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Reportaje Especial 1: Juan Acosta Reboyras, conflictos éticos y la Junta de Gobierno de la UPR

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alt(San Juan, 9:00 a.m.) El saliente miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, el abogado y contador público autorizado, Juan Acosta Reboyras, salió por vía de carta de renuncia a dicho organismo el pasado 15 de febrero de 2017. Había presentado su renuncia el pasado 31 de enero de 2017, la cual fue aceptada por el pleno del organismo, mediante resolución de despedida y agradecimiento el mismo 15 de febrero de 2017.

El Lcdo. Acosta Reboyras, fue nombrado por el entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla en el 2014, para cubrir una vacante ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Dado sus talentos profesionales, fue nombrado a presidir la Comisión de Finanzas de la junta de gobierno de la UPR. Es dicho cuerpo donde surgieron ideas como privatización, reducción de funciones de la universidad, reducción del presupuesto por cantidades en los $300 millones, entre otras. Estas ideas están asociadas, según nuestras fuentes consultadas, a la figura de Acosta Reboyras.

El único detalle de su partida súbita, interesante, es que el Lcdo/CPA Acosta Reboyras, había licitado desde el 9 de diciembre del 2016, mientras era parte de la Junta de Gobierno de la UPR, para ser asesor de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), como presidente de la firma Acosta y Ramírez, de abogados financieros y contadores públicos autorizados.

Efectivo el 10 de febrero, la firma de Acosta Reboyras se convirtió en una de las empresas boricuas que le brinda servicios de asesoría a dicho cuerpo fiscal establecido para Puerto Rico mediante la Ley PROMESA legislada por el Congreso federal. El contrato de servicios profesionales de su firma, fue firmado por el socio de Acosta Reboyras, Rafael Ramírez, quien estampó su firma en el contrato por el cual, el equipo de trabajo de la firma que tienen en conjunto, ofrecerá servicios de asesoría financiera a JSF.

Mediante el contrato firmado, cuyo monto no se específica, el Lcdo. Acosta Reboyras habrá de cobrar $250.00 dólares la hora, la retribución más alta de todos los que firmaron el contrato. Por otro lado, su socio, habrá de cobrar $210.00 la hora.

Nos preguntamos, ¿viola dicha acción la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico? ¿Viola dicha participación, de una persona con conocimiento interno de una de las instancias públicas del gobierno de Puerto Rico bajo la jurisdicción de la JSF, alguna disposición federal?

La investigación de El Post Antillano, continúa.