Ante el Covid-19 [y pérdida de derechos] no fomentemos la dictadura por el miedo

altMe sorprende ver cómo muchas personas, demasiadas, están pidiendo a gritos una ley marcial para combatir el COVID-19, y tantas personas avalando la privación de derechos civiles en nombre de la pandemia. Mucho más me sorprende, que la mayoría de esas personas fueron virulentos críticos de la “falta de libertades o derechos civiles” en Cuba, Korea o Venezuela. Tan críticos que incluso apoyan que Estados Unidos los invada bajo esa excusa. Ahora sin embargo, están dispuestos a entregar los derechos que tanta sangre ha costado ganarlos, y de los que han disfrutado tanto, sin parecer comprender las consecuencias de lo que están pidiendo. Nada justifica que se eliminen los derechos humanos, civiles y constitucionales. Ni siquiera la pandemia.

Pandemia se define como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países, que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Por lo tanto, no hay duda de que hay que tomar medidas para frenarla y eventualmente controlarla. Pero esas medidas deben ser medidas de salubridad previas y sostenibles, que pueden incluir el llamado “distanciamiento social” como medida profiláctica por determinado tiempo. Sin embargo, la entrega de derechos civiles NO es una medida de salubridad.

Medidas de salubridad previas son: 1. tener un sólido sistema de salud pública, con todo lo que ello implica (hospitales, medicinas, equipo, personal adiestrado, seguro de salud universal, educación preventiva, etc.); 2. tener una comunidad saludable y educada, que incluye que tenga acceso a la medicina preventiva, a la educación en salud, al seguro de salud universal y acceso al sistema de salud mencionado. Medidas de salubridad sostenible es que exista el presupuesto y los procedimientos para mantener al día y sólido el sistema de salud durante todo el tiempo y, en especial, en los momentos de emergencia o pandemia.

Así pues, ¿qué le ha pasado al mundo? ¿Por qué el COVID-19 ha impactado tan gravemente? Son muchos los factores, por supuesto, pero de los más importantes, si no el más importante, es que la salud, a pesar de lo que la gente dice, no ha sido una prioridad, sobre todo en los mal llamados países “avanzados” del capitalismo. En estos la salud es otro lucrativo negocio, por lo cual el objetivo es la ganancia, no la salud como tal. Y Puerto Rico no es la excepción, aunque no es un país avanzado, ni capitalista, pero sí con mentalidad capitalista a la sombra del país portaestandarte de la libre empresa y de la salud como negocio, Estados Unidos de América. Por eso, en cuestión de par de semanas, Estados Unidos se convirtió en el país con más infecciones del COVID-19 y se proyecta que será el país con más muertes. Hay que ver cómo su intenso militarismo y el astronómico presupuesto para armas, incluyendo nucleares, le sirven para combatir el odiado virus.

En Puerto Rico por su parte, la salud pública se convirtió en mero negocio especulativo, especialmente a raíz de la privatización de los servicios públicos de salud desde la nefasta Reforma de Salud fomentada e impuesta desde la administración de Pedro Rosselló. No es secreto el control que tienen las aseguradoras del sistema de salud; no es secreto cómo éstas ahogan el quehacer de los médicos y hospitales, reteniendo pagos, fiscalizando la salud a través de burócratas en lugar de salubristas; y que lo mismo pasa con farmacias, laboratorios y demás profesionales de la salud. No es secreto los altos costos de los planes médicos para la ciudadanía en general y las muchas limitaciones que ponen los planes para que se reciban los servicios de calidad. Ello ha provocado un sistema de salud trunco, deficiente y reactivo; ha provocado que médicos se muden a Estados Unidos para trabajar en mejores condiciones (que suele ser por más ingresos, pero también mejores condiciones de trabajo). El argumento de que se van por las demandas de malpractice es un mito, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha impuesto una serie de requisitos para probar ese tipo de demanda que ha hecho casi imposible poder radicarlas; pero además, en Estados Unidos ningún médico está exento de demandas por malpractice y allá las compensaciones que se conceden a los demandantes son diez veces mayores a las que se conceden en Puerto Rico. Así que esa no es la razón verdadera, sino las pobres condiciones de trabajo e ingresos que nuestro “sistema de salud” les ha impuesto. ¿Sabían ustedes que el CEO (Chief Executive Officer) de Triple S gana más de 3 millones de dólares al año?

Ahora, ante la pandemia, nos damos cuenta lo mucho que hemos descuidado la salud. De pronto entonces, pretendemos que se anulen o entreguen derechos civiles, como si eso fuera una vacuna, como si fuera un remedio o medicina para curarnos. Los gobiernos imponen un toque de queda, se restringe el movimiento, el derecho a la libre asociación, se imponen reglas de control social de cómo, cuando y donde las personas pueden hacer actividades básicas y cotidianas.

Entonces aparece un público que defiende esas restricciones y comienza a atacar a sus conciudadanos pidiéndoles que se queden en la casas tratándolos de morones a la vez que claman por la ley marcial. Pero esas mismas voces no se escuchan pidiendo que se fortalezca el sistema de salud, que se den mejores salarios, seguridad y mejores condiciones de empleo, mejor equipo y acceso universal a la salud. En este momento, a la vez que se atiende la emergencia lo mejor que se pueda, hay que exigir que de una vez por todas se atienda debidamente el sistema de salud y que el dinero y los recursos se dirijan a mejorarlo, sin esperar más.

Incluso a los alcaldes hay que exigirles. Por décadas hemos visto cómo derrochan el dinero público en contratos políticos, en absurdas obras municipales, y en dar puestos a activistas políticos entre otras cosas. Ahora pretenden cerrar las “fronteras” de sus municipios y lo peor es que se les está permitiendo. De pronto se iluminaron de que la salud es importante para sus constituyentes y para ellos y aparecen con la cura milagrosa de cerrar las “fronteras” municipales. Eso es, sencillamente, un disparate, que no tiene base legal alguna, ni justificación social o médica. Lo único que va a lograr es que nuestros pequeño caudillos se sientan más caciques que nunca. ¿Qué va a pasar luego? El COVID-19 no se va eliminar en dos semanas. ¿Van a permanecer cerradas sus “fronteras”? ¿Cómo va a ser el libre movimiento en nuestra pequeña isla para visitar nuestros familiares, para trabajar, para disfrutar de nuestros recursos naturales? ¿Con ese recién descubierto (o más bien, abrogado) poder de cerrar sus “fronteras”, podrán hacerlo otra vez cuando decidan que quieren controlar el crimen o por cualquiera otra excusa? ¿Podrán luego imponer un cargo por entrar a sus pueblos, exigir pasaporte? Es un absurdo lo que están haciendo, pero el gobierno estatal se lo está permitiendo.

El “toque de queda”, si es inevitable, es y debe ser sólo una medida profiláctica para identificar cuánto ya se regó el virus y controlar el contagio temporeramente de manera que el pobre sistema de salud que tenemos pueda afrontar de inmediato el problema. Hay que recalcar que el COVID-19, como todos los virus, van a seguir existiendo toda la vida. Que luego puede venir otra pandemia, incluso de virus que ya conocemos (Actualmente hay una pandemia de dengue en Asia y Suramérica que en el 2019 afectó a más de 4 millones de personas, y en lo que va del 2020 ha afectado a más de 1 millón.) ¿Viviremos, entonces, en un toque de queda, en una ley marcial perenne, recluidos toda la vida en nuestras casas esperando qué el gobierno nos diga qué hacer, cómo y cuándo, mientras unos pocos se enriquecen obscenamente a costa de la emergencia? Por lo tanto, la entrega de derechos civiles no es la solución, a menos que pretendamos en la sociedad totalitaria que tanto hemos criticado y temido, fundamentada en el miedo, que es, al final del camino, el principal instrumento que utilizan los gobiernos para control de sus ciudadanos.

Ya habrá gente que conteste que la “realidad” es que el “puertorriqueño” es inconsciente y que hay que obligarlo porque si no se va a beber a la “placita”, etc., etc. Pues resulta que la pandemia azotó muy fuerte a países que nada tiene que ver con puertorriqueños o cómo son los puertorriqueños. Lo que se impone, insisto, es aprovechar la coyuntura para fortalecer el sistema de salubridad en todas sus áreas, para lo cual hay que incluir combatir la corrupción gubernamental, a fin de que los recursos y las prioridades se atiendan adecuadamente. También para fortalecer nuestra conciencia colectiva sobre salud e higiene. El “distanciamiento social” lo podemos practicar sin necesidad de un toque de queda o una ley marcial como medida de salud, así también la higiene personal y otras medidas básicas y usuales que se necesitan para controlar ésta y cualquier otra enfermedad contagiosa. Lo que no podemos hacer es fomentar la dictadura por el miedo.