU liderar el cambio en ese pueblo porque “no es cosa del secretario general ni de Naciones Unidas imponer una solución al pueblo de Haití. Ya se ha intentado muchas veces sin gran éxito. Lo que hace falta es que la clase política haitiana, la sociedad civil, acuerden una hoja de ruta, como se ha dispuesto, con la creación de un Consejo Presidencial”.
La violencia, la inseguridad y el caos que registra la parte occidental de la isla de la Hispaniola promovida por las pandillas armadas, ha azotado la frágil economía en ese lugar, causando escasez de alimentos y agua.
El anuncio de Ariel Henry de que dimitirá como primer ministro en cuanto haya un consejo presidencial de transición abrió una nueva puerta en el difícil camino de Haití para intentar superar la aguda crisis que atraviesa y los altos niveles de violencia, incrementados aún más en los últimos días.
Las peticiones de que Henry debía abandonar el poder se sucedían desde hacía mucho tiempo, tanto entre movimientos y formaciones políticas internas como entre las bandas armadas, que aseguraban que este era precisamente su objetivo último.
Incluso en diciembre de 2022 ya el mandatario se comprometió, mediante un acuerdo con representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y miembros del sector privado, a abandonar el poder el pasado 7 de febrero, algo que no se produjo.
Todo se precipitó con las presiones del exterior a favor de una transición para la que, según se anunció en las últimas horas, se creará un consejo conformado por siete miembros y dos observadores, como se decidió en una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Jamaica con representantes de socios internacionales como Francia o Estados Unidos (con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a la cabeza) y de la ONU.
Los miembros de este consejo serán designados por los entes Colectivo 30 de Enero, Acuerdo de Montana, Acuerdo del 21 de Diciembre, EDE/RED, las fuerzas políticas Fanmi Lavalas y Pitit Desalin y el Sector Privado, mientras que los observadores representarán el Reagrupamiento por una Entente Nacional y Soberana (REN) y la diáspora de haitianos en el extranjero.

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