Los federales dejaron de escuchar a Ricardo Rosselló

(San Juan, 3:00 p.m.) En medio de un país en crisis, el gobernador de turno de Puerto Rico, Ricardo Rosselló se empecinó en pedir fondos para construir una nueva Autoridad de Energía Eléctrica ante el Congreso federal, en la vista del pasado martes, y hoy se consuman varios eventos que confirman lo desacertado de su comparecencia.

Contrario a término, la vista del martes era de conformidad con la ley Strafford, la cual es de 1988, se constituye el sistema de respuesta a los desastres por parte del gobierno federal. Esto da vida a la agencia de FEMA, la cual en Puerto Rico se conoce popular mente como la ley de los toldos azules, pero que realmente hablando es una ley de respuesta a las crisis atmosféricas.

El gobernador fue a la vista pasada, pidiendo un plan de reconstrucción de $94 mil millones de dólares. Ante la sorpresa de los legisladores federales, la pregunta clave fue cuestionar si él tenía la capacidad para administrar los fondos federales de forma seria y transparente. Pero más aún, los legisladores le cuestionaron continuamente si el entendía que era su gestión la de construir un nuevo gobierno o rehabilitar el existente.

El gobernador se concentró en que quería $17 mil millones para hacer una nueva AEE. Lo interesante es que el gobernador en medio de su comparecencia pedía continuamente dinero para nueva maquinaria, mientras los legisladores le recordaban que la ley Strafford es para rehabilitar lo existente.

Hoy viernes el gobernador ha reconocido y recibido el efecto de su imprudencia del pasado martes en Washington. Por un lado, las fuerzas externas a su administración exigieron la renuncia inmediata de Ricardo Ramos, hasta hoy el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por otro lado, el presidente de los EE.UU., sometió hoy al congreso un plan de rescate para todos los estados y territorios afectados por el paso de los huracanes María e Irma, lo cual ese encuentra muy lejos de lo solicitado por el gobernador Rosselló. Este pidió $94 mil millones para Puerto Rico, y el presidente solicitó $44 mil millones para todas las jurisdicciones afectadas por el paso del huracán.

Esto se da también en el marco de un gobierno federal que pasó propuestas de legislación para la reforma fiscal de dicho país, que ponen en jaque a la administración dependiente del gobierno de Puerto Rico. De todas, no solo hay que hablar de los impuestos que desean imponerles a las empresas multinacionales que existen en Puerto Rico sin pagar contribuciones; también ahora desean modificar los tributos del ron de los cuales desde principios del Siglo XX, Puerto Rico se ha beneficiado.

Ante este cuadro, solo nos queda reconocer que las cosas están cambiando en Puerto Rico. Que posiblemente el gobierno de los EE.UU. está modificando un cambio en la cosmovisión para la isla. Se trata de una ventaja de la cual podríamos tomar ventaja en dirección hacia la independencia nacional. Pensemos.