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El país en llamas

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altEl frio en la sala del tribunal federal hacía sentir a los concurrentes en territorio norteamericano. Los abogados blancos con el perfil “yankee” grandulón elitista vestidos de forma inmaculada con sus trajes de diseñador eran fieles representantes legales de los grandes intereses económicos de Wall Street. Todos hablaban en inglés entre sí. Junto a ellos, pero rezagados, un grupo de abogados “del patio” tratando de imitar “a los americanos” que se encargaban de cargarles los maletines de expedientes, hablando en español. La “mancha de plátano” los distinguía de los abogados visitantes “pro hac vice” como les decían.

Era la sala de la juez encargada de la quiebra de Puerto Rico y de los bonistas a quienes debían la deuda pública billonaria. Hoy se verían unos acuerdos entre los bonistas de las obligaciones generales y de los bonistas del Impuesto sobre las Ventas y el Uso. Una negociación que comprometía las arcas del gobierno por muchas generaciones para el pago de una deuda pública impagable.

Entre los presentes había representantes de las uniones, de los jubilados y pensionados, maestros y profesores, amas de casa, personas que habían perdido el ingreso de sus retiros por la caída de sus bonos, suplidores y contratistas del gobierno que llevaban años sin cobrar sus salarios y deudas, demandantes contra el gobierno con sentencias a su favor que estaban impedidos de ejecutarlas. Todos se distinguían por el color caribeño de su piel y por ser la representación del “ciudadano de a pie” de clase media trabajadora. Salvo algunas excepciones de bonistas que venían del norte.

-¿Cómo se siente estar en las ‘entrañas del monstro’ peleando por tus derechos frente a los titanes financieros del norte?- preguntaba el abogado “W” a otro compañero abogado.

-Te puedo decir que tan pronto llenemos esta sala con la gente que está manifestándose en las afueras del tribunal la juez tendrá que saber que el pueblo en general está en contra de las negociaciones impúdicas y obscenas que estos gringos quieren que les aprueben- señaló el compañero abogado.

-Nos están hipotecando el país por cuarenta años. La mitad del IVU es para el pago de la deuda a los bonistas seniors, un poco a los subordinados y la otra mitad para el gobierno.

-Pienso que esta juez puede favorecer el acuerdo ante el perjuicio de otros acreedores que se quedarán sin cobrar un centavo.

La juez expresó que quería escuchar a la ciudadanía y estaba consciente de las manifestaciones fuera del tribunal. Para ella la suerte de la negociación posiblemente estaba echada a favor del acuerdo, aunque no resolvería todo el problema de la deuda del gobierno.

-Solo le pido que el dolor del pueblo, la injusticia, la inocencia de nuestros niños, la miseria de los trabajadores no le sea indiferente.- dijo una maestra retirada.

-La deuda de COFINA es ilegal e ilegitima- argumentaba el Comité por la auditoría de la deuda.

-La deuda es inconstitucional. Un subterfugio para evadir los límites de la deuda pública establecidos por la Constitución del ELA.- planteaba uno de los abogados de las obligaciones generales.

-Ustedes no pueden presentar el Informe Económico porque no son acreedores de COFINA- les indicaba la juez a una de las uniones negándoles la admisión del informe como parte del litigio.

A las afueras del tribunal se desbordaban los manifestantes contra el acuerdo presentado a la juez. Todos estaban con camisetas anaranjadas, emulando los ‘chalecos amarillos” en Francia. Era la manifestación más grande alcanzada hasta ese momento. Uniones de trabajadores, maestros y pensionados, estudiantes, el grupo de “Fuera las promesas”, la organización “Que auditen la deuda”, y miles de personas abarrotaban las calles de la Ave Chardón. Todas estaban en contra del acuerdo de COFINA.

Las fuerzas de seguridad federal observaban desde la azotea del edificio federal a los manifestantes.

-Parece que el país está en llamas.- decía un agente del FBI.