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¡Berta Cáceres vive!

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alt(San Juan, 11:00 a.m.) El horrendo asesinato de Berta Cáceres en Honduras es un grito de protesta ante la humanidad que mira pasiva y cobardemente cómo se roban y destruyen los pocos ríos que languidecen en el planeta.

Berta, una líder medioambiental y destacada defensora de los derechos humanos, perteneciente a la etnia Lenca del país centroamericano, fue galardonada en abril de 2015 con el Premio Medioambiental Goldman por su defensa de los recursos naturales de los hondureños.

Berta se opuso a un proyecto hidroeléctrico —la Represa de Agua Zarca— de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA). DESA inicialmente contaba con el respaldo de una compañía china (Synohidro), pero ésta lo abandonó en 2013, al constatar el rechazo de las comunidades, con lo cual también el Banco Mundial retiró su apoyo financiero.

El alevoso crimen contra Berta Cáceres nos hizo recordar los más de diez años de lucha que llevamos desde el Servicio Paz y Justicia-Panamá contra Minera Petaquilla.

En Donoso, distrito de Colón, Minera Petaquilla cometió iguales o peores crímenes contra la población, los sistemas ecológicos, la fauna y la flora. En Petaquilla, un contrato de 1997 autorizado bajo la administración de Ernesto Pérez Balladares tenía tantos defectos formales y de fondo que harían palidecer al Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 y que, como este, le permitían actuar al señor Richard Fifer ‘como si fuera soberano' en Coclesito y Donoso. Pero el ‘soberano', al menos hoy, está ‘preso', repatriado desde Colombia, acusado de no pagar impuestos de los obreros.

Retener dineros ajenos no es delito ambiental, pero de retener dineros del fisco ya se le acusó a Fifer, exgobernador de Coclé bajo la administración de Mireya Moscoso. En cambio, son incontables las fechorías ambientales, ecológicas y de derechos humanos de Minera Petaquilla, en Colón y Coclé, a saber:

Actuar ilegalmente al no contar con el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades; al no poseer un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado; al violar la Constitución Nacional por impedir el libre tránsito en el territorio nacional, particularmente de comunidades indígenas; al presentar tardíamente un EIA de dudosa procedencia, no sometido a consulta comunitaria; al actuar sin el conocimiento ni consentimiento de los ministerios de Salud y Trabajo, de la Policía, Migración o de la Autoridad Nacional del Ambiente; violación de contrato al explorar en sitios no autorizados; realizar actividades comerciales no permitidas con nuestros recursos forestales; tener tinas de lixiviación defectuosas desde su construcción inicial; contaminar aguas superficiales y subterráneas; destruir ríos; deforestar indiscriminadamente; reforestar engañosamente; desaparecer especies endémicas de plantas y animales; destruir y desalentar faenas agrícolas; trabajar en condiciones insalubres; propaganda falsa o exageradas sobre construcciones, centros de salud y potabilizadoras; invasión, utilización y apropiación de fincas tituladas; ocultamiento de muertos por contaminación en hospitales de las provincias centrales; agresiones a los miembros de comisiones científicas de la Universidad de Panamá; intentos de asesinato a los miembros de Serpaj, Julio Yao (presidente), la dirigente María Muñoz (Coordinadora Campesina por la Vida, antes contra los Embalses) y el periodista Blas Julio, a quien hirieron con una roca durante una reunión con la comunidad; difamación contra Julio Yao, a quien se le negó el derecho a réplica en un programa de televisión boxística del patio.

Los anteriores delitos se suman a otras circunstancias creadas a raíz del proyecto de minería a cielo abierto en Coclesito, como la proliferación de cantinas, prostitución, drogadicción y narcotráfico; embarazo de niñas en edad escolar, etc.

El asesinato de Berta Cáceres es un llamado a nuestra conciencia para defender no solo nuestro patrimonio nacional de aire, tierras y aguas en beneficio de nuestra población, sino también para investigar los posibles delitos de la empresa minera y a los Gobiernos de Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli, para determinar si se han producido actos de corrupción que no pueden pasar inadvertidos por la justicia panameña.