(San Juan, 9:00 a.m.) Las gestiones de Estados Unidos para seguir posponiendo las elecciones en Haití, que debieron efectuarse en febrero, entran en un punto crítico con la esperada llegada de mil policías de Kenia para combatir las bandas armadas y capturar a su líder más notorio, Jimmy Cherizier, quien se ha declarado revolucionario.
La maniobra de alta política internacional, que involucra a la Comunidad del Caribe inglés (CARICOM) y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entregaría el mando del contingente policíaco internacional a una fuerza que los propios EEUU han documentado que incurre en torturas, desapariciones y muchas otras violaciones de los derechos humanos.
Mientras tanto, en el escenario de combate, la Policía Nacional Haitiana logró llegar cerca de los barrios en que Cherizier tiene su centro de mando y cayeron muertos algunos de los bandidos insurrectos. Pero el valor del ataque ha quedado en duda porque las bandas, que ya controlan la zona del principal aeropuerto de la capital, están avanzando para lograr controlar también el puerto, amén de que le pegaron fuego a la casa del jefe de la Policía y rodean embajadas extranjeras.
Además, el acuerdo internacional para la intervención armada externa tampoco es tan de consenso, pues la troica de la Comunidad Latinoamericana y el Caribe (CELAM), compuesta por Honduras, Colombia y San Vicente y las Granadinas, ha expresado su desacuerdo profundo y pedido que se permita que los haitianos resuelvan su problema político. De igual forma, Venezuela también se opone y respalda que Haití pueda reforzar su policía y establecer su propio ejército, en tanto que Rusia y China se han abstenido de respaldar los planes de intervención avalados por el Consejo de Seguriad de la ONU.
La crisis por las bandas armadas en Haití, cuya principal ciudad de la costa norte queda apenas a 1,121 kilómetros (695,5 millas) al sureste de los cayos del sur de la Florida, tiene uno de sus antecedentes en acciones propiciadas por los propios EEUU y su Agencia Central de Inteligencia (CIA) cuando se iniciaba la segunda mitad del pasado siglo XX. Esas bandas criminales eran concebidas como protectoras del poder, pero ahora los herederos de aquellos terroríficos guardaespaldas reclaman el poder mismo y dicen que es para entregárselo a la soberanía del pueblo.
Fue después de un intento de golpe de estado, repelido por Francois Duvalier con ayuda de la CIA en los años cincuenta, que se establecieron las bandas de voluntarios conocidas como los “tonton macoutes” para proteger el gobierno en los pueblos y zonas rurales del interior del país. Como no se les asignó fondos para salarios, se acordó que se sostuvieran mediante el crimen y, en particular, las extorsiones.
Tras la caída del régimen de los Duvalier, los tonton macoutes pasaron a la historia, pero no el uso de pandillas criminales para proteger a empresarios y políticos, como pequeños ejércitos privados. La relevancia de las bandas armadas aumentó significativamente cuando tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, a quien EEUU se negó a permitir que estableciera un ejército y pudiese importar arnas, se quedó al mando de facto Ariel Henri mientras se agotaron los términos de los poderes legislativos y judicial.
Henri, apoyado por EEUU, prometió elecciones, que se fueron postergando hasta febrero de este año, plazo que tampoco se cumplió. En lugar de eso, viajó cruzando el Atlámtico hasta Kenia para pactar el envío de la fuerza policial, espacio que aprovecharon las bandas para marcar su dominio de las calles y exigieron su dimisión. Cherizier, quien había sido de las fuerzas especiales de la Policía Nacional e involucrado en varias masacres, se había convertido en jefe de la pandilla Fuerzas Revolucionarias del G-9, Familiares y Amigos, declaró que había comenzado la revolución.
Durante una reunión urgente del CARICOM en Jamaica, con la participación adicional de EEUU, México, Brasil, Canadá, Francia y representación de la ONU, se logró que Henri sometiera su renuncia, efectiva a la fecha de establecerse una junta provisional compuesta por siete miembros votantes de partidos políticos, empresarios y el grupo del Acuerdo de Montana, con la presencia sin voto de la sociedad civil y la Iglesia. La renuncia condicionada de Henri fue lograda directamente por la primer ministro de Barbados, Mia Mottley, vinculada a las fundaciones Rockefeller y Open Society.
