De la prensa en democracia. La revolución mediática y el debate público

"De la prensa en democracia. La revolución mediática y el debate público": Número 27 de DENKEN PENSÉE THOUGHT... Servicio Informativo de Pensamiento Cultural Europeo, del Centro Teórico-Cultural Criterios.

Nº 27: 15 de mayo de 2012

"La multiplicación de los canales de comunicación, iniciada ya por la liberalización de los medios tradicionales y el desarrollo de la televisión por cable y satélite, ha traído consigo una «democratización» del acceso no sólo a la escucha, sino también a la palabra en los medios. Los actores no profesionales desempeñan así un papel creciente en la circulación de la información y la confrontación de las opiniones, y, por consiguiente, en la formación de las voluntades. Trátese de la fuga de telegramas de la diplomacia estadounidense organizada por la asociación Wikileaks, o del relato del asalto de las fuerzas especiales estadounidenses a la residencia de Osama Bin Laden, comunicado en directo en Twitter por un micro-bloguero de Abbottabad, esos nuevos agentes mediáticos intervienen al margen del periodismo, y a veces en oposición a él."


La prensa es la institución no gubernamental más indispensable y más temible para la democracia —ésa es al menos la convicción que por largo tiempo ha animado los discursos teóricos y políticos sobre el lugar del periodismo en los regímenes modernos. Indispensable, porque, en sociedades de gran tamaño, sólo ella puede asegurar el descubrimiento y circulación de las informaciones, la difusión y confrontación de las opiniones, en resumen: la institución de las condiciones del debate público necesario para la formación de las voluntades individuales de los ciudadanos. Temible, porque también puede, deformando, seleccionando o escamoteando esas informaciones y opiniones, ejercer una influencia nefasta sobre la formación de esas voluntades. Esa doble certeza se ve hoy quebrantada por la declinación de los periódicos tradicionales, los fallos imputados a los órganos periodísticos y el surgimiento de nuevos medios que facilitan el acceso de todos a una comunicación que evita mediaciones hasta ahora inevitables. ¿Qué papel político puede y debe aún desempeñar la prensa en regímenes que siguen invocando el ideal del gobierno por y para el pueblo, si el control de los periodistas sobre los medios de difusión pública no cesa de erosionarse?

El papel democrático de la prensa

Los fundadores de los regímenes parlamentarios en el siglo XVIII, como los teóricos de las democracias representativas en el siglo siguiente, tenían una conciencia aguda de la centralidad y la peligrosidad de la prensa para el régimen del autogobierno. Si Jefferson afirmaba que prefería sin vacilación una prensa sin gobierno a un gobierno sin prensa, Tocqueville subrayaba que uno no existe sin el otro: «la soberanía del pueblo y la libertad de la prensa son […] dos cosas enteramente correlativas».1 La democracia supone, en efecto, no sólo que se confiera el derecho al voto a los ciudadanos, sino también que se cree el contexto político que les permita ejercer, en el momento del voto, su juicio político de manera ilustrada. En ese régimen, la tentación de la censura estatal constituye, pues, una contradicción: «cuando se le concede a cada cual un derecho a gobernar la sociedad, hay que reconocerle la capacidad de escoger entre las diferentes opiniones que agitan a sus contemporáneos y de apreciar los diferentes hechos cuyo conocimiento puede guiarlo» (Ibid.). También hay que asegurar la existencia e independencia de una institución cuya tarea primera es hacer públicos para todas las personas los hechos y opiniones: la prensa.

Es su ojo siempre abierto el que pone sin cesar al desnudo los resortes secretos de la política, y fuerza a los hombres públicos a venir, uno tras otro, a comparecer ante el tribunal de la opinión. Es ella la que reúne los intereses en torno a ciertas doctrinas y formula el símbolo de los partidos. Es por ella que éstos se hablan sin verse, se escuchan sin estar en contacto. (Ibid., p. 191)

Ese papel le confiere un poder del que ella puede hacer mal uso o abusar. Si bien cada periodista u órgano de prensa no ejerce, individualmente, más que una influencia ínfima sobre el discurso público, su influencia combinada es considerable desde el momento en que empiezan a «marchar por la misma vía». Cierto es que «cada periódico tiene, individualmente, poco poder, pero la prensa periódica es aún, después del pueblo, la primera de las potencias» (ibid.).

El papel de la prensa no se reduce, es cierto, a su función de institución del debate público. Instrumentos comerciales y fuentes de diversión, soportes publicitarios y herramientas de propaganda, lugares de producciones culturales y punto de reunión o de separación identitarias, los medios de masa no son solamente, ni siquiera ante todo, arenas de discusión política. La especialización, en el seno de esos medios, de una prensa de información, que instituye una diferencia nítida entre hechos y opiniones y procura el restablecimiento y comentario de la actualidad, es una invención relativamente reciente, que data del siglo XIX, del mismo modo que la correlativa profesionalización de un cuerpo dedicado específicamente a la información del público.2 La multiplicidad heterogénea de las instituciones mediáticas, la variedad de las tradiciones nacionales y la evolución rápida de los oficios de la prensa, además, le hacen correr a todo discurso general sobre el papel de los medios en democracia el riesgo de volverse una abstracción hueca.

Sin embargo, la idea de que la prensa tiene en especial como papel instituir las condiciones del debate público es realmente una constante del discurso democrático contemporáneo. Esa tarea, por lo demás, está ligada de manera esencial a las otras misiones políticas que comúnmente se le asignan. Es en la medida en que la prensa le permite al pueblo, constituido en público, asistir a la revelación de los hechos y al enfrentamiento de las ideas, que ella se ve encargada de convertirse en «perro guardián» (watchdog) que vela por los intereses del pueblo, «contrapoder» que limita las desviaciones de los poderes instituidos, órgano de investigación que va a desenterrar hechos escandalosos (muckraking) para revelar lo que no debería permanecer oculto, u orquestadora del tribunal de la opinión pública.

Esta visión clásica del papel democrático de la prensa, encarnada en las protecciones constitucionales de la libertad de prensa, en los códigos de deontología periodística o también en los discursos sociales que denuncian las desviaciones de los medios, tropieza hoy día, sin embargo, con una mutación radical de la comunicación pública. Cierto es que la divergencia entre el ideal de una prensa garante del debate público y las formas tecnológicas, económicas y culturales de la comunicación de masas ha sido atacada constantemente desde el siglo XIX. Jürgen Habermas denunciaba así, hace cerca de medio siglo, la corrupción del principio de publicidad: bajo el efecto de «constreñimientos de selección cada vez más poderosos»,3 los periódicos independientes de la Europa de la Ilustración, que aseguraban la existencia de una esfera pública de discusión racional-crítica ligando los lugares formales e informales de deliberación, habrían cedido su lugar a una industria de las relaciones públicas que pone el poder de influencia de los medios de masas al servicio de intereses privados. «El espacio público, que al mismo tiempo está pre-estructurado y dominado por los mass media, ha devenido una verdadera arena avasallada por el poder, en el seno de la cual se lucha [por el control] de los flujos de comunicación eficaces».4 Pero la última «revolución mediática» marca, no obstante, una ruptura radical en la evolución de la comunicación pública, que trastorna tanto la concepción clásica del papel democrático de la prensa como la evaluación crítica de las prácticas periodísticas.

La última revolución mediática

La aparición de los «nuevos medios» (Internet y redes sociales) constituye una transformación tan importante para la prensa como pudieron serlo la alfabetización masiva, el desarrollo de la industria publicitaria o la invención de la televisión. La multiplicación de los canales de comunicación, iniciada ya por la liberalización de los medios tradicionales y el desarrollo de la televisión por cable y satélite, ha traído consigo una «democratización» del acceso no sólo a la escucha, sino también a la palabra en los medios. Los actores no profesionales desempeñan así un papel creciente en la circulación de la información y la confrontación de las opiniones, y, por consiguiente, en la formación de las voluntades. Trátese de la fuga de telegramas de la diplomacia estadounidense organizada por la asociación Wikileaks, o del relato del asalto de las fuerzas especiales estadounidenses a la residencia de Osama Bin Laden, comunicado en directo en Twitter por un micro-bloguero de Abbottabad, esos nuevos agentes mediáticos intervienen al margen del periodismo, y a veces en oposición a él.

Esa evolución ha traído consigo la renovación de dos discursos antiguos sobre la prensa en democracia. El discurso de la declinación pone en guardia contra la desaparición progresiva de las condiciones de existencia del periodismo. Deplora la quiebra de la prensa en papel y las dificultades que han encontrado los grandes periódicos de ayer para conservar su público lector al pasar a nuevos soportes, la multiplicación de los lugares de simple agregación de datos y la supresión de los recursos económicos y humanos necesarios para un verdadero trabajo de investigación, la competencia «desleal» de aficionados sin formación y la multiplicación de noticias sin sustentación o, también, de comentarios sin análisis. El discurso del abandono prolonga, por su parte, las críticas tradicionales de los medios: acusa a los principales órganos de prensa de acompañar esa declinación desembarazándose, bajo pretexto de adaptación al nuevo contexto mediático, de sus responsabilidades democráticas. Subraya que perduran o aumentan tendencias funestas, trátese de la ocultación voluntaria de los sujetos políticos mediante el entretenimiento, ilustrada por la televisión berlusconiana en Italia, de la construcción de un arsenal de propaganda so capa de información, encarnada por la cadena estadounidense Fox News, o, también, de la proximidad complaciente entre élites gobernantes y élites mediáticas, manifiesta en el caso francés. Según sus dos discursos, la impotencia creciente de la prensa —sea ella víctima o cómplice— sería hoy día tan peligrosa como su potencia mal empleada podía serlo ayer.

Pero la actual perturbación mediática origina también, además de esos discursos familiares, un tercero, inédito. El discurso del fin de las mediaciones anuncia el surgimiento de una nueva era de la comunicación pública, en la cual la prensa, como institución especializada, es cada vez menos necesaria: la democratización del acceso a la palabra mediática conduciría al fin de los gatekeepers,5 esos «porteros» cuyo papel era seleccionar los hechos y las opiniones, los relatos y las ideas llamados a ganar una visibilidad pública apareciendo en los medios de masas. Pudiendo cada cual en adelante difundir desde su blog y consultar desde su teléfono cualquier mensaje, no habría más necesidad de periodistas. ¿Para qué leer los periódicos en relación con las manifestaciones de la primavera árabe si no hacen más que transmitir las informaciones intercambiadas en Facebook? Esas últimas evoluciones permitirían presagiar un paisaje mediático inédito, asegurando, al fin y al cabo, un nuevo espacio público en el que los ciudadanos serían al fin iguales, y en el que la comunicación de todos con todos se volvería posible.

Se impone la prudencia en la apreciación de los cambios, cuyo resultado permanece abierto en gran medida. Los medios tradicionales continúan desempeñando un papel preponderante en la circulación de los mensajes públicos: los periódicos y las agencias de prensa siguen siendo los primeros productores de informaciones políticas, y la televisión, el primer difusor de esas informaciones. No es seguro que la declinación de los medios generalistas de masas, cuya desaparición ha sido anunciada más de una vez, prosiga en el futuro. Las dificultades de la prensa tradicional, las insuficiencias de los medios dominantes en lo que concierne al ideal democrático y los recursos considerables aportados por los nuevos medios, sin embargo, apenas son discutibles. Pero ¿ponen ellos en tela de juicio el papel de institución del debate público asignado clásicamente a la prensa en democracia?

Los medios masivos tradicionales y el poder de selección

¿Está llamada la prensa a devenir superflua, desde el punto de vista de la institución de la deliberación común de los ciudadanos, desde el momento en que el acceso a la toma de la palabra en el espacio mediático se halle repartido más parejamente? Las esperanzas suscitadas por la multiplicación de los canales de comunicación sólo son comprensibles a la luz de los reproches dirigidos a los medios de masa. Pueden ser identificados como tales aquellos de los órganos mediáticos que sirven de soporte a la difusión pública de mensajes de algunos emisores hacia un gran número de receptores. A diferencia de los medios que sirven de soporte a una correspondencia entre un pequeño número de individuos que son al mismo tiempo receptores y emisores, los medios de masas no le permiten al lector, al oyente, al telespectador o al internauta responder inmediatamente a lo que se acaba de decir por ese mismo canal.

Si la influencia de la comunicación masiva sobre la formación de los juicios políticos todavía es relativamente mal conocida después de un siglo de estudios,6 se reconoce sin discusión que los medios no son capaces de moldear a su gusto las creencias y los comportamientos del público, en la medida en que no pueden determinar las condiciones de recepción de los mensajes que ellos difunden. Pero es igualmente cierto que no constituyen por ello canales de transmisión neutros desprovistos de efectos propios. Su influencia más evidente está ligada al trabajo de selección de los contenidos difundidos. Esa capacidad de filtrado, ejercida de manera competitiva y no coordinada por las instituciones mediáticas, les confiere colectivamente el considerable poder de escoger y jerarquizar una gran parte de los datos a partir de los cuales forjamos nuestras representaciones del mundo.

Precisamente sobre esa actividad de selección es que se han concentrado, mucho antes de la reciente revolución mediática, las principales críticas políticas dirigidas al periodismo. El «modelo de la propaganda» desarrollado por Chomsky y Herman subraya así la existencia de «filtros» —ligados a la estructura económica de las empresas mediáticas, a su financiamiento por la publicidad, a la dependencia de los periodistas respecto de sus fuentes, a las campañas de críticas realizadas para intimidarlos y a la ideología reinante— que conducen mecánicamente a la eliminación o la marginalización de los datos y los puntos de vista capaces de minar el apoyo a los intereses políticos y económicos dominantes. La «fabricación del consenso» es el fruto de los constreñimientos que pesan sobre la selección de los hechos y las opiniones por los periodistas, sin que éstos siempre sean conscientes de ello.7 La crítica de los medios iniciada por Pierre Bourdieu denuncia, en el contexto francés, el «cuasi-monopolio» ejercido por una élite mediática sobre los medios de difusión de masas y, por ende, sobre la organización del debate público, subrayando la «tremenda censura que ejercen los periodistas, […] al lanzar a la insignificancia o la indiferencia expresiones simbólicas que merecerían llegar al conjunto de los ciudadanos».8 La lógica económica que pesa sobre el periodismo, y en particular sobre el medio dominante que es la televisión, conduce al debilitamiento de las normas profesionales que se supone guíen el trabajo de selección y a la uniformación de los contenidos. Como muchas otras, esas críticas denuncian ante todo la convergencia de las selecciones operadas por los principales medios. Sea que resulte de la influencia difusa de las élites, del conformismo de los órganos de prensa, de la precariedad que mina la independencia de los periodistas o del peso de las perspectivas políticas mayoritarias, ella trae consigo la exclusión de hechos y opiniones pertinentes para la formación de las opiniones. Las críticas de los medios coinciden así con la advertencia de Tocqueville: cuando marchan al mismo paso, los órganos de prensa ejercen una forma de censura que, aunque no concertada e involuntaria, puede ser tan temible desde ciertos puntos de vista como la censura, centralizada y planificada, que ejercen los Estados

Los nuevos medios y la imposible conversación de todos

Si el surgimiento de Internet y de los nuevos medios, que le permiten a un número creciente de individuos expresarse en lugares accesibles a todos, ha podido ser saludado como una revolución democrática y no sólo tecnológica y cultural, es precisamente porque el mismo anunciaría el fin de los gatekeepers tradicionales. Esos medios, es cierto, hacen posible una forma inédita de comunicación que pertenece más bien al dominio de la correspondencia que al de la difusión, sin dejar de ser, no obstante, pública, y no privada. Los participantes en un fórum en línea pueden, por ejemplo, responderse los unos a los otros, y sus intercambios pueden ser consultados por todos los internautas. Los usuarios de las redes sociales también pueden transmitir un contenido con tal frecuencia y en tal escala que la multiplicación de las comunicaciones de correspondencia acaba por producir efectos de difusión masiva.

Pero no por ello los nuevos medios provocan el advenimiento de una conversación pública común que le permitiría al fin a cada ciudadano dirigirse a todos los demás sin mediación. Porque si la comunicación de algunos a muchos es posible, del mismo modo que la comunicación de algunos a algunos, ése no es el caso de la comunicación de muchos a muchos. El constreñimiento que está operando en este caso no es de naturaleza tecnológica, sino de naturaleza cognitiva. Cada cual puede recibir —leer, escuchar, mirar— un pequeño número de mensajes, pero nadie puede recibir un número muy grande de mensajes y responderlos. Para el puñado de participantes activos, un fórum en línea funciona bien como un medio de correspondencia, pero para los otros internautas actúa como un medio masivo, que difunde un contenido al cual todos no pueden responder al mismo tiempo. Porque, aunque un número considerable de contribuciones puede acumularse en un mismo sitio, ese número hace por sí mismo imposible que todos los que contribuyen se lean unos a otros y se respondan. Miles de mensajes yuxtapuestos no constituyen una comunicación común. Si, transfiriendo un correo electrónico o un video posteado en línea, cada receptor de un mensaje puede hacerse, a su vez, un emisor en dirección a otros receptores, es preciso que sea el mismo mensaje —producido inicialmente por algunos— para que haya difusión masiva.

Ese constreñimiento estructural explica por qué la democratización creciente del acceso a la palabra en los medios no les permite a todos expresarse en los lugares de gran visibilidad pública: sólo raros oradores y contenidos llegan a ellos. La revolución actual consiste en la multiplicación de los lugares de correspondencia o de débil difusión mediática que son capaces de alimentar los lugares de difusión masiva y, por consiguiente, en la diversificación de los perfiles de los agentes que ejercen la selección de los contenidos, lo que es capaz de traer consigo la diversificación de los contenidos seleccionados. Pero no hace desparecer la selección.

La naturaleza excesiva del contraste dibujado por Habermas entre una prensa de la Ilustración «que se contentaba con ser la prolongación de las discusiones que tenían lugar [en el seno del público]»9 y el «poder mediático» de los siglos XIX y XX, culpable de haber «raptado la inocencia del principio de publicidad», aparece con mayor claridad. Si bien la desproporción entre el número de oradores y el número de oyentes se ve ampliada considerablemente de un siglo a otro —en especial por el hecho de que se incluyera en el seno del público a un pueblo que hasta entonces era excluido de él ampliamente—, la prensa prerrevolucionaria no podía ser por ello una simple correa de transmisión que no procedía a ninguna selección. Del mismo modo, si bien el filtrado que les permitía a ciertos mensajes pasar de una «baja visibilidad» a una «alta visibilidad» se ejerce en adelante más bien después de la publicación mediática de los contenidos que antes de ella, 10 no por ello ha desaparecido. A la lucha en el seno de una élite restringida de gatekeepers la sucede una lucha más abierta por el control de los instrumentos de selección. Que la selección sea consustancial a la comunicación de masas no nos conduce solamente a descartar como contradictoria la idea de una conversación de todos con todos. Eso revela también que la deliberación pública no podría advenir de manera espontánea y que debe ser instituida: ése es el papel de la prensa.

El mercado de las ideas y la deliberación de masas

Si no todos pueden tener acceso a la palabra en los lugares de la difusión masiva, entonces el acceso de todos a los medios y la garantía constitucional de la libertad de expresión no bastan para asegurar el mantenimiento espontáneo de una deliberación pública equitativa. Es por eso que el modelo del «libre mercado de las ideas», que ha ejercido una influencia considerable sobre el derecho de los medios y las teorías de la prensa, 11 es inapropiado. Inspirado por la fórmula del juez Oliver Wendell Holmes según la cual «the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market» («el mejor criterio de la verdad es el poder que tiene el pensamiento de hacerse aceptar en la competencia del mercado»),12 el modelo del libre mercado de las ideas se transformó a lo largo del tiempo en dogma, procurando legitimarse mediante la invocación abusiva de los escritos de John Milton o de John Stuart Mill. Si bien se puede aceptar, con este último, que nuestra naturaleza falible debería conducirnos a no censurar ninguna opinión aunque la consideremos seguramente falsa,13 si bien se puede comprender que el primero haya podido, en medio del siglo XVII, tratar de convencer a los parlamentarios ingleses de que la censura era inútil porque la verdad prevalecería siempre sobre la falsedad «in a free and open encounter» («en un encuentro libre y abierto»),14 sigue siendo muy difícil aceptar hoy día las premisas del «libre mercado de las ideas». Tomado al pie de la letra, ese modelo afirma que la puesta en práctica de una política de laissez-faire hacia las acciones expresivas individuales (limitándose a la protección de la libertad individual de expresión) conducirá en un plazo, sin coordinación y por el solo juego de la competencia, a un resultado óptimo para todos: la identificación y la adopción por el mayor número de personas de las opiniones verdaderas y las mejores razones. Ahora bien, si existe una enseñanza indudable de los trabajos realizados desde hace una treintena de años sobre lo que se denomina en adelante la «democracia deliberativa»,15 es que una comunicación no regulada sólo tiene muy pocas oportunidades de promover las opiniones más informadas, justificadas o válidas. Es, por el contrario, frecuente que voces minoritarias sean ahogadas, que creencias o argumentos sean suprimidos, que las opiniones evolucionen mecánicamente, por un efecto de arrastre, en el sentido de la opinión dominante, o, también, que datos falsos o justificaciones falaces se propaguen, por no haber sido refutados o impugnados.16

El problema no es, pues, solamente la imperfección del mercado de las ideas, que podría ser corregida instaurando regulaciones mínimas que le permitieran funcionar de manera verdaderamente competitiva, como ha podido proponer el economista Ronald Coase.17 Es el modelo mismo el que está en tela de juicio. Más allá de la analogía con el mercado económico, no explica por qué proceso de autoajuste la libre circulación de las opiniones podría producir por sí misma los resultados esperados. Además, comete el error de hacer caso omiso de la necesidad estructural de la selección. No basta reconocerle a cada cual un igual derecho a expresarse libremente, elevando la voz o abriendo un blog, para que cada cual esté en igualdad con los otros en el debate público. Si debe tomar en cuenta el papel asignado a la prensa de instaurar una deliberación común, el derecho de los medios (y la libertad de prensa, que constituye su primer pilar) no puede apoyarse simplemente en el derecho individual a la libertad de expresión.

Si importa que el debate público, al menos en los momentos en que el conjunto de los ciudadanos son llamados a expresar su voluntad en las urnas, tome una forma deliberativa, es decir, que permita el intercambio igualitario y contradictorio de opiniones y de razones en cuanto a lo que conviene hacer, entonces no es posible contentarse con darle a cada cual un igual derecho a la palabra, dejando que las relaciones de fuerza decidan quién tendrá la ocasión de tener acceso a ese raro bien que es la palabra en los medios masivos. Cuando los electores son llamados a adoptar o a rechazar un tratado constitucional, a llevar a un partido al poder, ¿cómo aceptar dejar que los favorecidos por su posición social se adueñen de la escena mediática o desvíen el debate público?

Es tentador objetar que, de todos modos, la comunicación masiva se presta muy mal a la deliberación pública. ¿Cómo una comunicación fragmentada en una multiplicidad de canales, irreductiblemente asimétrica y difícil de regular podría acoger un intercambio que fuera igualitario, público y argumentado? Sin embargo, una deliberación mediada de masas no es inimaginable si se descarta el fantasma de una conversación de todos para tomar en consideración solamente el proyecto de un debate político que le permita a cada integrante del público ver defendidas y combatidas las principales posiciones y justificaciones que están frente a frente en el seno de la sociedad. La fragmentación no impide una forma adecuada de publicidad si cada cual tiene acceso a una variedad suficiente de canales de comunicación y los canales que componen el paisaje mediático son suficientemente porosos. La asimetría no impide una forma adecuada de igualdad si los oradores que se dirigen al mayor número de personas representan de manera bastante equitativa los puntos de vista existentes en el seno del público. El carácter descentralizado del paisaje mediático no impide una forma adecuada de regulación deliberativa si algunos se esfuerzan por llevar al frente de la escena mediática objeciones a las ideas ya planteadas y respuestas a los argumentos ya formulados.18 Una parte esencial del trabajo de institución de la deliberación incumbe, es cierto, a las instituciones sociales (partidos y sindicatos, asociaciones e iglesias, etc.) que elaboran discursos y programas, identifican problemas y reivindicaciones, forman portavoces, y se enfrentan por el acceso a la palabra en los medios de masas. Pero los términos mismos del proceso a la vez conflictivo y cooperativo de deliberación dependen de las instituciones mediáticas más influyentes, y, en particular, de los órganos periodísticos.

No obstante, si la prensa se ve privada progresivamente del cuasi-monopolio que ella ejercía sobre los medios de difusión y selección, ¿cómo podría aún contribuir a instituir el debate público?

Organizar el debate público, regular los medios

El diagnóstico que afirma la nueva impotencia de la prensa para influir en la selección de los contenidos difundidos, es por lo menos dudoso. La principal carta de triunfo que le ofrece el «sistema» mediático a la deliberación pública, además, es más bien reforzada que debilitada por el surgimiento de los nuevos medios: se debe a la posibilidad, abierta por su estructura poco centralizada, de una organización plural de la deliberación pública. Mientras que es improbable el surgimiento espontáneo de un intercambio suficientemente igualitario, público y contradictorio, y se ha de temer su organización por un grupo social particular dotado de intereses propios, una pluralidad de actores pueden, por el contrario, contribuir, sin coordinación, pero mediante esfuerzos simultáneos, a asegurar su puesta en práctica. Entre esos actores, no obstante, debe haber en gran parte agentes especializados, porque las tareas implicadas exigen también competencias específicas de investigación, análisis e interpretación. La necesidad de competencias de experto que hace indispensable la existencia de una prensa profesional no se debe, pues, solamente a la necesidad, a menudo planteada, de investigaciones que revelen los hechos disimulados. Contribuyendo a guiar el esfuerzo, siempre subjetivo y discutible, de realizar una buena selección, el ideal de una deliberación mediada de masas viene a precisar el papel que «la prensa», ayudada y a veces constreñida por agentes mediáticos no profesionales, aún puede y debe desempeñar en democracia.

La publicidad supone que la prensa haga circular las posiciones formuladas entre los lugares fragmentados de la comunicación de masas, de manera que ninguna arena parcial se transforme de manera duradera en enclave aislado. La igualdad exige que ella proceda de modo que ningún punto de vista sea marginalizado de manera duradera, procurando activamente identificar los puntos de vista sociales carentes de representación mediática, así como los portavoces capaces de darles una presencia. El carácter contradictorio de la deliberación exige que ésta garantice que razones y opiniones se respondan y se enfrenten efectivamente, oponiendo relatos a los relatos, testimonios a los testimonios, argumentos a los argumentos. El carácter deliberativo y democrático de la comunicación de masas implica, en tiempo de campañas por elecciones y referéndums, pero también más allá, la vigilancia de porteros, la perseverancia de investigadores, la inteligencia de orquestadores múltiples. Ninguna de esas tareas es útil al fin y al cabo si, además, no se asegura el trabajo fundamental de recopilación y restablecimiento confiables de los datos factuales.

El papel así asignado a la prensa es muy exigente. Es grande la divergencia entre el cuadro bosquejado y el familiar espectáculo de las polémicas mediáticas. La existencia de fuentes múltiples de regulación de las instituciones y prácticas mediáticas autoriza, sin embargo, a pensar que semejante ideal no carece de pertinencia para guiar la evaluación y la transformación de los regímenes actuales. La regulación formal mediante el derecho de los medios, que determina las estructuras económicas y jurídicas posibles de las empresas mediáticas (fijando, por ejemplo, umbrales de concentración o autorizando formas específicas de subvención pública en nombre de objetivos sociales tales como el pluralismo de la prensa) y la regulación informal mediante la crítica de los medios, que ejerce en todas sus formas una presión social no desdeñable (denunciando las faltas a las normas profesadas por los órganos de prensa o cuestionando las normas mismas) pueden constituir poderosos instrumentos para orientar la acción de los órganos de prensa.

Ninguna de esas fuentes de regulación es, sin embargo, suficiente y el esfuerzo de institución de las normas deliberativas en el seno de la comunicación de masas descansa también sobre la autorregulación de los seleccionadores, o por lo menos, entre ellos, de esos profesionales que se conciben contribuyendo a la buena marcha del debate público: los periodistas. Es excesivo ver en el reducido puesto que ocupa esa corporación en el seno del conjunto heteróclito de los «gatekeepers» el principal peligro que pesa sobre ese debate, porque no es necesario que el esfuerzo de instituir la deliberación sea sostenido por todos los agentes mediáticos. Los constreñimientos económicos y políticos que debilitan la puesta en práctica de las normas profesionales, siguen siendo desde ese punto de vista un peligro mucho más preocupante.

La primera revolución mediática del siglo XXI no ha vuelto la prensa ni superflua ni impotente. Además de las múltiples tareas sociales y culturales que se le pueden asignar a ésta, le sigue incumbiendo la institución de las condiciones adecuadas de la deliberación democrática, aunque no ejerza ya un monopolio sobre los medios de difusión masiva y de selección de los contenidos difundidos. La multiplicación de los lugares de correspondencia privada y de pequeña difusión, y la dilución del poder de selección entre innumerables «porteros», han modificado, sin embargo, la naturaleza de esa tarea. Ya no puede erigirse en única organizadora de la arena en la que se enfrentan públicamente los puntos de vista políticos, y hay razones para alegrarse de esa evolución. Pero ella puede y debe intervenir, en el seno de un paisaje mediático que la rebasa ampliamente, para asegurarse de que las razones y opiniones formuladas estén disponibles en todas partes, sean suficientemente representativas de las existentes en el seno de la sociedad, y se confronten efectivamente unas con otras; para darles a los integrantes del público —cuyo acceso a la palabra ha progresado considerablemente, pero que siguen siendo, no obstante, también espectadores— los medios de ejercer su facultad de juicio. Walter Lippmann observaba, hace casi un siglo, que «the problem of the press is confused because the critics and the apologists […] expect it to make up for all that was not foreseen in the theory of democracy» («el problema de la prensa está confuso porque sus críticos y sus apologistas […] esperan que ella compense todo lo que no estaba previsto en la teoría de la democracia»).19 Una teoría de la democracia que defina lo que puede ser hoy día el papel de la prensa no ha de exigir que ella cree por sí sola las condiciones del debate público, ni que ella lleve el peso del conjunto de la política democrática. No obstante, debe establecer exigencias elevadas, que dimanen, empero, directamente del proyecto consistente en reconocer «un derecho de cada uno a gobernar», aunque fuera de manera puntual, indirecta e imperfecta.

Traducción del francés: Desiderio Navarro


 

NOTAS

[*] “De la presse en démocratie: La révolution médiatique et le débat public”, publicado en www.laviedesidees.fr , el 11 de octubre de 2011. Criterios agradece al autor y al Comité de Redacción de la vie des idées. fr su generosa autorización para publicar esta traducción.

[1] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, París, Gallimard, 1961, t. I, II, cap. III, p. 187.

[2] Michael Schudson, Discovering the News. A Social History of American Newspapers, Nueva York, Basic Books, 1978.

[3] Jürgen Habermas, L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, trad. M. de Launay, París, Payot, [1962] 1992, p. xvi.

[4] Ibíd.

[5] David M. White, «The Gate Keeper», Journalism Quarterly, 27, 1950, pp. 383-390.

[6] Michael Schudson, Sociology of news, Nueva York, W. W. Norton & Company, 2003, p. 6.

[7] Noam Chomsky et Edward S. Herman, La fabrication du consentement, trad. D. Arias, Marseille, Agone, [1988] 2008.

[8] Pierre Bourdieu, Sur la télévision, París, Liber/Raisons d’agir, 1996, p. 54.

[9] Jürgen Habermas, «Préface à l’édition de 1990», en L’espace public, p. xviii.

[10] Véase Dominique Cardon, La démocratie internet. Promesses et limites, París, Seuil, 2010, cap. 2.

[11] Paul Starr, The Creation of the Media: Political Origins of Modern Communications, Nueva York, Basic Books, 2004, cap. 8.

[12] Abrams vs. United States, 250 U.S. 616 (1919).

[13] John Stuart Mill, De la liberté, trad. L. Lenglet y C. Dupond White, París, folio, [1860] 1990, cap. 2.

[14] John Milton, Areopagitica. Pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure, trad. G. Villeneuve, París, Flammarion, [1644] 2009.

[15] Charles Girard, Alice Le Goff (ed.), La démocratie délibérative. Anthologie de textes fondamentaux, París, Hermann, 2010.

[16] Voir Cass Sunstein, «Y a-t-il un risque à délibérer?», en: C. Girard, A. Le Goff (ed.), La démocratie délibérative, pp. 385-440.

[17] Ronald H. Coase, «The Economics of the First Amendment: The Market for Goods and the Market for Ideas», American Economic Review, vol. 64, 1974, pp. 384-391.

[18] C. Girard, «La délibération médiatisée. Démocratie et communication de masse», Archives de philosophie du droit, 54, 2011, pp. 249-266.

[19] Walter Lippmann, Public Opinion, Nueva York, Free Press, [1922], 1997, p. 19.