Las acusaciones de acoso sexual contra el candidato a la gobernación Pedro Pierluisi no deben despacharse de manera ligera y superficialmente como una estratagema política de última hora en su contra de alguno de sus opositores en las elecciones.

Es necesario hacer una indagación a fondo, porque se trata de una cuestión de carácter del candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para quien aspira a convertirse en el mandatario de Puerto Rico.

Múltiples imágenes de supuestos mensajes de texto entre Pierluisi y su ex entrenadora física Yolanda Sánchez fueron publicadas en redes sociales.

La declaración jurada dada a conocer fue rechazada por Pierluisi, desde luego, como era de esperarse.

Han comenzado a circular en las redes sociales y en la prensa del país los supuestos mensajes de texto a los que se hace referencia en la declaración jurada de Sánchez.

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La educación legal es totalmente diferente a la educación de los médicos, ingenieros, maestros, enfermeras y otros profesionales. La educación legal es sofista. ¿Qué es un sofista? En el Siglo V aparecieron los sofistas, eran pensadores que se dedicaban a enseñar retórica y filosofía, pero contrario a los filósofos cobraban muy caro por sus servicios.

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La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) anunció el lanzamiento de la campaña “¡Empodera tu vida!”, como parte de los esfuerzos para noviembre, el Mes Contra la Violencia Doméstica.

A través de dicha iniciativa, se promoverá la línea confidencial de la OPM, disponible 24 horas.

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altIntroducción

Hoy se conmemora el 91 aniversario de la abolición de la pena de muerte por legislación en Puerto Rico. La voluntad del pueblo puertorriqueño al eliminar de su sistema legal la pena capital tuvo un triunfo histórico con la aprobación de la Ley 42 de 26 de abril de 1929. Esta visión se consolidó a través de la prohibición constitucional, consagrada en la sección 7 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952.

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altEl Colegio de Abogados y Abogadas (CAAPR) presentó una demanda ante la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico que impugna la validez constitucional del “Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio”, aprobado por el Tribunal Supremo.

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