Nuevamente la disyuntiva electoral en España: ¿habrá una nueva consulta electoral para la conformación de un gobierno?

En diciembre de 2015 se efectuaron en el Estado español las elecciones parlamentarias. El Partido Popular, una agrupación claramente neoliberal y de derecha, obtuvo 123 escaños, cantidad ésta insuficiente para alcanzar los 176 diputados necesarios para formar gobierno sin alianzas con otros partidos. Ciudadanos, una agrupación política más joven de centro-derecha, alcanzó un total de 40 escaños, lo que tampoco le permitiría por sí misma ni junto al PP, formar gobierno.

El desgaste del Partido Popular en dichos comicios se reflejó en la pérdida de 63 diputados con relación al resultado de las anteriores elecciones. En el caso del Partido Socialista Obrero Español, organización política que se fundó durante el Siglo XIX, también reflejó una pérdida de apoyo en el voto popular. De 110 escaños obtenidos en las elecciones de 2011, el PSOE solamente obtuvo 90 diputados en 2015. Si algo reflejaron estos resultados, fue la pérdida de legitimidad de las propuestas neoliberales impulsadas por los dos partidos mayoritarios en el marco de la política española.

Luego de las elecciones de diciembre de 2015, el Partido Popular intentó infructuosamente formar un gobierno de coalición con Ciudadanos. Fracasados en sus intentos, el PSOE también se propuso formar gobierno con otras fuerzas más afines como Podemos, y tampoco tuvo éxito. Todas las iniciativas para formar gobierno fracasaron por lo que fue necesario, agotados los esfuerzos para conformar un gobierno bajo el artículo 101 de la Constitución española, el Rey convocara a nuevas elecciones. Estas tuvieron lugar el día 26 de junio del año en curso.

Para esas elecciones, la agrupación Podemos junto con Izquierda Unida, anunciaron la formalización de un pacto que les permitió ir conjuntamente a las nuevas elecciones. La coalición entre Podemos e Izquierda Unida, llamada ¨Unidos Podemos¨, representó en votos la fusión de más de cinco millones de españoles que votaron en las elecciones de 2015 por la primera y cerca de un millón de votos que obtuvo la segunda. La suma de los electores de estas dos agrupaciones centró su confianza en la posibilidad de potenciar la suma de otros electores que, ante esta expresión de unidad, hastiados de los dos pasados gobiernos neoliberales del PSOE y PP en España, apostarían por un cambio a favor de un gobierno encabezado por ¨Unidos-Podemos¨.

Tales expectativas, sin embargo, se vinieron abajo con el resultado de las nuevas elecciones de junio de 2016. En ella el Partido Popular obtuvo 600 mil votos más que en las elecciones de diciembre de 2015 y un total de 137 escaños parlamentarios. Ello representó 14 diputados más, aunque aún sin alcanzar un número suficiente para poder formar gobierno por sí mismo. Por su parte, el PSOE obtuvo en esas elecciones 85 escaños, lo que redujo en 5 el número obtenido en las elecciones de diciembre de 2015 y 15 menos si se compara el número obtenido en las elecciones de 2011.

En el caso de Podemos y sus aliados regionales, quienes concurrieron a las elecciones en conjunto con Izquierda Unida bajo la franquicia de ¨Unidos-Podemos; el primero, que había obtenido en las elecciones de diciembre de 2015 de 65 escaños, tuvo un aumento a 71 escaños. En sus cálculos previos a la elección, sin embargo, habían estimado en un número mayor sus posibilidades electorales, por lo que en sus proyecciones en cuanto a escaños, quedó por debajo de sus propias expectativas. Ciudadanos por su parte tan solo obtuvo 32 escaños. Hubo unos 25 diputados adicionales al parlamento provenientes de otras agrupaciones menores, la mayor parte agrupaciones regionales.

Para algunos españoles que se mueven fuera de los partidos mayoritarios el resultado fue frustrante, no sólo dado la reducción en la cantidad de votos obtenidos en las elecciones, sino ante la realidad de que muchas personas sencillamente votaron por políticos señalados como corruptos, tanto del PP como del PSOE. Significativo también fue el hecho de que si se compara el número de votos obtenidos por Podemos y por Izquierda Unida en las elecciones de diciembre de 2015, al sumar los votos obtenidos por dichas organizaciones por separado en las elecciones anteriores, hubo una pérdida de al menos un millón de electores que no fueron a las urnas, entre otras cosas, por no haber estado de acuerdo con la alianza entre ambas fuerzas políticas. Unos expresaban sus temores por la radicalización de posiciones políticas resultantes de la convergencia; otros por temor a ¨aguar¨ de alguna manera las posiciones políticas de sus organizaciones.

En efecto, desde diciembre de 2015 España no ha tenido un gobierno ¨electo¨, sino un gobierno ¨en funciones¨, conforme lo dispone el Artículo 101 de la Constitución. En él se señala que ante la realidad de no haber un gobierno que cuente con la mayoría absoluta de sus diputados, ¨el gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno.¨ No obstante lo antes dicho, mediante la Ley Núm. 50-1997, se dispuso que salvo situaciones de emergencia, el gobierno en funciones se limitará a atender sólo asuntos públicos ordinarios. Esto conlleva una gran limitación a la hora de legislar; en la toma de decisiones importantes en materia de política exterior, que afecta también el proceso de sustitución de ministros, donde al presente, como cuestión de hecho, existen tres vacantes; frena la ratificación de tratados internacionales, como es el caso de los más recientes acuerdos internacionales en torno al cambio climático; entorpece la renovación de embajadores; y afecta la aprobación de presupuestos, incluyendo en el caso de España, medidas específicas de reducción o recortes económicos para cumplir con los términos y obligaciones asumidas por el Estado español con la Unión Europea y otros organismos financieros internacionales, como es el caso del paquete de rescate económico acordado para España.

La situación política se complica, además, con la crisis interna por la que atraviesa el PSOE tras la ¨renuncia¨ de su dirigente Pedro Sánchez el pasado 2 de octubre. La misma ocurre dentro del debate de si se producirá o no una abstención en los votos de los diputados de dicho partido en el proceso de búsqueda de formación de gobierno, lo que permitiría entonces al Partido Popular conseguir la mayoría absoluta necesaria para configurar un nuevo gobierno con Mariano Rajoy al frente del Estado; y la convocatoria a un congreso para elegir un nuevo Secretario General. Ante la posición sostenida por Sánchez de ir a las bases y hacer consultas, otro sector dentro del PSOE impulsa que sea el Comité Federal de la organización el que tome la decisión de apoyar o no la formación de un gobierno con Rajoy al frente y que la misma sea autoejecutable para sus parlamentarios.

Para algunos observadores de la política española, la posición del sector que impulsa la consulta en las bases junto con aquellos que impulsan desde las diferentes regiones del territorio español sus propias agendas políticas, incluyendo aquellas que impulsan la independencia en regiones como Catalunya, todo ello conduce a una balcanización dentro del PSOE que puede conducir a su eventual disolución. De hecho, la situación del PSOE la comparan con aquella por la cual atravesó la Unión de Centro Democrática (UCD) que lideró Adolfo Suárez cuya crisis le llevó a una reducción de diputados de 168 a 11, perdiendo toda pertinencia política como partido en el contexto de la realidad española.

En el marco de la política española el Rey Felipe VI está obligado a llamar a los diferentes dirigentes políticos españoles con representación en las Cortes para determinar si existe o no un candidato que pueda, con el apoyo de una mayoría absoluta de parlamentarios, conformar un nuevo gobierno. Esto deberá ocurrir entre los días 24 al 25 de octubre de este mes. La fecha límite para formar un nuevo gobierno es el día 31 de octubre, luego de lo cual, si no se logra dicho propósito, será necesario una vez más, conforme al Artículo 99.5 de la Constitución, convocar a nuevas elecciones, pronunciamiento éste que debería ser hecho en tal caso el día 1 de noviembre de 2016.

Para la investidura de Mariano Rajoy como Jefe del gobierno sería necesario contar con el apoyo de los votos de la organización Ciudadanos y la abstención de al menos 11 diputados del PSOE. Ciertamente es una incógnita si en el escenario de una decisión del Comité Federal de PSOE de mantener la posición de no respaldo a la candidatura de Rajoy, hay suficientes diputados en número que alcancen o excedan el número de 11 diputados necesarios que desde el PSOE, actuando libremente y no con sujeción a disciplina de partido, crucen la línea que les separa del PP y le den el triunfo en la consulta para formar gobierno al Partido Popular y a Mariano Rajoy.

Por lo pronto, en dos semanas sabremos cuál ha de ser el siguiente paso en el desarrollo de la política española en su camino azaroso hacia la formación de un nuevo gobierno. Como diría un conocido comentarista radial puertorriqueño, ¨¡ya veremos!¨.