Justicia Social

(San Juan, 9:00 a.m.) Las tripulaciones aéreas de la Guardia Costera rescataron el viernes a un solo marinero de un velero que se estaba haciendo agua, aproximadamente a 170 millas náuticas al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico.

El rescatado es Neil Treitman, un ciudadano estadounidense de 69 años, quien transitaba a bordo del catamarán de vela Sailicity de 46 pies desde Nassau, Bahamas, a Tortola, Islas Vírgenes Británicas, cuando la embarcación comenzó a hacer agua.

Los observadores del Sector de la Guardia Costera de San Juan recibieron una llamada aproximadamente a las 9:58 p.m. del viernes, en el que la fuente informadora llamó desde las Islas Vírgenes Británicas e informó haber recibido una comunicación satelital de Trietman informando de la emergencia.

Posteriormente, los observadores recibieron una señal de socorro de 406 MHz de radiobaliza indicadora de posicionamiento de emergencia del Sailicity.

Un helicóptero MH-60T Jayhawk de la Guardia Costera de la Estación Aérea Borinquen, un avión HC-144 Ocean Sentry de la Estación Aérea de Miami y el guardacostas Pablo Valent respondieron para encontrar el Sailicity y brindar asistencia de rescate.

Los observadores también realizaron una llamada de grupo de emergencia y transmitieron una transmisión de información marina urgente para alertar al tráfico de embarcaciones comerciales sobre la situación de emergencia en curso.

Una vez en la escena, la tripulación del helicóptero MH-60T Jayhawk de la Guardia Costera desplegó a su nadador de rescate, quien pudo subir a bordo del velero y izar a Treitman de manera segura a bordo del avión.

Treitman informó más tarde que durante el viaje notó que el agua entraba lentamente al interior del barco y que pudo activar las bombas de achique del barco y usar baldes para mitigar la inundación. A pesar de los esfuerzos de Treitman, las medidas de mitigación fueron ineficaces ya que el agua empezó a entrar en el barco a un ritmo acelerado.

“Estamos muy agradecidos de que Treitman tuviera el equipo necesario a bordo de su embarcación para poder localizarlo de manera segura y eficiente lejos de la costa”, dijo el teniente comandante. Vince Knaeble, comandante del avión MH-60T Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen para el caso. “El HC-144 desplegado desde Miami fue fundamental para este caso como nuestro activo de cobertura, y estamos agradecidos por el increíble apoyo SAR que brindaron”.

Después del rescate, la tripulación aérea de la Guardia Costera transportó a Treitman a la Estación Aérea Borinquen. En este caso no se reportaron heridos ni emergencias médicas

(San Juan, 11:00 a.m.) Desde hace más de un mes se encuentra sin energía eléctrica el edificio del Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Este histórico edificio alberga los documentos más importantes para nuestra nación y nuestra historia.

Demás está recalcar la importancia de conservar nuestros documentos vitales al quehacer histórico de Puerto Rico.  Esta falta de energía pone en precario documentos, fotos, películas y artefactos que componen el registro de nuestro pueblo.  En ningún país del mundo se pone en riesgo la historia como se encuentra hoy la nuestra.

(San Juan, 10:00 a.m.) El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, denunció hoy la doble vara del Departamento de Seguridad Pública (DSP) al permitirle al coronel Roberto Rivera Miranda, aspirar a un cargo electivo por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“En octubre pasado, un aspirante a la alcaldía de Corozal por el Partido Popular Democrático, quien es miembro de la Policía de Puerto Rico, fue instruido por el DSP a que debía acogerse a una licencia sin sueldo para poder aspirar a un cargo político.  Hoy vemos como el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia, ignoran a conveniencia las leyes y reglamentos del DSP y le permiten al Coronel Rivera presentarse en una papeleta, por el PNP”, expresó.

Cruz Maldonado detalló, que el oficial José A. Cruz Lugo, aspirante a alcalde por Corozal por el Partido Popular Democrático, no tuvo otro remedio que solicitar en el mes de octubre la aprobación para agotar sus licencias y presentar su renuncia previo a cualquier radicación, con miras a jubilarse el próximo verano como miembro activo de la Policía de Puerto Rico.

“Es una desfachatez, que nuestro candidato deba agotar sus licencias, bajo el mismo reglamento de la policía que rige al Coronel Rivera Miranda para poder radicar una candidatura. Si esto fuera poco, al día de hoy, el compañero Cruz Lugo está esperando una contestación de la agencia y aún no ha recibido respuesta, mientras que ya el Departamento de Justicia le permitió al Coronel Rivera aspirar libremente y sin ninguna consecuencia, a pesar de que éste realizó sus trámites en los medios de comunicación del país”, estableció.

Comentó que “eso es una doble vara y un acto repudiable de este gobierno.  Los que hacen las cosas por los canales correspondientes no tienen respuesta, pero quienes hacen las cosas arbitrariamente y en violación de reglamentos obtienen respuestas rápidas y le permiten lo que a nuestra gente no”.

El funcionario del PPD expresó que “ante el trato desigual de aspirantes del PPD, le requerimos al secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, y al Gobernador, Pedro Pierluisi, como mínimo, a exigirle a todos los aspirantes, que agoten sus licencias, como condición previa de aprobarles aspirar a cargos políticos.  La regla tiene que ser igual para todos o para nadie”.

(San Juan, 9:00 a.m.) El gobernador Pedro R. Pierluisi expresó hoy su “compromiso” con alcanzar un ajuste contributivo para beneficio de la clase media del país, por lo que tratará de alcanzar un entendimiento con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que se ha mostrado contraria.

“Estoy comprometido con que se logre un alivio al bolsillo de los contribuyentes, especialmente, de aquellos que pertenecen a la clase media trabajadora. En ese sentido, expresé que estaría trabajando con la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) con el fin de que podamos lograr un acuerdo que beneficie al pueblo”, manifestó.

(San Juan, 10:00 a.m.) El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, presentó su Informe Nacional de los Derechos Humanos en República Dominicana 2023, en el cual destaca avances y deficiencias del país en los últimos 45 años en algunos aspectos, pero repudia los abusos que comete la Policía Nacional contra la población.

Destaca que persisten los problemas en asuntos fundamentales, entre los cuales destacó, la salud, derecho al trabajo, integridad personal, justicia e igualdad.

Expresa que Policía Nacional  alcanzó el primer lugar como la entidad que tiene menos respeto por los derechos humanos.

“Se describieron escenas de abuso de poder, arbitrariedad policial, represión psicológica, agresión física, uso desproporcionado de la fuerza y crueldad. Un 40% declaró que el hecho lamentable ocurrió en un destacamento de la uniformada”, indicó Ulloa.

Señala que en una investigación cuando se preguntó a la población sobre a quién recurriría primero si le vulnera algún derecho, la primera entidad que se invocó es el cuerpo uniformado, con 25%, seguida por el Defensor del Pueblo y el Poder Judicial, con 12 % cada uno.

De acuerdo con el documento, que fue presentado en la sede de la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con respecto al lugar donde se resultó ser víctima de algún atropello individual los últimos doce meses, el 40% declaró que ocurrió en un destacamento policial.

“La policía es considerada como la institución que menos respeta los derechos humanos en República Dominicana y el destacamento policial es visto como un lugar de conculcación de derechos”, dice el informe.

Entre los desafíos que enfrenta la República Dominicana, el reporte destacó al trabajo infantil, la discriminación laboral y la desigualdad a nivel general.

También, llama a la Administración Pública ante las necesidades específicas, desde políticas sanitarias hasta combate a la discriminación.

Además, precisa que la población considera “abrumadoramente que las leyes del país no aplican a ciertos grupos privilegiados y que a los privados de libertad les violan sus derechos”.

Para el Defensor del Pueblo es importante la ejecución de políticas públicas efectivas que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, que aseguren la igualdad de derechos y oportunidades a las personas con alguna discapacidad, VIH+, inmigrantes haitianos y personas LGBT+.

Manifestó que tiene una base de datos en la que asienta, clasifica y contabiliza las denuncias de violación a los derechos humanos, las reclamaciones, quejas y demás casos traídos a la consideración de la Secretaría General de la institución.

Se recuerda que hace unos días el Defensor del Pueblo mostró su preocupación por la calidad de los políticos que están asumiendo las funciones públicas en la República Dominicana.

“La calidad de los políticos a nosotros nos preocupa mucho. Quiénes son los que están asumiendo los cargos públicos, por el tema de la formación de los políticos”, indicó Ulloa.

Apuntó que “nosotros como sociedad tenemos que tocar las puertas a los partidos para que toda persona que llegue un cargo público tenga una formación para gobernar real, que tenga sensibilidad, sencillez, humildad, capacidad técnica, tenga inteligencia emocional, pero también tenga un compromiso real que no sea solamente lo electoral”.

Dijo que esa calidad del dominicano que está llegando como servidor público tiene que ser una apuesta de toda la sociedad de exigir que tengan formación para gobernar.

“Yo apuesto mucho a la educación y siempre he apostado, también, a la formación desde el punto de vista de quién va a ser el gerente, el ministro, el director general, y todos los cargos que impliquen no solamente están los ejecutivos”, expresó.

Agregó que uno de los problemas reales que “tenemos como sociedad es la falta de cumplimiento gubernamental, no sea extraordinario, cumple lo que te corresponde y tú vas a ver que muchos de los problemas de permisología, de corrupción, de elementos relacionados con tráfico de influencia, con conflictos que pudieran generarse entra por el cumplimiento gubernamental”.

(San Juan, 11:00 a.m.)  Agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) estadounidense detuvieron el martes a 48 migrantes haitianos que fueron abandonados por contrabandistas en la isla de Mona, un territorio deshabitado de reserva natural entre Puerto Rico y República Dominicana.

Guardaparques del Departamento de Recursos Ambientales y Naturales de Puerto Rico notificaron el lunes, 1 de diciembre, al Sector Ramey sobre un grupo de migrantes haitianos, 41 hombres y 7 mujeres, que llegó temprano en la mañana a Playa Mujeres en Mona.

“Las personas y familias sin una base legal para permanecer en jurisdicción estadounidense están sujetas a expulsión de conformidad con las antiguas normas del Título 8 de la CBP y están sujetos a una prohibición mínima de cinco años para volver a solicitar la admisión y a un posible proceso penal si posteriormente reingresan sin autorización”, afirmó Desi DeLeón, agente jefe de patrulla del sector Ramey, en Aguadilla.

Un guardacostas estadounidense transportó al grupo desde Mona al puerto de entrada de Mayagüez, donde agentes de la Patrulla Fronteriza asumieron la custodia del grupo.

Todos los inmigrantes serán procesados bajo la ley de inmigración de Estados Unidos.

Además se reveló que el viernes pasado la Patrulla Fronteriza detuvo a 63 migrantes de República Dominicana y Haití que fueron interceptados acercándose a la costa suroeste de Puerto Rico.

El Sector Ramey es uno de los 21 correspondientes a la Patrulla Fronteriza repartidos por todo Estados Unidos, incluidas las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Toda la zona fronteriza del Sector Ramey está formada por costa y su área de responsabilidad está compuesta por unas 6.000 millas cuadradas de tierra y agua, incluida la franja de doce millas de agua territorial que rodea las Islas.

(San Juan, 10:00 a.m.) Tres individuos enfrentan 18 cargos emitidos por un gran jurado de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir fentanilo y cocaína, distribución de fentanilo y cocaína, posesión de ametralladoras para promover actividades de tráfico de drogas y otros delitos relacionados con armas de fuego, confirmó este lunes la fiscalía federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Según documentos judiciales, Miguel A. Figueroa Rodríguez, alias “Tote”; José A. Torres-Narvaez, alias “El Menor”, ​​y Taishia L. Figueroa-Cruz, a partir de una fecha desconocido, pero alrededor del 22 de agosto de 2023, conspiraron entre sí y con otros para distribuir y poseer con la intención de distribuir fentanilo y cocaína, posesión de armas de fuego para promover delitos de tráfico de drogas, así como participar en el negocio de traficar en armas de fuego sin licencia.

Torres Narváez también está acusado de ser un delincuente en posesión de armas de fuego, según el pliego emitido por el gran jurado el 27 de noviembre de 2023.

“Desmantelar las redes de narcotráfico es de vital importancia para nuestro esfuerzo continuo por combatir la crisis del fentanilo en Estados Unidos y salvar vidas”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. “Nuestra oficina procesará a quienes trafican con fentanilo y ametralladoras con todo el peso de la ley”.

Por su parte, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan, Joseph González, dijo que “la crisis de opioides está cobrando la vida de estadounidenses todos los días y nuestra misión en Puerto Rico es proteger a nuestra gente de esta tragedia nacional”.

“Los sujetos de este caso se dedicaron a comercializar kilos de fentanilo puro, por lo que tuvimos que actuar con rapidez, (por lo) que nuestro trabajo aquí apenas comienza”, apuntó el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico.

Durante la conspiración, según las autoridades federales, los individuos acusados ​​participaron en la siguiente transacciones:

+ El 25 de agosto de 2023 vendieron al FBI aproximadamente medio kilo de fentanilo y un arma de fuego totalmente automática.

+ El 22 y 26 de septiembre de 2023 vendieron al FBI aproximadamente un kilogramo de cocaína y un arma de fuego totalmente automática.

+ El 16 de octubre de 2023, vendieron al FBI aproximadamente un octavo de kilogramo de una sustancia que dio positivo a fentanilo, un arma de fuego Glock y un arma de fuego de fabricación privada (“PMF”) tipo AR.

Los tres individuos fueron detenidos el lunes, 4 de diciembre de 2023, cuando se encontraban en posesión de aproximadamente medio kilogramo de una sustancia que se presume es cocaína.

Los acusados ​​tenían programadas sus comparecencias iniciales ante el tribunal ante el juez federal Marshal D. Morgan, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico.

Si son declarados culpables de los cargos de conspiración por tráfico de drogas, los acusados ​​se enfrentan a un mínimo obligatorio de 10 años de prisión con una pena máxima legal de cadena perpetua.

Los delitos con armas de fuego en desarrollo de los delitos de narcotráfico conllevan una pena consecutiva de treinta años (ametralladoras) o cinco años (armas de fuego) hasta cadena perpetua.

El delincuente en posesión de armas de fuego conlleva una pena máxima de diez años de prisión y el ejercicio del negocio de tráfico de armas de fuego conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

El Negociado Federal de Investigaciones, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos están investigando el caso.