Quizás no sea tan grande como la exclamación de Neil Armstrong al pisar la luna: «Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad». Pero la radicación de cargos contra el guardia municipal, Gabriel Rivera Pagán, y dos policías estatales, Raúl Rivero Ruiz y Joaquín Torres Cortina, y la aceptación de culpa de estos, es un paso significativo en busca de evitar el discrimen y el abuso de poder contra miembros de la comunidad dominicana en la Isla.

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Aparte de la crisis fiscal, el Estado Libre Asociado, mediante el secretario de Justicia, César Miranda, ha buscado salidas judiciales a la encerrona territorial. Aunque estas gestiones en su mayoría han fracasado, no hay que restarle méritos al uso del Departamento de Justicia como aliado político del gobernador Alejandro García Padilla. El problema jurídico se resume en dos acápites. Por un lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha tornado en un brazo del Partido Nuevo Progresista (PNP), y los casos principales de la política pública del Partido Popular Democrático (PDP) han fracasado. Y, por otro lado, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, el guardián federal acerca de la política imperial sobre la Isla, ha ejercitado bien su función imperial, a pesar de la las repetidas disidencias del juez Juan Toruella, que aunque estadista de extracto, ha denunciado la colonización como cuestión constitucional y como cuestión de derecho internacional.

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Con dos meses de diferencia el país se encuentra ante otro lamentable incidente en el que jóvenes al volante arrollan a peatones y se dan a la fuga. Dentro del sensacionalismo y morbo con que los medios crean un espectáculo de un proceso tan doloroso, muchas veces no nos queda espacio para preguntarnos dos cosas. La primera es cuestionar un sistema legal en el que la aplicación de la justicia se ajusta más a la profundidad de los bolsillos de los acusados. La segunda es entender las múltiples variables para que el choque y fuga se esté convirtiendo en una trágica modalidad en Puerto Rico. En ambos supuestos la Justicia que le hemos dado al país tiene mucho que responder.

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Mucho se habla sobre la influencia que ha tenido compañías como UBER con respecto al mercado del servicio de transportación, a la economía compartida, conocida en inglés como el “sharing economy”, y los intensos debates entre quienes están a favor o en contra. No obstante, la entrada de este tipo de compañías en el mercado de cada país también puede traer consigo un impacto en las relaciones laborales.

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El Observatorio Crítico Cubano deplora la violencia física ejercida el pasado día 5 de julio de 2015 contra el opositor Antonio Rodiles, quien como consecuencia debió ser intervenido quirúrgicamente. Rodiles fue operado de urgencia por una fractura del hueso nasal tras ser detenido y golpeado por agentes de la Seguridad del Estado mientras participaba en una marcha de las también opositoras Damas de Blanco.

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Las recientes muertes ocurridas en la Iglesia Metodista ¿Africana? en Charleston resalta tristemente el fenómeno de la exclusión de personas de raza negra -en este caso- alcanzando el odio su más insensible postura violenta en la sociedad norteamericana (EE. UU.): el acto nombrado asesinato. Se trata de otro incidente violento más producto de la exclusión por raza -racismo- tornado en crimen mediante el asesinato por odio. Ponerle nombre al acto plantea en sí la problemática del lenguaje al pretender nombrar, señalar o indicar. Aludo a las exclusiones e inclusiones producto de los referentes resultantes no apuntados por la palabra.

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Recientemente, Puerto Rico ha estado viviendo un intenso tour de casos y comparecencias trascendentales ante el Tribunal Supremo, el Tribunal del Primer Circuito de Apelación de Boston y la audiencia otorgada por la CIDH de la OEA a una delegación puertorriqueña y todas han sido oportunidades para examinar el estado de los derechos humanos en la Isla.

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Hoy sale una noticia en los medios corporativos que anuncia que  "La 60 Plus Association, una organización de retirados, y el economista Elías Gutiérrez, anunciaron la creación del Coalición "Mainstreet Bondholders" para contrarrestar esfuerzos del gobierno para conseguir que el Congreso apruebe el “Súper Capítulo 9” y para que una junta de control fiscal congresional tome control de las finanzas de la isla.
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