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Jue, Abr

Justicia Social

(San Juan, 10:00 a.m.) Un joven identificado como Eddie Joel Roldan Garay, de 27 años y residente de Manatí, informó que varios individuos lo agredieron hoy en diferentes partes de su cuerpo y le pegaron fuego.
A través del sistema de emergencia 9-1-1, se indicó que una persona fue agredida en la tarde de este lunes en Manatí.
El joven fue llevado hasta un hospital del área ya que resultó con varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo y quemaduras de segundo grado.
Al momento, Roldan Garay se encontraba estable.
La agente de la policía municipal María Ibáñez Martínez investigó inicialmente y el joven no preciso exactamente el lugar de los hechos.
El caso será referido al Cuerpo Investigaciones Criminales del área de Arecibo.

(San Juan, 1:00 p.m.) El Partido Nuevo Progresista (PNP) acaba de explicar en el día de hoy en la radio comercial, como van a impugnar a la Alianza de País. Llevo varios días pensando que la tranquilidad de ellos es sinónimo de conspiración hasta que, en el día de hoy en un programa radial, uno de sus portavoces más “puro” explicó el caso que van a radicarle.  Nuestra posición, a los que creemos en la independencia, participemos o no en las elecciones, es desarrollar una estrategia de resistencia en su contra.
En el programa de hora pico en la mañana, por vía de su portavoz incondicional y puro, explicaron que van a radicar un pleito en el Tribunal de Primera Instancia, para luego certificarlo y que el Tribunal Supremo lo resuelva. Esto les permitiría eliminar, como mínimo, a los candidatos a la posición de gobernador por el Movimiento Victoria Ciudadana, y a la de comisionado residente por el Partido Independentista Puertorriqueño.  El caso que utilizarían de precedente es el de Albita Rivera, cuya madre salió electa con la intención de donarle su asiento a su hija.  Esto fue impugnado y ganado por el Partido Popular Democrático.
Me parece que el PNP está aguardando al 18 de enero, cuando finaliza el proceso de certificación de candidatos, lo cual hace irreversible las candidaturas, para impugnar a dichas dos posiciones. Sería un tanto temerario impugnar la participación electoral de ambos partidos, pero todo dependerá de lo que resuelva el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Para los que creemos en la independencia nacional para Puerto Rico, participemos o no en el proceso electoral, neutralizar la intención del PNP, es un acto de lucha, resistencia y descolonización.  Por lo que el independentismo boricua debe de ver esta coyuntura como parte de la lucha.  Si ellos ganan, nosotros perdemos. Por lo tanto, ganemos nosotros, para que ellos pierdan. Pensemos.

(San Juan, 10:00 a.m.).  La presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, acaba de renunciar en el día de ayer.  La transición ya fue efectiva.  Ya nombraron a un interino, y ella volverá a su catedra como profesora de ciencia política en la prestigiosa universidad privada en la ciudad de Boston.  Es terrible, pues se trata de la segunda mujer en la presidencia en casi 400 anos de existencia de la universidad, la más antigua de los EE.UU., y de la primera persona negra en dicha posición, y peor aun se van en el tiempo más corto de un mandato a la presidencia: seis meses después de haber sido nombrada. 
Como le paso a los boricuas Carlos Severino Valdez y Urayoan Walker, rector de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras, y presidente de la institución, respectivamente, hay gente que no aceptan que los negros lleguen al poder.  Eso acaba de pasar ante nuestros ojos en Harvard. La justificación para forzar su despido, que en las vistas congresionales de noviembre 2023, ella, junto a otras dos mujeres presidentas de prestigiosas universidades, no asumieron la posición solicitada por los congresistas, que pedían que se eliminaran las voces de los estudiantes de sus universidades, que clamaban que los hoy 22 mil palestinos asesinatos en Gaza son un acto de genocidio cometido por el ejército de Israel.  En particular, pedían los legisladores que las respectivas presidentas, en particular la de Harvard se retractaran y dijeran que pedir la muerte de los israelitas, era un acto de genocidio. No lo hicieron, y comenzó el ataque.
Pero en el caso de Gay, el ataque se movió a cuestionar sus credenciales académicas, que van desde su doctorado hasta sus sobre 30 artículos académicos. Cuestionaron su honestidad intelectual, y la acusaron de plagio. La universidad de Harvard la exculpó, y no aceptó el argumento de plagio. Pero ante la presión de todos los medios de noticias americanos pidiendo su renuncia, así como por los ataques racistas en contra de ella en todos los formatos, Claudine Gay decidió renunciar.
Lo que se ha impuesto en los EE.UU., es la intolerancia política al que discrepe con uno. Sea judío o musulmán, católico o ateo, capitalista o socialista, si usted no coincide conmigo, es decir discrepa, será víctima de la exclusión y censura.  Nos oponemos a lo mismo en todas sus dimensiones. 
Es una pena, que la primera mujer negra presidiendo Harvard, y recordamos los casos de Severino y Walker, haya sido despedida. Para ella, el “destierro académico” se impone ahora.  Para Severino y Walker, su victoria judicial, salieron absueltos de todos los cargos, los redimió. Los racistas son racistas, sean blancos o negros, cuando acusan injustificadamente. Pensemos.

El Departamento de Justicia anunció que cerrará el año con sobre $340 millones en recobro, producto de múltiples pleitos legales incoados contra empresas de carácter multinacional en representación de los derechos de los puertorriqueños, en particular de poblaciones vulnerables.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, indicó que, a través de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos, ha enfocado sus esfuerzos en defensa de los ciudadanos, radicando una serie de reclamaciones judiciales contra empresas que han incurrido en prácticas engañosas, cuyas transacciones, hasta el presente, representan $344,557,580 en nuevos ingresos para el Gobierno de Puerto Rico.
Esta cifra ya fue recibida, mientras que otra se recibirá por etapas, al tiempo que mantienen varios pleitos activos contra empresas a las que le han exigido compensaciones económicas para subsanar los daños provocados por sus prácticas ilegales que afectan la salud y el acceso a medicamentos de la población, la situación económica de los estudiantes universitarios, la calidad del agua, ente otros.
Según Emanuelli, estas acciones se traducirán en servicios directos a los ciudadano.
Entre los pleitos transigidos, figuran los incoados contra las empresas involucradas en la epidemia de opioides y los fabricantes de cigarrillos electrónicos.
El equipo de la Secretaría de Asuntos Monopolísticos representó al Gobierno de Puerto Rico en el pleito contra los fabricantes de insulina: Eli Lilly & Co., Eli Lilly Export, Novo Nordisk, Sanofi Aventis, y los PBM: Express Scripts, CaremarkPCS Health, Caremark Puerto Rico y OptumRx, por haber incurrido en prácticas comerciantes injustas y engañosas, que han elevado el precio de este medicamento ilegalmente durante la pasada década hasta 1,200% de su costo original.
Estos controlan la mayor parte del mercado en Estados Unidos y sus efectos se ven reflejados en Puerto Rico.
A su vez, el país recibirá sobre $200 millones mediante el anuncio del acuerdo por el cual Johnson & Johnson, así como los distribuidores AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson, desembolsaron $26 mil millones a nivel de Estados Unidos.
Estas empresas aceptaron transigir miles de demandas de los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos y Puerto Rico, cuyos residentes se vieron afectados por las farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia de opiodes.
Además de la compensación económica, se impusieron varias prohibiciones con el fin de que estas empresas detengan las prácticas que provocaron la emergencia de salud pública y se exigió a las distribuidoras la implementación de medidas correctivas.
De igual forma, se anunció una transacción legal, mediante la cual Puerto Rico recibió sobre $7 millones para contrarrestar los efectos del uso ilegal de los cigarrillos electrónicos entre menores de edad.
Esta isla se unió a 34 estados y territorios de Estados Unidos en una investigación contra JUUL Labs Inc., principal fabricante de cigarrillos electrónicos, señalado por sus prácticas de mercadeo ilegales y engañosas para fomentar el vapeo entre jóvenes y niños.
Además, el Departamento de Justicia demandó por fraude y prácticas engañosas al principal proveedor de préstamos estudiantiles en Estados Unidos, la empresa Naviet Solutions, anteriormente conocida como Sallie Mae.
Al menos 20,000 estudiantes de Puerto Rico obtuvieron servicios de Navient y se exigió que la organización cancelara unos $12 millones en deudas e intereses acumulados ilegalmente.
La Secretaría Auxiliar de lo Civil logró, de otra parte, prevalecer en 796 casos civiles de 1,272 casos que se cerraron para ese periodo, en representación del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y funcionarios.

(San Juan, 1:00 p.m.) El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, dijo que el Poder Judicial continúa trabajando para fortalecer su integridad institucional, aumentar su credibilidad, así como en garantizar la dignidad de las personas y en su modernización para facilitar acceso a la justicia de todos los ciudadanos.

Pronosticó que el año 2025 será clave para la consolidación de ese camino por lo que hizo un llamado a los demás poderes del Estado y a los empresarios a trabajar unidos para que República Dominicana se convierta en la capital mundial del derecho y la justicia.

Al emitir un discurso en una audiencia solemne, en la Sala Augusta de la alta corte, en la que estuvo presente el presidente de la República, Luis Abinader, con motivo de la celebración del Día del Poder Judicial, Molina Peña habló de la necesidad de seguir impulsando la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en todos los ámbitos de la sociedad.

“Colocar República Dominicana a la delantera del crecimiento y el desarrollo en la región debe ser nuestra aspiración compartida, que lidera principalmente el Poder Ejecutivo y el sector empresarial. Sin embargo, hay mucho que el Poder Judicial puede aportar, como garante de la seguridad jurídica”, indicó.

Señaló que la seguridad jurídica, fundamental para el Estado de Derecho, abarca no solo aspectos comerciales e inversiones, sino también aspectos humanos, laborales, propiedad intelectual y la protección del medio ambiente y recursos naturales.

Como logros hacia esta meta, durante 2023, Henry Molina citó los avances de la lucha contra la mora judicial destacando que la puesta en marcha de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación ha cerrado puertas a prácticas dilatorias en la Suprema Corte de Justicia, reduciendo el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.

“Actualmente, todas las Salas de la Suprema Corte de Justicia trabajan casos ingresados en el 2023, marcando un avance sustancial contra la mora judicial. La meta de este alto tribunal es no tener casos pendientes de más de seis meses”, dijo.

En cuanto a la digitalización, la aplicación de la Ley sobre el uso de medios digitales, que incluye firma digital, acceso digital y audiencias virtuales, manifestó que el tribunal colegiado ha ampliado significativamente el acceso a la justicia en 2023, y se prevén avances sustanciales en todas las materias a nivel nacional durante este año.

En lo que se refiere a justicia penal y con la participación del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Servicios Penitenciarios, declaró que se ha avanzado en facilitar el juicio abreviado, la mediación y la derivación a tratamiento o trabajo social, en casos de consumo de sustancias o delitos menores. Esto, unido al reglamento de mecanismos no adversariales de resolución de conflictos, reducirá paulatinamente los tiempos de respuesta y la congestión del sistema penal.

Recordó que durante los dos próximos años, el Poder Judicial tiene la desafiante agenda local e internacional, desde la Conferencia del Poder Judicial de 2024, al calendario de actividades que culminarán con la celebración del World Law Congress (Congreso Mundial del Derecho) y la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2025.

“Esta será, sin duda, una ocasión única para que nuestro país despliegue su hospitalidad y se consolide como un referente regional en materia de institucionalidad democrática y desarrollo económico y social. Trabajaremos para que en 2025 nuestro país se convierta en la capital mundial del Derecho y la Justicia”, destacó Luis Henry Molina.

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(San Juan, 11:00 a.m.) La campaña política del Partido Nuevo Progresista contra los partidos que han conformado una Alianza de País, Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), inicio esta semana.  La misma va dirigida a desacreditar el junte político, y ya han matizado una crítica la cual posiblemente termine en los tribunales.  Bajo la crítica enarbolada por los portavoces radiales del PNP, todos al unísono, plantean que se trata de un fraude que va contrario al espíritu y derecho vigente bajo el Código Electoral actual.  Pues bien, otro pleito más que se habrá de dilucidar en los tribunales.

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(San Juan, 12:00 p.m.) La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y el Ministerio Público informaron que desmantelaron de una supuesta banda criminal integrada por agentes de la institución, civiles y militares que se dedicaba a cometer secuestro, sicariato, robos, atracos, tumbes de drogas, extorsión, cobros compulsivos, tráfico y comercialización de armas de fuego, falsificación de documentos, entre otros delitos.

En el operativo murieron dos oficiales de la Armada Dominicana y un policía adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), señalados como miembros del grupo, en un presunto enfrentamiento a tiros con varias unidades policiales, según un comunicado ofrecido por la uniformada.

Explicó que los integrantes de la banda usaban indumentarias militares con las siglas de la institución anti narcótica.

Los caídos son los oficiales de la Armada, Sandro Miguel García y Nicolás Eladio Buten, así como Joel Emilio Rodríguez Silva, este último miembro de la DNCD.

Indica el comunicado que alrededor de las 12:15 de la tarde de este viernes, agentes de la Dicrim “obtuvieron informaciones en torno a una ‘tirada’ que se disponía a realizar la estructura criminal, por lo que materializó un amplio operativo en el kilómetro 12 de la Autopista 30 de Mayo, y la cabaña Tía Tania”, en el Distrito Nacional.

Señaló que durante el operativo se produjo un “intercambio de disparos”, resultando abatidos los citados uniformados. La Policía dijo que, además, que se produjo el arresto de una persona identificada como Michael José Constanza Piña, quien es investigado.

El organismo indicó que la supuesta red había participado en crímenes graves, incluyendo el rapto de un comerciante del este del país cuyo nombre no fue suministrado.

Precisó que en la jornada incautó cuatro pistolas y un fusil e informaciones de las acciones que esas personas pensaban hacer en las próximas horas.

“Las investigaciones están en proceso, en las próximas horas se darán más detalles de la operación”, aseguró la entidad en la nota de prensa.

En declaraciones posteriores que dio Luis Tavárez, representante del Ministerio Público que acudió al lugar, dijo también al interior de la cabaña encontraron vidrios de un cristal de un vehículo y proyectiles de armas de fuego. “Todo apunta en que fue una especie de operativo, y vamos a determinar más adelante”, dijo Tavárez.

QUEJAS FAMILIARES:

Familiares del capitán de la Armada Sandro García Mendoza dudaron de la versión policial respecto al “intercambio de disparos”.

Según Ángel García, “la Policía Nacional mintió” al dar ese testimonio debido a que confirmó a través de videos que su hermano fue esposado y luego apareció muerto en la escena.

A su entender, las autoridades debieron realizar el apretamiento y luego las investigaciones dé lugar sin necesidad de quitarle la vida a Sandro y a otros dos oficiales que le acompañaban.

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(San Juan, 1:00 p.m.) Ada Norah Henriquez se desafilió en las pasadas 48 horas del Partido Dignidady sera una de varias personas corriendo de forma independiente para el puesto de gobernación en Puerto Rico. Mientras, en la noche de ayer, Eliezer Molina, anunció que correra como senador por acumulación de forma independiente.  Esto nos plantea interesantes interrogantes a partir de los nuevos independientes, y en algo cambian las reglas generales de las proximas elecciones.
Ada Norah Henriquez, no es cualquier candidata. Es una mujer madura, negra y quien en las pasadas elecciones como candidata a comisionada residente, tuvo un desempeño satisfactorio. Mientras Eliezer Molina, como candidato a gobernador tuvo un desempeño limitado, aunque como activista social ecológico e independentista, durante los pasados cuatro años ha tenido un desempeño extraordinario. 
En el crisol de la política nacional, ya hay sobre dos docenas de candidatos independientes, para todas las posiones electorales, lo cual resta de a los partidos poílticos ya inscritos.  La influencia en el senado, abre una competencia interesante con dos candidatos independientes, Jose Vargas Vidot y Eliezer Molina. En total se eligen 11 senadores por acumulación.  Esto marcaría que podrían haber dos senadores independientes, Vidot y Molina, y luego uno por el el Partido Independentista Puertorriqueno, dos por el Movimiento Victoria Ciudadana, y el resto bajo el Partido Nuevo Progresista (que podría presentar seis candidadtos) y el Partido Popular Democratico (que solo va a presentar cuatro candidatos.
La llegada de Molina, a quien le damos buenas posibilidades de salir electo, por haber mardado una práxis de radicalismo de izquierda, y eso gana votos, podría afectar a los otros partidos.  Esto nos plantea que los otros partidos pierden un escano, pero reduce la eleccion de las voces alternativas, en particular en el Movimiento Victoria Ciudadana.  Tanto Vargas Vidor, Maria de Lourdes Santiago, y el PNP como el PPD, deberian de asegurar sus puestos.
Mientras Henriquez podría dar una sorpresa, sobre todo en los foros televisados, que debilitaría a Proyecto Dignidad. Tambien debilitaria los otros candidatos [todos hombres] que no son mujer, no son marginados y no son negros.
Veamos que pasa en el 2024. Pero serán unas elecciones interesantes. Pensemos.

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