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Podemos, Rajoy y la nueva presidencia en España

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altLuego de transcurrido más de 300 días con un gobierno en funciones en España, por una mayoría simple, Mariano Rajoy del Partido Popular, fue seleccionado como jefe de gobierno por las Cortes de España. En su investidura como Jefe de Gobierno, Rajoy acumuló los votos de 170 diputados, con 111 votos en oposición y 68 abstenciones, provenientes de la bancada del Partido Socialista Obrero Español, el cual maniobró para asegurar el triunfo del Partido Popular.

Entre los 111 votos en contra, hubo 15 diputados del PSOE que no se prestaron a esta maniobra, de los cuales 7 pertenecen al Partido Socialista de Catalunya, agrupación hermana del PSOE en esta región oriental dentro del Estado español. Al voto en contra del PP se sumaron también los diputados de Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco, DEE Cat, Nueva Canarias y EH Bildu. Este último, en referencia al proceder del PSOE, declaró a través de uno de sus portavoces que con su acción, el Partido Socialista Obrero Español no hacía sino “liquidar en una tarde un partido de 137 años de historia”.

Se trata de la primera investidura de gobierno de la cual participa el Rey Felipe VI, ya que la anterior investidura de Mariano Rajoy se hizo bajo el reinado de su padre, el Rey Juan Carlos.

El proceso de intentar formar gobierno en España se remonta a las elecciones de diciembre de 2015. En ellas, el Partido Popular, una agrupación claramente neoliberal y de derecha, obtuvo 123 escaños, cantidad ésta insuficiente para alcanzar los 176 diputados necesarios para formar gobierno sin alianzas con otros partidos. Ciudadanos, una agrupación política más joven de centro-derecha, alcanzó un total de 40 escaños, lo que tampoco le permitiría por sí misma ni junto al PP, formar gobierno.

El desgaste del Partido Popular en dichos comicios se reflejó en la pérdida de 63 diputados con relación al resultado de las anteriores elecciones. En el caso del Partido Socialista Obrero Español, organización política que se fundó durante el Siglo XIX, también reflejó una pérdida de apoyo en el voto popular. De 110 escaños obtenidos en las elecciones de 2011, el PSOE solamente obtuvo 90 diputados en 2015.

Luego de las elecciones de diciembre de 2015, el Partido Popular intentó infructuosamente formar un gobierno de coalición con Ciudadanos. Fracasados en sus intentos, el PSOE también se propuso formar gobierno con otras fuerzas más afines como Podemos, la cual para entonces no había formado aún una coalición con Izquierda Unida, y tampoco tuvo éxito. Todas las iniciativas para formar gobierno fracasaron, por lo que fue necesario, agotados los esfuerzos para conformar un gobierno bajo el artículo 101 de la Constitución española, que el Rey convocara a nuevas elecciones. Estas tuvieron lugar el día 26 de junio del año en curso.

Para esas elecciones, la agrupación Podemos junto con Izquierda Unida, anunciaron la formalización de un pacto que les permitió ir conjuntamente a las nuevas elecciones. La coalición entre Podemos e Izquierda Unida, llamada ¨Unidos Podemos¨, representó en votos la fusión de más de cinco millones de españoles que votaron en las elecciones de 2015 por la primera y cerca de un millón de votos que obtuvo la segunda. La suma de los electores de estas dos agrupaciones centró su confianza en la posibilidad de potenciar la suma de otros electores que, ante esta expresión de unidad, hastiados de los dos pasados gobiernos neoliberales del PSOE y PP en España, apostarían por un cambio a favor de un gobierno encabezado por ¨Unidos-Podemos¨.

Tales expectativas, sin embargo, se vinieron abajo con el resultado de las nuevas elecciones de junio de 2016. En ellas el Partido Popular obtuvo 600 mil votos más que en las elecciones de diciembre de 2015 y un total de 137 escaños parlamentarios. Ello representó 14 diputados más, aunque aún sin alcanzar un número suficiente para poder formar gobierno por sí mismo. Por su parte, el PSOE obtuvo en esas elecciones 85 escaños, lo que redujo en 5 el número obtenido en las elecciones de diciembre de 2015 y 15 menos si se compara el número obtenido en las elecciones de 2011.

En el caso de Podemos y sus aliados regionales, quienes concurrieron a las elecciones en conjunto con Izquierda Unida bajo la franquicia de ¨Unidos-Podemos¨; el primero, que había obtenido en las elecciones de diciembre de 2015 de 65 escaños, tuvo un aumento a 71 escaños. En sus cálculos previos a la elección, sin embargo, habían estimado en un número mayor sus posibilidades electorales, por lo que en sus proyecciones en cuanto a escaños, quedó por debajo de sus propias expectativas. Ciudadanos por su parte tan solo obtuvo 32 escaños. Hubo unos 25 diputados adicionales al parlamento provenientes de otras agrupaciones menores, la mayor parte agrupaciones regionales.

Para algunos españoles que se mueven fuera de los partidos mayoritarios el resultado fue frustrante, no sólo dado la reducción en la cantidad de votos obtenidos en las elecciones, sino ante la realidad de que muchas personas sencillamente votaron por políticos señalados como corruptos, tanto del PP como del PSOE. Significativo también fue el hecho de que si se compara el número de votos obtenidos por Podemos y por Izquierda Unida en las elecciones de diciembre de 2015, al sumar los votos obtenidos por dichas organizaciones por separado en las elecciones anteriores, hubo una pérdida de al menos un millón de electores que no fueron a las urnas, entre otras cosas, por no haber estado de acuerdo con la alianza entre ambas fuerzas políticas. Unos expresaban sus temores por la radicalización de posiciones políticas resultantes de la convergencia; otros por temor a ¨aguar¨ de alguna manera las posiciones políticas de sus organizaciones.

De acuerdo con el Artículo 101 de la Constitución española, ante la realidad de no haber un gobierno que cuente con la mayoría absoluta de sus diputados, “el gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno”. Mediante la Ley Núm. 50-1997, se dispone que, salvo situaciones de emergencia, el gobierno en funciones se limitará a atender sólo asuntos públicos ordinarios.

La situación política se complicó, además, con la crisis interna del PSOE tras la ¨renuncia¨ de su dirigente Pedro Sánchez el pasado 2 de octubre dentro del marco del debate de si se produciría o no una abstención en los votos de los diputados de dicho partido en el proceso de búsqueda de formación de gobierno, lo que permitiría entonces al Partido Popular conseguir la mayoría necesaria para configurar un nuevo gobierno con Mariano Rajoy al frente del Estado.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 99.5 de la Constitución, no formar un gobierno antes día 1 de noviembre de 2016 hubiera implicado convocar a nuevas elecciones. El movimiento del PSOE impulsando su abstención en las votaciones evitó unas nuevas elecciones. No obstante, el nuevo gobierno electo, a diferencia del mandato anterior de Rajoy, es el de un gobierno de minoría al no alcanzar la mayoría absoluta de los votos.

En un excelente discurso ofrecido por Íñigo Errejón previo a la votación para la formación de un nuevo gobierno en España, el dirigente político de Podemos indicaba que el PSOE se aprestaba a firmar su ¨rendición al Partido Popular¨. Destacaba que desde el 15M (como se conoce en España el movimiento popular que da vida a la formación de Podemos), el Partido Popular había perdido cerca de 4 millones de votos, por lo que cualquier posibilidad de triunfo de Rajoy en las elecciones para formar un gobierno, sólo le garantizaban una gobernanza temporal. Destacaba que Mariano Rajoy, si bien podría salir electo con la ayuda del PSOE, sería presidente de un gobierno que “no tiene agenda territorial, no tiene agenda social y económica, no tiene agenda democrática, no tiene ninguna respuesta frente a los problemas de nuestro país más que nos rindamos y tiremos la toalla”. Señalaba que el PP tampoco contaba con la mayoría en la calle ni en el Parlamento.

Con una perspectiva muy particular de los procesos sociales a lo largo de los ciclos de desarrollo históricos, planteaba que los españoles se encuentran ¨a la mitad de un proceso de cambio histórico.¨ Considerando que el PP no tiene propiamente ¨un proyecto de futuro¨ e identificando a Rajoy como ¨representante de una fuerza política en retroceso¨ que no tiene nada que ofrecerle a los españoles que no fuera ¨ resignación¨ y ¨miedo¨, frente a los cambios que Podemos viene impulsando en aquellos lugares en que ha accedido al poder en diversas ciudades en España, Errejón convoca a la construcción de un movimiento popular donde a diferencia del PP que pretende mantener una “democracia sin pueblo”, la respuesta sea la construcción de una democracia de consumidores donde “la gente trabajadora se junte, se de la mano y diga que hay posibilidades de un futuro mejor”.

Para Errejón la clave de cómo lograrlo está en “Poner la militancia de moda”. Con ello, nos convoca a “volver a revitalizar la mística, la épica y el orgullo de militar por un proyecto que construye un país mejor y decirles a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, sí yo milito, yo soy un militante del cambio político, yo me dejo horas, yo me dejo la piel, yo me dejo la salud para tener un país mejor, estoy profundamente orgulloso de formar parte desde ya de la gente que está construyendo una España a la altura de las necesidades de los españoles”. Al afirmar esta agenda, no de futuro sino del presente, nos recuerda que “cuando los de arriba no tienen proyecto para su país y los de abajo enarbolan como banderas ideas de sentido común, ha llegado la hora de su pueblo, ha llegado la hora de su patria, ha llegado la hora de su gente”.

Me parece que algo de esa mística, de esa épica, de ese orgullo de militancia hace también mucha falta en Puerto Rico, sobre todo en momentos en que sobre nuestro país se cierne una nueva ley congresional dirigida a acentuar el grado de control colonial de Estados Unidos sobre sus territorios y como parte de ellos, de modo particular Puerto Rico, con la imposición de una Junta de Control Fiscal. La Junta, como sabemos, borra de golpe y porrazo cualquier noción que hubiéramos creído existía en Puerto Rico en materia de gobierno propio, supeditando los pobres y pocos poderes políticos delegados bajo la Constitución vigente, en las tres ramas de gobierno, a una Junta nombrada por el Presidente de Estados Unidos con el concurso y participación del Poder Legislativo y la sanción jurídica en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle de su Poder Judicial por parte del Tribunal Supremo federal.

Lo que en España se visualiza como estar a la mitad de un proceso histórico de cambio, en Puerto Rico es, proponernos a forzar el inicio de esa ruta transformadora. Para ello, no sólo será necesario la claridad en torno a la ruta a seguir, sino también, la voluntad para ello. Esa ruta sigue siendo el ejercicio del derecho a la libre determinación de nuestro pueblo como zapata necesaria desde la cual otros cambios y transformaciones sea posible llevarlas a cabo.