Mar05302017

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¿Es constitucional la deuda del Gobierno de Puerto Rico?

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alt(San Juan, 11:00 a.m.) Desde la primera ley orgánica emitida por el Congreso de los EE.UU. para regular la relación territorial/colonial entre Puerto Rico y los EE.UU., la llamada Ley Foraker de 1900, se estableció que el gobierno de Puerto Rico habría de emitir bonos, para subvencionar el aparato burocrático de la isla. En la segunda ley orgánica, la llamada Ley Jones de 1917, se volvió a enfatizar sobre esto, y se le estableció un límite al gobierno de Puerto Rico, para que la deuda pública, los llamados bonos, no representaran más del 5 por ciento del presupuesto nacional.

Luego en la Constitución del Estado Libre Asociado, impulsado por el Congreso de los EE.UU., bajo el manto de la Ley 600 de 1950, se definió que el gobierno podría emitir deuda, pero nunca comprometerla a más del 15 por ciento del presupuesto nacional. Ante este cuadro, hay que preguntarse si la deuda existente hoy bajo el andamiaje burocrático del gobierno de Puerto Rico, excede o no dicha limitación constitucional creada al amparo del Congreso federal.

Esta es la controversia más complicada bajo la jurisdicción hoy de la llamada ley PROMESA, la cual tiene jurisdicción bajo el ente federal llamado la Junta de Supervisión Fiscal, creado en junio del 2016. Bajo dicha ley Federal, existe un mandato para renegociar la deuda pública del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. Lo que no tenemos claridad es, nuevamente, cuál es la deuda.

Desde hace poco más de dos años, la economista Martha Quiñones comenzó a plantear la necesidad de hacerle una auditoría a la deuda pública. Dicha posición fue asumida por el gobierno del entonces gobernador, Alejandro García Padilla, y se estableció una comisión especial, para auditar 44 años de la deuda pública del país, y saber, entre otras cosas si la misma había excedido el límite constitucional. Este proceso fue abortado en el mes de enero por el nuevo gobierno de Ricardo Rosselló. Bajo la Junta de Supervisión Fiscal, se planteó tímidamente auditar unos años de la deuda pública. Sectores de la sociedad civil, como la Cumbre Social y algunos sindicatos, solicitan que se audite toda la deuda constitucional desde el 1974.

Ahora bien, lo que nadie podría haber pensado es que una facción de los bonistas que participan en el pleito de cobro contra el gobierno de Puerto Rico, hoy hayan pedido también que se audite la deuda. Su razón es distinta: ellos quieren cobrar primero que otro grupo de bonistas con el cual el gobierno intenta negociar su petición de pago.

Son tiempos complejos. El tema de la deuda es uno muy complicado y para la mayoría de las personas les es difícil de entender. No obstante, hay que estudiar el mismo, de lo contrario no podremos decidir si es momento de protestar o de callar. Pensemos.