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¿Constitucionalmente legales los nombramientos Junta Supervisión Fiscal?

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alt(San Juan, 10:00 a.m.) Recientemente el fondo de inversiones Aurelius Capital Management y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) han cuestionado la constitucionalidad del nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En su contestación los abogados de la JSF recalcan que los nombramientos que se hacen a la luz de la Constitución de Estados Unidos no aplican a los oficiales territoriales como la JSF. Sostienen, además, que los poderes de la JSF están enmarcados en la cláusula territorial que provee poderes plenarios al Congreso sobre el territorio de Puerto Rico y que así lo afirma la decisión del caso Pueblo v. Sánchez Valle (2016) en el que se concluye que Puerto Rico como territorio no-incorporado no goza de soberanía.

Por otro lado, la Oficina del Procurador General de Estados Unidos sostiene que el proceso para nombrar a los miembros de la JSF no implica violación a la Constitución norteamericana. El fondo de inversiones Aurelius alega que los miembros de la JSF fueron nombrados ilegalmente y por tanto solicita la desestimación de los casos de quiebra. Recalcan que los nombramientos no tuvieron la confirmación senatorial.

Los miembros de la JSF fueron nombrados por el Presidente Barack Obama. El personalmente escogió a un miembro y los otros fueron escogidos de una lista que sometieron los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se supone que la Jueza Laura Taylor Swain decida esta controversia la próxima semana.

El Congreso le transfirió a la JSF los poderes que tiene sobre el territorio no-incorporado de Puerto Rico con la intención de ayudar a que la colonia supere la crisis económica en que se encuentra. Al comienzo hubo gran resistencia a la aprobación de la Ley PROMESA y a la designación de la JSF. Pero gradualmente hemos aceptado a la JSF y hasta las uniones obreras han indicado su intención de trabajar junto a la misma.

Que nadie se haga de ilusiones: la JSF no se marchará de Puerto Rico hasta tanto se resuelva la crisis económica del país; esto es, que tengamos acceso a los mercados mundiales a intereses razonables y que los gastos no sean mayores que los ingresos. Eso se estima que tomará entre 10 y 12 años o posiblemente más tiempo.

Pero ante un marco de referencia más amplio y el que los nombramientos de los miembros de la JSF no haya sido inconstitucional, sin embargo, la ley PROMESA y la designación de la JSF sí puede ser considerada como inconstitucional. La invención y la aplicación del concepto de territorio no-incorporado viola la Constitución de Estados Unidos. Al expandirse hacia el oeste los territorios obtenidos tenían que ser admitidos como estados o se les debía otorgar la independencia.

En el 1820, en el caso Loughborugh v Blake, el Juez Presidente John Marshall dictaminó que la Constitución norteamericana se aplicaba a todo Estados Unidos, incluyendo al Distrito de Columbia y a los territorios. En un segundo caso en el 1856, Dred Scott v Sanford, el Juez Presidente Roger R. Taney concluyó que Estados Unidos no tiene autoridad constitucional para tomar territorios y mantenerlos por tiempo indefinido en una condición colonial.

El concepto de territorio no-incorporado como una tercera opción fue planteado por algunos académicos de la Universidad de Harvard, principalmente por el profesor Abbott Lawrence Lowell. Esto le proveyó las municiones al Tribunal Supremo Federal para permitir que Estados Unidos se convirtiera en un imperio similar a los imperios europeos. En el primer caso Insular Downes vs Bidwell se adopta el concepto de territorio no-incorporado y se aplica a Puerto Rico. En ese caso es que se acuña la frase: Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. De acuerdo a conocedores de asuntos legales se alega que los Casos Insulares son inconstitucionales y son los que establecieron la política pública de Estados Unidos con respecto a sus colonias.

La Constitución norteamericana se aplica selectivamente a la colonia de Puerto Rico-- no se aplica en toda su extensión. La Constitución tampoco se aplica totalmente en la Base de Guantánamo en Cuba donde ondea la bandera norteamericana. Esa base está bajo control exclusivo y directo de Estados Unidos. Cuba no tiene soberanía sobre Guantánamo, base que está en su territorio, esa soberanía solo existe en el abstracto, pero para Estados Unidos es una ficción legal muy conveniente. Los detenidos en esa base fuera del territorio de Estados Unidos no poseen derechos legales en las cortes estadounidenses.

Volviendo a la constitucionalidad del nombramiento de los miembros de la JSF podemos decir, que si en el macro se dictaminó que la ley que creó el territorio no-incorporado de Puerto Rico es inconstitucional se desprende que en el micro la ley PROMESA, la designación de la JSF y de sus miembros se debe interpretar como inconstitucional también. Esperemos cuál será la decisión de la Jueza Laura Taylor Swain. Pero como hemos visto en variadas ocasiones anteriores las decisiones de los tribunales federales se adaptan o favorecen lo que es políticamente favorable para la nación norteamericana.