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Declaran Inconstitucional acciones de la secretaria Keleher

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altLa Asociación de Maestros de Puerto Rico se anotó una victoria legal cuando la jueza superior Iris Cancio González declaró inconstitucional un fragmento de la ley que estableció las escuelas charters y los vales educativos. La ley había sido propuesta como una reforma educativa por la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el Departamento de Educación.

La decisión legal se suma a otra del Tribunal Supremo que dictaminó un “No a lugar” al pedido de Julia Keleher contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, a principios de junio, que ordenó un interdicto permanente para que Educación paralizara el cierre de seis escuelas de la región educativa arecibeña.

La decisión de la Jueza se basa en que la Constitución instituye que “no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado”.

La Constitución es clara, pero el Partido Nuevo Progresista ha tenido en su haber hacerse de la vista larga en cuanto asuntos constitucionales. De hecho, una de las razones por las cuales el ex gobernador Luis Fortuño Burset enmendó el número de jueces del Tribunal Supremo a nueve y así poder nombrar tres jueces fue asegurarse que las decisiones de la máxima corte de justicia favorecieran a su partido.

“Al fin alguien demuestra respeto por nuestra Constitución”, señaló Jefté Serrano, padre de dos niños en grados primarios en la región educativa de San Juan. “Hemos estado luchando por justicia en contra de las decisiones de una Secretaria de Educación que no conoce nuestra idiosincrasia”.

“Nuestros hijos son los más afectados por el cierre de escuelas, la desarticulación de los programas de asistencia a estudiantes con impedimentos y las decisiones arbitrarias sin consultar a maestros y padres. Las comunidades merecen respeto”, añadió Serrano.

“No entiendo cómo es posible que este gobierno quiera poner la educación pública en manos de organizaciones sin fines de lucro e iglesias neo-pentecostales fundamentalistas”, cuestionó María Torres, madre de dos estudiantes, uno en elemental y el otro en intermedia en la región educativa de Mayagüez. “Atentan contra los principios básicos expuestos en la Constitución. La jueza actuó sabiamente”.

Torres hace referencia a que en su decisión, la jueza Cancio González indicó que el gobierno no podrá otorgar las escuelas públicas a organizaciones sin fines de lucro u cualquier otra agencia no gubernamental; solo a la Universidad de Puerto Rico o los municipios.

La sección de la ley de Reforma Educativa de Puerto Rico declarada inconstitucional es el artículo es el 13.05(a)(4)(5)(6)(7)(8)(9). Además, declaró inconstitucional que el gobierno otorgue vales educativos para el “acceso a escuelas privadas por estudiantes de escuelas públicas” como establece el Artículo 14.02(c).

Sin embargo, la jueza especificó que sí se podrá crear escuelas alianza con la Universidad de Puerto Rico y los municipios.

“Pese a nuestra determinación, el Gobierno de Puerto Rico aún queda facultado para crear Escuelas Alianza con municipio y la universidad del Estado”, determinó la jueza.

Además, “podrá otorgar certificados del programa de Libre Selección de Escuelas a estudiantes de instituciones privadas o públicas que busquen formar parte del sistema de enseñanza pública”.

Cancio González fue crítica del gobierno al establecer que este conflicto ya se dilucidó en los tribunales hace más de 15 años y resaltó la ineficiencia de crear un sistema educativo de calidad.

“Parece que nada se ha avanzado en remediar los males que limitan el pleno desarrollo de la persona mediante la educación pública, tal cual aspira nuestra Constitución. El Estado no puede desistir en aspirar a un sistema de instrucción pública sobresaliente, según requerido en nuestra Carta Magna. Sin embargo, las políticas públicas del Estado deben ser compatibles con la Constitución, ya que esta no se pone en pausa para hacer ensayos”, expuso.