Mar10232018

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El Congreso decide: o foráneos o domésticos

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alt(San Juan, 3:00 p.m.) Esta semana es decisiva para Puerto Rico en el Congreso porque se decidirá el impacto que tendrá sobre Puerto Rico la reforma contributiva federal. En juego están el futuro de 200,000 empleos, el 40 por ciento del PIB, la operación del sistema de salud pública y la quiebra definitiva del gobierno y sus corporaciones.

La batalla entre las principales facciones del gobernante Partido Nuevo Progresistas sobre cómo presentarán el caso de Puerto Rico ante el Congreso parece haberse zanjado. El gobierno, junto al Partido Popular Democrático y los empresarios, presentarán un frente común para proteger a las empresas estadounidenses que operan como foráneas en un territorio estadounidense.

Pero ¿cómo es posible que compañías estadounidenses puedan operar en territorio propiedad de los Estados Unidos como si lo hicieran en territorio extranjero?

Debemos revisar el proceso histórico de Puerto Rico y los famosos Casos Insulares que determinaron la política imperial de Estados Unidos para con las islas que integran el Archipiélago Borincano.

Nos remontamos al año 1898 cuando la adquisición de territorios coloniales por Estados Unidos generó una profunda controversia entre los políticos e intelectuales estadounidenses. Hubo grandes discusiones sobre la constitucionalidad del hecho y las implicaciones que esto tendría sobre la democracia estadounidense.

El derecho de Estados Unidos de poseer territorios no incorporados fue resuelto en decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en una serie de litigios legales. Las decisiones legales favorecieron la política imperialista. Los jueces determinaron que Puerto Rico no era similar a los otros territorios que se habían integrado a la nación; era una dependencia, una posesión, una propiedad que no estaba sujeta a las restricciones establecidas por la Constitución de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense no tenía mayor responsabilidad que asegurar a los ciudadanos de la Isla unos derechos humanos básicos, pero podía mantener el estatus colonial indefinidamente porque no está obligado a comprometerse con la anexión o la independencia.

Las islas borincanas son una propiedad de la nación, pero no se concibe como un territorio capacitado para ser parte de los Estados Unidos. La determinación es discriminatoria y reafirma la percepción promovida por los intereses imperialistas de que los puertorriqueños eran pobres indigentes, producto del mestizaje y poseedores de una cultura inferior y desconocedora de los principios básicos que le permitiera autogobernarse. Estas decisiones permitieron que Estados Unidos estableciera leyes especiales para gobernar la Isla.

Los Casos Insulares son una veintena, pero los tres principales son De Lima vs. Bidwell; Downes vs. Bidwell y People of Porto Rico vs. Balzac.

El primer caso que nos comete, De Lima vs, Bidwell tiene que ver con el comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos. De Lima era un comerciante que en 1898 importó azúcar a los Estados Unidos. Al llegar al puerto de Nueva York, la aduana le exigió el pago de impuestos por su embarque. El comerciante alegó que estaba exento del pago debido a que Puerto Rico era un territorio de los Estados Unidos. El litigio fue visto en la Corte Federal de Boston donde De Lima pierde el caso. El juez Brown emitió una opinión donde expone que Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos por el Tratado de París que estaba bajo un gobierno militar y que era una posesión gobernada y administrada por los Estados Unidos, pero no un territorio exento del pago de aranceles.

El segundo caso, Downes vs. Bidwell, es considerado el principal de los tres porque define la política colonial estadounidense para la Isla. Downes es un importador de naranjas neoyorquino que se queja del 15 por ciento de aranceles que le cobran por el intercambio comercial entre San Juan y Nueva York. Downes puntualiza que el arancel violenta la cláusula constitucional que establece la paridad arancelaria en todo Estados Unidos. Este caso generó una fuerte discusión sobre la legalidad del país para establecer un imperio. La Corte emitió cinco opiniones en el caso, ninguna obtuvo mayoría, pero tres de ellas sustentaban el poder de regentar “territorios adquiridos por conquista o tratados sin las restricciones impuestas por la Constitución”.

El Tribunal Supremo concluyó que la Constitución estadounidense solo aplica a los estados y territorios a los que el Congreso ha determinado cobijar bajo sus leyes. La opinión del Juez Edward D. White es la que más influencia ha tenido en relación con Puerto Rico. White dictaminó que Estados Unidos tiene dos clases de territorios sobre los cuales ejerce su poder absoluto: los incorporados a la nación y los no incorporados. Puerto Rico pertenece al segundo grupo y solo le aplican aquellas leyes que el Congreso determina.

El tercer caso es el de People of Porto Rico vs. Balzac que determina que la ciudadanía estadounidense es una de segunda categoría para los puertorriqueños.

José María Balzac, líder obrero de Arecibo escribió bajo el seudónimo “El Caballero Andante” un artículo en el periódico El Baluarte donde condenaba las ejecutorias opresivas del gobernador Jaguer. El artículo fue publicado el 16 de abril de 1918. El rotativo se distribuía por correspondencia por lo que cuando el gobierno radicó un caso contra el escritor este fue identificado como el autor del artículo. El caso por libelo fue visto en el Tribunal de Arecibo que encontró a Balzac culpable. Balzac apela y solicita un juicio por jurado alegando que este derecho lo cobijaba como ciudadano “americano” pues esta ciudadanía le fue impuesta en 1917. En 1922 la Corte determinó por unanimidad que la otorgación de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños no convertía a Puerto Rico en parte de los Estados Unidos.

Estas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos permiten la creación de leyes especiales que aplican solo a Puerto Rico. Estas leyes tratan a la isla en unos casos como una colonia y otra como un país extranjero para beneficio de los intereses capitalistas estadounidenses. Puerto Rico es un mercado para los productos de la metrópoli, por eso las concesiones económicas que se le han hecho en el pasado a la isla y la dualidad en el trato político.

La decisión que tome el Congreso esta semana sobre el caso de Puerto Rico no solo afectará a los habitantes del país en su aspecto económico sino político. Un cambio en las leyes que cobijan a las compañías estadounidenses como foráneas dará inicio a una nueva política imperial. Debemos mantenernos atentos.