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Justicia Social

La ATM, los puertos, Pérez, Maceira y nuestro derecho al mar

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alt(San Juan, 10:00 a.m.). Todo está relacionado. Por un lado la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) la cual dirige Mara Pérez, ha sido removida de su función para las islas municipios de Vieques y Culebras. Dicho esto, Anthony Maceira, el mismo del chat de Telegram con Rosselló, se mantiene al frente de la Autoridad de los Puertos, y defiende la fusión de dos compañías proveedoras de servicios para que estas controlen el 80 por ciento de la carga de San Juan. Siendo esto a así, Pérez y Maceira, deben ser destituidos pues están jugando con un derecho fundamental del pueblo de Puerto Rico: el acceso al mar, por vía del transporte marítimo.

La crisis de Vieques y Culebra, no se resuelve aún. Entonces, vivimos en un situación compleja para los hermanos y hermanas residentes de dichas islas municipios, toda vez que la incapacidad del estado de proveer un servicio adecuado, aún no se estabiliza. No obstante en el día de ayer, la gobernadora Wanda Wázquez Garced decidió no remover de su posición a Mara Pérez, simplemente le pidió no trabajar las islas municipios. En principio, la dejo administrando la lancha de Cataño.

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Aurelius, Utier v. Junta de Supervisión Fiscal

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Image result for Aurelius, Utier v. Junta de Supervisión Fiscal(San Juan, 3:00 p.m.) El fondo de inversiones Aurelius Capital Management y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) han cuestionado la constitucionalidad del nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En su contestación los abogados de la JSF recalcan que los nombramientos que se hacen a la luz de la Constitución de Estados Unidos no aplican a los oficiales territoriales como la JSF. Sostienen, además, que los poderes de la JSF están enmarcados en la cláusula territorial que provee poderes plenarios al Congreso sobre el territorio de Puerto Rico y que así lo afirma la decisión del caso Sánchez Valle v Estado Libre Asociado en el que se concluye que Puerto Rico como territorio no-incorporado no goza de soberanía. Por otro lado, la Oficina del Procurador General de Estados Unidos sostiene que el proceso para nombrar a los miembros de la JSF no implica violación a la Constitución norteamericana. El fondo de inversiones Aurelius alega que los miembros de la JSF fueron nombrados ilegalmente pues no tuvieron la confirmación senatorial.

Los miembros de la JSF fueron nombrados por el Presidente Barack Obama. Él personalmente escogió a un miembro y los otros fueron escogidos de una lista que sometieron los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se supone que el 15 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo vea el caso con los alegatos de ambas partes. Se desconoce cuándo emitirá su decisión.

El Congreso le transfirió a la JSF los poderes que tiene sobre el territorio no-incorporado de Puerto Rico con la intención de ayudar a que la colonia supere la crisis económica en que se encuentra. Que nadie se haga de ilusiones: la JSF no se marchará de Puerto Rico hasta tanto se resuelva la crisis económica del país; esto es, que tengamos acceso a los mercados mundiales a intereses razonables y que los gastos no sean mayores que los ingresos. Eso se estima que tomará entre 10 y 12 años o posiblemente más tiempo.

La invención y la aplicación del concepto de territorio no-incorporado viola la Constitución de Estados Unidos. Al expandirse hacia el oeste los territorios obtenidos tenían que ser admitidos como estados o se les debía otorgar la independencia.

En el 1820, en el caso Loughborugh v Blake, el Juez Presidente John Marshall dictaminó que la Constitución norteamericana se aplicaba a todo Estados Unidos, incluyendo al Distrito de Columbia y a los territorios. En un segundo caso en el 1856, Dred Scott v Sanford, el Juez Presidente Roger R. Taney concluyó que Estados Unidos no tiene autoridad constitucional para tomar territorios y mantenerlos por tiempo indefinido en una condición colonial. El concepto de territorio no-incorporado como una tercera opción fue planteado por algunos académicos de la Universidad de Harvard, principalmente por el profesor Abbott Lawrence Lowell. Esto le proveyó las municiones al Tribunal Supremo Federal para permitir que Estados Unidos se convirtiera en un imperio con colonias similar a los imperios europeos. En el primer caso Insular Downes vs Bidwell se adopta el concepto de territorio no-incorporado. Conocedores de asuntos legales alegan que los Casos Insulares son inconstitucionales y son los que establecieron la política pública de Estados Unidos con respecto a sus colonias. El Tribunal de Boston decidió que los nombramientos de la JSF son inconstitucionales, pero curiosamente concluyó que las decisiones que ha tomado la junta no se eliminan. Eso se parece a un Estado Libre Asociado, que ya el caso Sánchez Valle v ELA concluyó que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Me atrevo a aventurar que la Corte Federal decidirá que los nombramientos son constitucionales y se cerrará el círculo del estado de excepción. El estado de excepción comenzó con el primer caso insular Doweness v Bidwell del 1901, Estados Unidos seguirá ejerciendo su poder absoluto sobre el territorio no-incorporado (colonia) de Puerto Rico. Por el contrario si el Tribunal Supremo Federal decidiera que los nombramientos son inconstitucionales irían en contra de los poderes omnímodos que tiene el Congreso norteamericano sobre Puerto Rico y se caerían los casos insulares y eso presumo que no va a ocurrir. Si eso ocurriera serían noticias espectaculares para Puerto Rico y Guam que son las únicas posesiones norteamericanas que están bajo los casos insulares.

En variadas ocasiones anteriores las decisiones de los tribunales federales se adaptan o favorecen lo que es políticamente beneficioso para la nación norteamericana.

La ATM, los puertos, Pérez, Maceira y nuestro derecho al mar

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alt(San Juan, 10:00 a.m.). Todo está relacionado. Por un lado la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) la cual dirige Mara Pérez, ha sido removida de su función para las islas municipios de Vieques y Culebras. Dicho esto, Anthony Maceira, el mismo del chat de Telegram con Rosselló, se mantiene al frente de la Autoridad de los Puertos, y defiende la fusión de dos compañías proveedoras de servicios para que estas controlen el 80 por ciento de la carga de San Juan. Siendo esto a así, Pérez y Maceira, deben ser destituidos pues están jugando con un derecho fundamental del pueblo de Puerto Rico: el acceso al mar, por vía del transporte marítimo.

La crisis de Vieques y Culebra, no se resuelve aún. Entonces, vivimos en un situación compleja para los hermanos y hermanas residentes de dichas islas municipios, toda vez que la incapacidad del estado de proveer un servicio adecuado, aún no se estabiliza. No obstante en el día de ayer, la gobernadora Wanda Wázquez Garced decidió no remover de su posición a Mara Pérez, simplemente le pidió no trabajar las islas municipios. En principio, la dejo administrando la lancha de Cataño.

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El Estado de Alerta Nacional contra la violencia de género y el acoso en el empleo

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alt(San Juan, 11:00 a.m.) La semana de emergencia nacional contra la violencia hacia la mujer ha sido una de las medidas más importantes que ha tomado la gobernadora, la licenciada Wanda Vázquez durante su incumbencia. Los que conocemos alguna forma de esa violencia apoyamos esta gestión, aunque hubiésemos querido que incluyera a los sectores de diferentes identidades sexuales. De todas formas la medida ampara a miles de mujeres.

En la esfera privada se cometen muchos actos delictivos contra las mujeres que violan el título VII de Derechos Civiles y la Ley 17 contra el hostigamiento sexual en el trabajo. He conocido personalmente el discrimen contra la mujer mientras trabajé en una institución privada.. En 1989 tuve un caso de hostigamiento sexual en la Oficina de College Board que logré ganar por fallo del Director del Departamento del Trabajo Ruy Delgado Zayas. Recibí el apoyo de las legisladoras Zayda Cucusa Hernández y Velda González Modesti. Recibí múltiples vejaciones por mi querrella y fui expulsada de la oficina por dos semanas debido a que me negué a aceptar la investigación de Norman Parsons, entonces Director de Personal de College Board en Estados Unidos, debido a su alegación sin pruebas de que mi acusación contra Andrés Menéndez Raimat, Director de las Pruebas de Certificación de Maestros se fundamentaba en que padecía de mis facultades mentales. En ningún momento se presentó evidencia de ello y no pudieron sacarme de mi puesto de Directora Auxiliar mediante el cual atendía la preparación de ejercicios para las pruebas de entrada a la universidad. Dirigía la Oficina en ese momento Manuel Maldonado Rivera quien nunca divulgó, como determina la ley, las leyes de hostigamiento sexual en el trabajo.

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Justicia [histórica] para el estudio de la Planificación en Puerto Rico

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alt(San Juan, 10:00 a.m.) La historia de la planificación en Puerto Rico se encuentra seriamente inconclusa o más bien es una agenda pendiente. Cuando señalo que está inconclusa lo hago de forma metafórica porque ninguna historia puede afirmarse como que está completa y sobre todo en la planificación que es una disciplina viva y que se encuentra en constante cambio. Por otro lado, cuando puntualizo que es una agenda pendiente, no me refiero a que no se haya estudiado ni documentado nada. Afirmar algo como eso sería faltarles el respeto a investigadores como Rafael Pico Santiago, Aníbal Sepúlveda, Guillermo Baralt, Ramonita Vega Lugo, Sara Aponte, Walter Cardona, Fernando Picó, por mencionar solo algunos estudiosos que han trabajado la temática de la planificación y el urbanismo desde una perspectiva histórica. No obstante, con un supremo respeto me atrevo a decir que esos esfuerzos sólo han comenzado a rasguñar la “punta del iceberg” de la historia de la planificación puertorriqueña.

Mi reclamo, o más bien estoy tratando de levantar bandera sobre los documentos, que estimo deben estar en el Archivo General de Puerto Rico (AGPR) y que lamentablemente no se encuentran disponible para consulta de los investigadores. Planos, mapas, informes, y otros tantos documentos que deben estar en un limbo hasta que puedan ser llevados a la luz nuevamente y recobren su importancia; pero ahora desde una perspectiva histórica. Me consta la encomiable labor que realizan los archiveros en el AGPR, pero el volumen de documentos es tal, que no les permite adelantar su tarea. Es ahí donde estimo que se hace necesario el compromiso de personas interesados, dispuestos a dar la mano y realizar voluntariados para colaborar con las tareas. Estudiantes de historia urbanismo y planificación a nivel graduado de las diversas universidades podrían estar muy interesados en colaborar. También investigadores independientes sé que estarían (o debería decir estaríamos) dispuestos a colaborar. Pero el proceso para colaborar es tan sencillo, como complicado.

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