Proyecto de la Cámara restringe el derecho al aborto en casos de adopción

alt(San Juan, 12:00 p.m.) En una movida que se puede interpretar como una dádiva a los sectores conservadores que le apoyaron el Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó en la Cámara de Representantes una nueva ley de Adopción de Puerto Rico que contiene una disposición cuyo efecto es limitar o intervenir con el derecho al aborto de las mujeres en la isla.

Bajo el sistema constitucional de los Estados Unidos las mujeres tienen derecho a practicarse un aborto, con ciertas condiciones, bajo la premisa de la existencia de su derecho a la intimidad. En dicho sistema el derecho de la mujer a practicarse un aborto es casi irrestricto durante el primer trimestre del embarazo. La tendencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sido a proteger dicho derecho en el primer trimestre de cualquier intervención u obstáculo que el estado intente poner al ejercicio del mismo.

Bajo la nueva ley de Adopción de Puerto Rico la Cámara de Representantes ha establecido un régimen de entrega voluntaria de menores que incluye una orientación acerca de la opción de la adopción voluntaria. La disposición establece que cuando una mujer embarazada “acuda a una institución de servicios de salud, con el propósito de terminar su embarazo” la institución la referirá a un trabajador social o “profesional en el campo de la salud y el bienestar social” para orientarla sobre alternativas disponibles ante “embarazos no deseados”. Aunque la disposición no establece que la mujer tiene que recibir la orientación, sino que debe ser referida para la misma, la mera intromisión del estado en el ejercicio de su derecho a la intimidad constituye una amenaza a sus derechos constitucionales.

La disposición establece que la mujer recibirá la orientación de forma “libre, voluntaria y gratuita” garantizando sus derechos constitucionales. Esta afirmación, sobre la protección de sus derechos, implica que no puede existir coacción alguna al momento de dar la orientación. El problema reside en que el hecho de que la mujer sea referida para recibir orientación implica un intento por parte del estado para que la mujer embarazada cambie de opinión acerca de la terminación del aborto. Una de las preguntas que habría que hacer es, ¿cuál sería el impacto emocional de dicha orientación, e incluso de dicho referido, en la mujer que ha decidido terminar su embarazo?

La nueva ley de Adopción fue enmendada para permitir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, prohibición que tenía visos de inconstitucionalidad al constituir un discrimen por razón de orientación sexual.