Mié01172018

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Justicia Social

¿Constitucionalmente legales los nombramientos Junta Supervisión Fiscal?

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alt(San Juan, 10:00 a.m.) Recientemente el fondo de inversiones Aurelius Capital Management y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) han cuestionado la constitucionalidad del nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En su contestación los abogados de la JSF recalcan que los nombramientos que se hacen a la luz de la Constitución de Estados Unidos no aplican a los oficiales territoriales como la JSF. Sostienen, además, que los poderes de la JSF están enmarcados en la cláusula territorial que provee poderes plenarios al Congreso sobre el territorio de Puerto Rico y que así lo afirma la decisión del caso Pueblo v. Sánchez Valle (2016) en el que se concluye que Puerto Rico como territorio no-incorporado no goza de soberanía.

Por otro lado, la Oficina del Procurador General de Estados Unidos sostiene que el proceso para nombrar a los miembros de la JSF no implica violación a la Constitución norteamericana. El fondo de inversiones Aurelius alega que los miembros de la JSF fueron nombrados ilegalmente y por tanto solicita la desestimación de los casos de quiebra. Recalcan que los nombramientos no tuvieron la confirmación senatorial.

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Hondureños prosiguen movilizaciones contra fraude y represión

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altUna movilización nacional se llevará a cabo hoy en Honduras en protesta contra el supuesto fraude electoral en perjuicio del candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, y la represión desatada por el gobierno.

Vamos a movilizarnos a nivel nacional en defensa del triunfo de Nasralla, contra los asesinatos y el fraude hasta que la dictadura caiga, expresó el coordinador general de la Alianza, Manuel Zelaya, a través de las redes sociales.

La víspera miles de hondureños protestaron frente a la embajada de Estados Unidos Tegucigalpa y exigieron la salida inmediata del actual presidente, Juan Orlando Hernández.

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Golpe de estado en Hondura – validado por el Tribunal Supremo Electoral

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alt(San Juan, 1:00 pm) El telón ha caído. La obra bufa del recuento electoral ha terminado. El pasado 17 de diciembre, teniendo como contexto una creciente oleada de protestas y tomas de carreteras, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras finalmente dio el veredicto final, confirmando a Juan Orlando Hernández (JOH) como ganador de las elecciones del pasado 26 de noviembre, con el 42,9% de los votos y colocando en segundo lugar a Salvador Nasralla con el 41,4% de los votos.

La minoría se impone sobre la mayoría:

JOH se ha auto coronado nuevamente como presidente de Honduras, violentando la Constitución de 1982 y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos (los votos de la Alianza y del Partido Liberal son una mayoría de más del 60%, según los datos oficiales del TSE) que son su voto rechazaron la reelección presidencial. Con una diferencia de apenas un 1,5% de los votos, según los datos del TSE, más que un triunfo electoral del Partido Nacional, tendríamos un empate técnico, que fue provocado por la desaparición o anulación de votos en favor de Salvador Nasralla. En cualquier otro país, lo ajustados de los resultados electorales, obligarían a una segunda vuelta electoral, es decir, a nuevas elecciones. El hecho que la minoría se imponga sobre la mayoría, no solo se debe al fraude electoral, sino, sobre todo, al actual sistema electoral antidemocrático de mayoría simple que prevalece en Honduras.

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Oscar López: en Estados Unidos “el preso es una mercancía”

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Después de pasar 36 años encarcelado como uno de los prisioneros políticos más famosos del mundo, Oscar López Rivera sabe un poco sobre el sistema penitenciario estadounidense.

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El Congreso decide: o foráneos o domésticos

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alt(San Juan, 3:00 p.m.) Esta semana es decisiva para Puerto Rico en el Congreso porque se decidirá el impacto que tendrá sobre Puerto Rico la reforma contributiva federal. En juego están el futuro de 200,000 empleos, el 40 por ciento del PIB, la operación del sistema de salud pública y la quiebra definitiva del gobierno y sus corporaciones.

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