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El duro precio: las sanciones de Trump contra el pueblo venezolano

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Hace varias décadas una iniciativa de la derecha estadounidense de finales de los años sesenta denominada ¨Movimiento de rearme Moral¨, tomó forma en los diferentes estados de Estados Unidos y sus territorios, incluyendo claro está, Puerto Rico. Este movimiento se atrincheraba en la idea de fomentar ciertos valores en torno al patriotismo en Estados Unidos en momentos en que en dicho país comenzaba a cuajarse un amplio movimiento de oposición a la Guerra de Vietnam. Este conflicto militar en el sudeste de Asia había comenzado a ser un elemento transformador en las mentes de gran parte de la juventud estadounidense, replanteándose el papel o el rol que jugaba Estados Unidos en perjuicio de muchos pueblos a los cuales invadía, y explotaba. El método para hacer llegar el mensaje de este Movimiento, fue el musical a través de lo que vino a llamarse ¨Up with People¨. En Puerto Rico, un poco criollizado, ese movimiento también se implantó, particularmente a partir de 1967 bajo el nombre de ¨Viva la Gente¨.

Si bien ¨Viva la Gente¨ sirvió como promotor de valores patrios al estilo estadounidense, aquí en Puerto Rico, la organización también jugó un papel como promotora de otros valores que incidió en la toma de conciencia de muchos de nuestros jóvenes. Una de sus canciones, según recuerdo, decía en inglés ¨freedom is´nt free, freedom is´nt free, you have to pay a price, you have to sacrifice, for your liberty¨. En español, sin embargo, se cantaba indicado ¨nuestra libertad, no es fácil es verdad, un precio hay que pagar, hay que sacrificar, por la libertad.¨ Cuando comparo ambas letras, a pesar de que la música era la misma, ciertamente el contenido de la letra es distinto. Esa frase inicial ¨nuestra libertad, no es fácil es verdad¨ hace una gran diferencia, no sólo en la letra de una canción, sino también en el contexto de un pueblo que anhela su libertad y lucha por ella.

Cuando leía la Orden Ejecutiva suscrita por Donald Trump el pasado 25 de agosto en torno a las sanciones financieras impuestas por su administración contra el pueblo y la revolución bolivariana de Venezuela, pensaba en la canción citada. La Orden Ejecutiva es la respuesta del gobierno de Estados Unidos al ejercicio soberano del pueblo venezolano de ser convocado, dentro de los poderes constituidos consagrados dentro del marco de su Constitución, a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese sentido, Estados Unidos castiga el ejercicio democrático a través del cual 8,890,300 venezolanos de un total de 19.447 millones de electores inscritos, concurrieran a seleccionar los delegados que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro Moros el 1 de mayo.

La premisa de las autoridades estadounidenses, según la cual la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, oculta el dato de que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en virtud de la cual se organiza la Asamblea Nacional, también en sus artículos 347 348 y 349 dispone lo relativo al ejercicio de poder nacional constituyente del pueblo venezolano. Conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la Asamblea Nacional de Venezuela la que está supeditada al poder nacional constituyente y no a la inversa.

Ese poder nacional constituyente no debería ser ignorado por el gobierno y el pueblo de Estados Unidos. Ese poder constituyente es en esencia, el mismo del que habla su Constitución de 1787 cuando en su Preámbulo indica ¨Nosotros el Puerto de los Estados Unidos (¨We the People of the United States¨). Como en el caso de Venezuela, las facultades delegadas por la Constitución al Poder Legislativo estadounidense (Cámara de Representantes y Senado) no están por encima del poder soberano del pueblo que aprobó la Constitución o las enmiendas subsiguientemente hechas y aprobadas por el pueblo.

Un artículo publicado en su edición digital por la BBC Mundo el pasado 25 de agosto bajo el título ¨Imposing Additional Sanctions with respect to the situation in Venezuela¨, nos ofrece un resumen del contenido de la Orden Ejecutiva. Indica que las medidas adoptadas por el presidente Trump establecen la prohibición de negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos del gobierno venezolano y la empresa estatal petrolera venezolana ubicada en Estados Unidos llamada Pdvsa y su subsidiaria CITGO. Esta última es el nombre comercial bajo el cual operan en Estados Unidos cientos de establecimientos para el despacho de gasolina. La Orden prohíbe además el pago al gobierno venezolano de ciertos bonos en manos del sector público venezolano y el pago de dividendos al gobierno o empresas del Estado en Venezuela. De acuerdo con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, este tipo de medidas persigue restringir el acceso de Venezuela al mercado de emisión de deuda estadounidense.

En su edición del 30 de agosto, este medio electrónico publicó otro artículo donde reseña que con estas medidas se comienza a estrechar un cerco financiero al gobierno venezolano, sobre todo en el contexto en que este torpedazo, como lo llama el medio electrónico, se da en la ¨línea de flotación financiera de un país que consigue, con exportación de petróleo 96 de cada 100 dólares en divisas y que debido a la necesidad de importar alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, tiene una gran dependencia del sector exterior.

Venezuela le vendió a los Estados Unidos durante los pasados años un promedio de 741 mil barriles de petróleo diarios, lo que representó para este país suramericano la suma de $32.2 millones de dólares por día. Después de Canadá y Arabia Saudita, Venezuela es el tercer país en ventas de petróleo a Estados Unidos. Un embargo total en la compra de petróleo en estos momentos a Venezuela obligaría de Estados Unidos a tener que recurrir a sus propias reservas posiblemente por espacio de varios meses antes de encontrar un suplidor sustituto. Se indica que dentro de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos existen 678.9 millones de barriles de los cuales apenas 100 millones tienen las características del petróleo venezolano. Estados Unidos, sin embargo, apuesta a que antes de provocar una crisis para Estados Unidos las medidas sobre el bloqueo financiero, Venezuela colapsaría.

La publicación mencionada indica el hecho de que el gobierno venezolano ha reconocido el efecto que ha tenido en la economía la caída en los precios del barril de petróleo. Para ello cita a presidente Nicolás Maduro Moros reconociendo una caída en las importaciones entre 2015 a 2016 de más del 50%. Las dificultades que enfrenta el gobierno venezolano, que vienen a agravarse por las nuevas sanciones contra el país por parte del presidente Trump, podría colocar en una situación difícil al país si no se adoptan otras opciones para atender el pago de las obligaciones de Venezuela relacionadas con su deuda externa. Si bien Maduro ha indicado que en los pasados años, aún con la difícil situación que Venezuela ha enfrentado, el país ha pagado puntualmente sus obligaciones, que en dos años han ascendido a $65 mil millones, el nuevo escenario podría llevar al gobierno a la disyuntiva de no pagar parte de sus obligaciones para mantener los servicios a la población que actualmente la Revolución Bolivariana garantiza.

Esta Orden Ejecutiva, al prohibirle a toda persona bajo la jurisdicción estadounidense que lleve a cabo operaciones financieras con Venezuela o su gobierno, salvo ciertas excepciones que la Orden incluye solo a manera de lavado de rostro, persigue el derrocamiento del gobierno revolucionario al que tanto Trump como su vicepresidente Mike Pence insisten en llamar ¨dictadura¨.

Recientemente voceros del gobierno venezolano, incluyendo a su presidente, han señalado que ante las sanciones financieras de Trump, Venezuela tiene un ¨Plan B¨; es decir que las afectaciones en su economía que persigue Trump con su Orden Ejecutiva podrán ser neutralizadas con otras medidas que tomará la Revolución Bolivariana. Entre ellas se menciona la intervención de países como la República Popular China, la Federación Rusa, la República Islámica de Irán y otras economías emergentes a escala mundial agrupadas en el BRICS en el apoyo financiero a Venezuela.

A la vez que se da el debate en torno a las medidas adoptadas por Trump contra Venezuela, también debemos atender cuál ha sido la respuesta política de la República Bolivariana de Venezuela hacia la Oposición y sobre aquellos funcionarios electos a la Asamblea Nacional que se han entregado a los intereses anti nacionales del pueblo. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado del Presidente del Tribunal Supremo de Venezuela y de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente el comienzo de un juicio que ha calificado de ¨histórico¨ para que se procese a miembros de la Oposición y al presidente de la Asamblea Nacional por el delito de traición al considerarles promotores de las sanciones que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos.

De hecho, las sanciones impuestas por Estados Unidos surgen apenas dos días después que el vicepresidente de este país se reuniera con la comunidad de exiliados venezolanos radicados en la ciudad de Miami. Dicho encuentro estuvo a su vez precedido por las reuniones sostenidas con representantes de los gobiernos de Colombia, Argentina, Chile y Panamá dentro del marco de su reciente gira por América Latina. A estas gestiones debe sumarse toda la intervención llevada a cabo desde la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) por Luis Almagro en complicidad con los cancilleres y presidentes de estos países y algunos otros no mencionados.

No podemos olvidar tampoco la famosa Declaración de Lima, suscrita el pasado 8 de agosto, donde alrededor de una decena de representantes de países latinoamericanos se refirieron al hecho de que no aceptan la convocatoria soberana del pueblo venezolano a una Asamblea Nacional Constituyente ni tampoco a su resultado. Son precisamente estos representantes a los cuales les preocupa la convocatoria del poder constituyente del pueblo venezolano, quienes viven en el temor de que los pueblos de sus respectivos países sigan la senda trazada por Venezuela y su pueblo.

Los pueblos en lucha deben hacerse sentir expresando su apoyo y solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y su actual proceso constituyente. Si este hermano país se sostiene y los fundamentos de su revolución fructifican, América Latina y el mundo gana. Si por el contrario Estados Unidos y las oligarquías latinoamericanas triunfan, los pueblos pierden. Ese es el gran reto: apostar y contribuir al triunfo de los pueblos.