Lun09232019

Last update09:51:47 AM

Informe de Auditoría Interna en la UPR Humacao levanta señalamientos

  • PDF

altEn días recientes, se hizo público un informe de la Oficina de Auditoría Interna, sobre alegaciones que le imputan a la administración del Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ciertas deficiencias en la administración de fondos públicos luego del paso del huracán María entre septiembre de 2017 a mayo de 2018. El informe, con fecha del 9 de junio de 2019, se hizo público durante esta semana, pese a que aparentemente la oficina de la presidencia de la institución, la cual dirige Jorge Alvarado Haddock, no lo había hecho público.

El informe advierte que se trata de prácticas asumidas por la administración del recinto, haciendo señalamientos en algunos casos contra la rectoría que dirige de forma interina, Héctor Ríos Maury, y a veces contra personas que estaban bajo su supervisión. El informe no tiene señalamiento alguno de apropiación de fondos públicos por parte de la gerencia del recinto, sino señalamientos de pobre gestión en la administración de los fondos.

Dicho lo anterior, y contrario a lo que se ha difundido en los medios de prensa del país, el informe contiene una compleja crítica, toda vez que reconoce que durante el término de evaluación, entre septiembre de 2017 a mayo del 2018, donde se hacen también los señalamientos de prácticas administrativas incorrectas o insuficientes, la isla atravesaba un estado de emergencia nacional. En este sentido, algunas de las prácticas cuestionadas por el informe, de forma contradictoria se justificaron por el estado de emergencia que el entonces incumbente, Ricardo Rosselló Nevares, desde la Fortaleza, había promovido por vía de orden ejecutiva.

En las recomendaciones del informe se indica que la administración central debe tomar nota de lo acaecido en este recinto, así como en otros, y promover una regulación más eficiente y efectiva para situaciones futuras. De forma amplia el informe sugiere que se tome la acción que proceda, aunque no señala contra quién o qué tipo de acción.

Este informe tiene un efecto contradictorio de por un lado fortalecer las prácticas administrativas de la UPR; aunque por otro lado, también tiene el efecto de debilitar la institución, pues compromete a personas decentes que intentan hacer la gestión pública pese a todos los contratiempos y directrices burocráticas, en momentos de austeridad, cambio continuo de normas, y más que nada una fiscalización a veces injustificada de los medios de prensa y sistemas mediáticos, de hurgar y acusar, cuando realmente hablando no hay nada.

Pero lo peor de todo, es que este informe, consistente con informes similares utilizados en el caso contra Urayoan Walker, pasado presidente de la UPR, y Carlos Severino, pasado rector de Rio Piedras, se han utilizado para criminalizar la práctica administrativa de académicos del sistema de universidad pública. Estamos en un momento donde uno se cuestiona el origen de la agenda en los informes que terminan criminalizando a personas que en ninguna circunstancia se les acusa de apropiarse de fondos públicos para beneficio personal. A todos se les acusa, por el contrario, de las prácticas [in]correctas en la gestión de los fondos públicos. Pensemos.