Aurelius, Utier v. Junta de Supervisión Fiscal

Image result for Aurelius, Utier v. Junta de Supervisión Fiscal(San Juan, 3:00 p.m.) El fondo de inversiones Aurelius Capital Management y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) han cuestionado la constitucionalidad del nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En su contestación los abogados de la JSF recalcan que los nombramientos que se hacen a la luz de la Constitución de Estados Unidos no aplican a los oficiales territoriales como la JSF. Sostienen, además, que los poderes de la JSF están enmarcados en la cláusula territorial que provee poderes plenarios al Congreso sobre el territorio de Puerto Rico y que así lo afirma la decisión del caso Sánchez Valle v Estado Libre Asociado en el que se concluye que Puerto Rico como territorio no-incorporado no goza de soberanía. Por otro lado, la Oficina del Procurador General de Estados Unidos sostiene que el proceso para nombrar a los miembros de la JSF no implica violación a la Constitución norteamericana. El fondo de inversiones Aurelius alega que los miembros de la JSF fueron nombrados ilegalmente pues no tuvieron la confirmación senatorial.

Los miembros de la JSF fueron nombrados por el Presidente Barack Obama. Él personalmente escogió a un miembro y los otros fueron escogidos de una lista que sometieron los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se supone que el 15 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo vea el caso con los alegatos de ambas partes. Se desconoce cuándo emitirá su decisión.

El Congreso le transfirió a la JSF los poderes que tiene sobre el territorio no-incorporado de Puerto Rico con la intención de ayudar a que la colonia supere la crisis económica en que se encuentra. Que nadie se haga de ilusiones: la JSF no se marchará de Puerto Rico hasta tanto se resuelva la crisis económica del país; esto es, que tengamos acceso a los mercados mundiales a intereses razonables y que los gastos no sean mayores que los ingresos. Eso se estima que tomará entre 10 y 12 años o posiblemente más tiempo.

La invención y la aplicación del concepto de territorio no-incorporado viola la Constitución de Estados Unidos. Al expandirse hacia el oeste los territorios obtenidos tenían que ser admitidos como estados o se les debía otorgar la independencia.

En el 1820, en el caso Loughborugh v Blake, el Juez Presidente John Marshall dictaminó que la Constitución norteamericana se aplicaba a todo Estados Unidos, incluyendo al Distrito de Columbia y a los territorios. En un segundo caso en el 1856, Dred Scott v Sanford, el Juez Presidente Roger R. Taney concluyó que Estados Unidos no tiene autoridad constitucional para tomar territorios y mantenerlos por tiempo indefinido en una condición colonial. El concepto de territorio no-incorporado como una tercera opción fue planteado por algunos académicos de la Universidad de Harvard, principalmente por el profesor Abbott Lawrence Lowell. Esto le proveyó las municiones al Tribunal Supremo Federal para permitir que Estados Unidos se convirtiera en un imperio con colonias similar a los imperios europeos. En el primer caso Insular Downes vs Bidwell se adopta el concepto de territorio no-incorporado. Conocedores de asuntos legales alegan que los Casos Insulares son inconstitucionales y son los que establecieron la política pública de Estados Unidos con respecto a sus colonias. El Tribunal de Boston decidió que los nombramientos de la JSF son inconstitucionales, pero curiosamente concluyó que las decisiones que ha tomado la junta no se eliminan. Eso se parece a un Estado Libre Asociado, que ya el caso Sánchez Valle v ELA concluyó que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Me atrevo a aventurar que la Corte Federal decidirá que los nombramientos son constitucionales y se cerrará el círculo del estado de excepción. El estado de excepción comenzó con el primer caso insular Doweness v Bidwell del 1901, Estados Unidos seguirá ejerciendo su poder absoluto sobre el territorio no-incorporado (colonia) de Puerto Rico. Por el contrario si el Tribunal Supremo Federal decidiera que los nombramientos son inconstitucionales irían en contra de los poderes omnímodos que tiene el Congreso norteamericano sobre Puerto Rico y se caerían los casos insulares y eso presumo que no va a ocurrir. Si eso ocurriera serían noticias espectaculares para Puerto Rico y Guam que son las únicas posesiones norteamericanas que están bajo los casos insulares.

En variadas ocasiones anteriores las decisiones de los tribunales federales se adaptan o favorecen lo que es políticamente beneficioso para la nación norteamericana.