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Wanda Vázquez de acusadora a acusada

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alt(San Juan, 11:00 a.m.) Puerto Rico era un país de “ley y orden” hasta que el 2 de enero del 2017 juramentó el gobierno que desmoronó la confianza de un pueblo en sus instituciones gubernamentales. Una administración caracterizada por la improvisación, la corrupción institucional y el despilfarro del dinero público entre “los amigos del alma” mediante salarios exorbitantes, incentivos contributivos de decenas de miles de dólares, contratos de asesoría a empleados fantasmas y, sobre todo, el respaldo del gobernador a la ineptitud e ineficiencia de sus más fieles colaboradores.

Para el ciudadano de a pie se le hace difícil entender cómo los funcionarios encargados de representar a los organismos gubernamentales que proveen los servicios públicos se acusan entre sí como “fabricadores de casos”, legisladores acusados de fraude y un alcalde acusado de violencia sexual. Si ellos que son los “honorables” avergüenzan con sus actos y en muchas ocasiones salen ilesos, qué podemos esperar de los que no ostentan poder y riqueza ni el acceso a la justicia con el que ellos cuentan.

La Secretaria de Justicia ha sido acusada por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente (OPFEI) de cargos que aún no sabemos, es la tercera en la sucesión del gobernador en la Constitución del Estado Libre Asociado. Ella representa al “Pueblo” en los procedimientos criminales en el Tribunal de Justicia y a partir de la próxima semana “un fiscal independiente” la estará acusando de posibles delitos de carácter ético-gubernamental, será fichada y se le impondrá una fianza, en la que podrá visitar la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.

El país respeta y ha respetado las instituciones de gobierno. Sin embargo, se pregunta cómo un ex secretario de justicia acusado de “estar regateando en la vía pública” sale por la puerta ancha del proceso judicial. Nos preguntamos cómo los referidos a la OPFEI de allegados directos del candidato a gobernador que se comunicaban con un juez durante el proceso electoral a través de un “WhatsApp” salen todos exonerados del proceso menos el juez al que dejaron solo.

Nuestra Isla del Encanto, que un momento se llamó la “Vitrina del Caribe”, se ha ido convirtiendo en la “Trastienda del Caribe”. La ley orgánica llamada E.L.A. nunca ha existido como estableció el Tribunal Supremo Federal y el Tribunal de Distrito a través de los Títulos III de PROMESA. Lo que queda del E.L.A. está bajo un procedimiento de quiebra y sujeto a los vaivenes de una Junta de Supervisión Fiscal quienes están comprometiendo el pago de la deuda pública a los bonistas a través del IVU por los próximos cuarenta años, eliminando y reduciendo las pensiones de retiro, cerrando y desmantelando a la Universidad de Puerto Rico y gastando miles de dólares mensuales en abogados y asesores a costa del sudor del pueblo.

El gobierno institucional dejó de existir desde el 30 de junio del 2016 con la Ley PROMESA y los que están administrándolo se han dedicado a desmantelarlo en todas sus áreas esenciales : la seguridad pública con una “sombrilla” que no tiene dirección y promoviendo que los policías y bomberos sigan dejando la isla; la salud con un sistema de Reforma que nadie entiende y solamente las aseguradoras de los planes médicos se siguen enriqueciendo; con un sistema de educación que se desmiembra con el cierre de escuelas y el despido de maestros, junto a un pueblo que no se atreve a salir a las calles por la alta incidencia criminal a cualquier hora del día.

Nos toca a nosotros, los ciudadanos de a pie, el llamado “pueblo” o sociedad civil, levantarnos contra la corrupción y acusar a los que nos roban el país junto al futuro de las próximas generaciones. Tenemos que demostrar que somos nosotros juntos los que podemos tomar el toro por los cuernos y trastocar todo el obsceno e inmoral país en el que nos están convirtiendo.