Mié01172018

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Justicia Social

El Congreso decide: o foráneos o domésticos

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alt(San Juan, 3:00 p.m.) Esta semana es decisiva para Puerto Rico en el Congreso porque se decidirá el impacto que tendrá sobre Puerto Rico la reforma contributiva federal. En juego están el futuro de 200,000 empleos, el 40 por ciento del PIB, la operación del sistema de salud pública y la quiebra definitiva del gobierno y sus corporaciones.

La batalla entre las principales facciones del gobernante Partido Nuevo Progresistas sobre cómo presentarán el caso de Puerto Rico ante el Congreso parece haberse zanjado. El gobierno, junto al Partido Popular Democrático y los empresarios, presentarán un frente común para proteger a las empresas estadounidenses que operan como foráneas en un territorio estadounidense.

Pero ¿cómo es posible que compañías estadounidenses puedan operar en territorio propiedad de los Estados Unidos como si lo hicieran en territorio extranjero?

Debemos revisar el proceso histórico de Puerto Rico y los famosos Casos Insulares que determinaron la política imperial de Estados Unidos para con las islas que integran el Archipiélago Borincano.

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Acceso a internet en Guatemala confirma brecha de desigualdad social

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Guatemala es hoy uno de los países con mayor penetración de Internet en Centroamérica con 5,3 millones de usuarios en todo el territorio, una cifra que pudiera resultar engañosa a primera vista al encubrir los niveles de desigualdad.

De 1995 a 2014, la red de redes llegaba a apenas el 22 por ciento de la población chapina, pero en el primer trimestre de este año el servicio abarcaba el 31,2 por ciento de los habitantes, de acuerdo con cifras divulgadas por el Internet World Stats.

El crecimiento sería un excelente síntoma de desarrollo si los informes no destacaran que ese alto porcentaje se concentra en la capital y municipios periféricos.

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Proyecto de la Cámara restringe el derecho al aborto en casos de adopción

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alt(San Juan, 12:00 p.m.) En una movida que se puede interpretar como una dádiva a los sectores conservadores que le apoyaron el Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó en la Cámara de Representantes una nueva ley de Adopción de Puerto Rico que contiene una disposición cuyo efecto es limitar o intervenir con el derecho al aborto de las mujeres en la isla.

Bajo el sistema constitucional de los Estados Unidos las mujeres tienen derecho a practicarse un aborto, con ciertas condiciones, bajo la premisa de la existencia de su derecho a la intimidad. En dicho sistema el derecho de la mujer a practicarse un aborto es casi irrestricto durante el primer trimestre del embarazo. La tendencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sido a proteger dicho derecho en el primer trimestre de cualquier intervención u obstáculo que el estado intente poner al ejercicio del mismo.

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Pagar contribuciones federales no es la solución

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alt(San Juan, 12:00 p.m.) En un nuevo acto de desesperación ante el Congreso Federal, la Comisionada Residente Jennifer González, junto a los presidentes legislativos de Puerto Rico, Tomás Rivera Schatz (Senado) y Johnny Méndez (Cámara de Representantes) andan de forma desesperada intentando que en el comité de Conferencia de dicho cuerpo se legisle a favor del reconocimiento que Puerto Rico es una jurisdicción doméstica para los EE.UU. El movimiento que hacen estos políticos locales, contrario a término dentro del propio partido de ellos, el Partido Nuevo Progresista, es buscar dicho reconocimiento para Puerto Rico dentro de la reforma tributaria de dicho país, a cambio de que los boricuas de la isla paguen contribuciones federales.

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Afirman que la discriminación causa pobreza y desigualdad en México

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altLa discriminación es hoy una de las causas de la pobreza y desigualdad en México, aseguró Alexandra Hass Paciuc, titular del Consejo Nacional para Prevenir ese flagelo (Conapred).

Puso como ejemplo que en rangos de la misma edad, igual trabajo y preparación académica hay un diferencial salarial del 151 por ciento entre una persona con discapacidad y otra sin discapacidad.

Indicó que el Conapred ha hecho observaciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en torno a la pertinencia de optimizar la información sobre los discapacitados para poder diseñar políticas públicas contra la desigualdad y la discriminación.

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