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Reportaje Especial 3: Juan Acosta Reboyras vive en la impunidad

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(San Juan, 3:00 p.m.) Hay personas que tienen suerte. Unas más que otras. El abogado y contable, Juan Acosta Reboyras, ex-sindico de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (JGUPR), desde el pasado 15 de febrero de 2017, y hoy contratista de la Junta de Supervisión Fiscal (Junta), desde el pasado 10 de febrero de 2017, es un profesional con suerte. Todo indica, por los documentos consultados, así como por las personas entrevistadas, que Acosta Reboyras goza de un poder superior a los meros mortales, razón por la cual, al violar la ley, vive en la impunidad sin consecuencia alguna.

El artículo 7 del contrato que firmó con la Junta el pasado 10 de febrero la firma Acosta y Ramírez, por vía de su vice presidente Rafael Ramírez, certifica que no existe ningún conflicto de interés o apariencia de este entre los firmantes y los trabajos a realizar por la Junta. Acosta Reboyras es el socio principal de la firma. Dicho esto, el contrato firmado el 10 de febrero, y efectivo inmediatamente, coincidía con los trabajos que en la JGUPR realizaba el síndico Acosta Reboyras, y sobre todo, con el conocimiento que este adqurió en la Junta de Gobierno como presidente del Comité de Finanzas. Hoy Acosta Reboyras, bajo su firma de abogados [contadores públicos autorizados] asesora en materia de finanzas a la Junta.

En Exhibit B de dicho contrato, el cual también fue firmado por la firma de Acosta y Reboyras, se establece a la página 5, que el contratista no podrá tener conflictos de interés entre su vida profesional privada y las gestiones que desempeñe para la Junta de Supervisión Fiscal. Ante este cuadro, nuevamente Acosta Reboyras, trabajó para la Universidad de Puerto Rico en asuntos sensitivos a los cuales tuvo acceso como síndico, y ahora estará asesorando a la Junta en los mismos asuntos sensitivos.

En el mismo Exhibit B de dicho contrato del 10 de febrero hay una certificación tipo cuestionario, donde el bufete vuelve a certificar, indicando vía un “no”, que no tienen conflicto de interés alguno con el trabajo a realizar en la Junta.

Finalmente, en el Apéndice A, aparece la lista de las instancias de gobierno bajo el control de la Junta; en ese listado aparece la Universidad de Puerto Rico. Nuevamente, el bufete de Acosta y Reboyras indicó en el certificado de no conflicto de interés (cuestionario del Exhibit B) no tener ninguno o ser una parte interesada (es decir la Universidad de Puerto Rico). Ante esto, mintieron en las contestaciones a las preguntas 1 y 4, en las cuales explícitamente se pregunta si habían trabajado o tenían relación de forma contemporánea con una parte interesada. Nótese que entre el 10 al 15 de febrero de 2017, Juan Acosta Reboyras era tanto consultor de la Junta de Supervisión Fiscal como sindico de la JGUPR.

Pero, ya dijimos, hay personas con suerte. Sobre todo, hombres con suerte como Acosta Reboyras. Si usted no tuviera suerte, bajo la cláusula 17 del contrato que firmó la firma del licenciado Acosta Reboyras con la Junta, como mínimo tendría usted hoy un señalamiento de la Oficina del Contralor, y un Fiscal Especial Independiente asignado. Esto lo decimos porque la cláusula 17 del contrato de servicios profesionales indica que el mismo se rige por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así es que jurisdicción hay para que el gobierno local intervenga, pero Juan Acosta Reboyras es un hombre con suerte.

Bajo la Ley de Ética Gubernamental, la cual le aplica al Lcdo. Acosta Reboyras, él ni su firma hubiesen podido pactar con la Junta de Supervisión Fiscal. Bajo la Ley 1 del 2012, conocida por la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, en el artículo 4.2 (g) se dispone que por espacio de dos años un funcionario, que incluye a un directivo de la JGUPR, no puede participar en actividades de negocios de las cuales tuvo conocimiento. Ante este cuadro, hoy el Lcdo. Acosta Reboyras, debería ser procesado.

Ante este cuadro, cuando en el 2013 Juan Acosta Reboyras fue nombrado por el entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, se hizo su nombramiento al amparo de la Ley 13 de 2013, la cual enmendada el artículo 3 de la ley 1 de 1966, conocida como la Ley de la Universidad de Puerto Rico. El párrafo 3 de la ley del 2013, dispone en su inciso (b) que los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico habrán de cumplir con las disposiciones de la Ley de Etica Gubernental del 2012. Pero ya lo dijimos: Acosta Reboyras, no sólo no cumplió en su momento de salida de la JGUPR, sino que goza de impunidad que es una inmunidad de facto.

Luego de este análisis, y en la conclusión de este reportaje especial, podemos llegar a la conclusión que las personas poderosas en Puerto Rico, como Juan Acosta Reboyras, pueden violar la ley, y tanto el gobierno estatal como el federal, les confieren un derecho de inmunidad silente. Personas como Acosta Reboyras viven en la impunidad absoluta.

(San Juan, 3:00 p.m.) Hay personas que tienen suerte. Unas más que otras. El abogado y contable, Juan Acosta Reboyras, ex-sindico de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (JGUPR), desde el pasado 15 de febrero de 2017, y hoy contratista de la Junta de Supervisión Fiscal (Junta), desde el pasado 10 de febrero de 2017, es un profesional con suerte. Todo indica, por los documentos consultados, así como por las personas entrevistadas, que Acosta Reboyras goza de un poder superior a los meros mortales, razón por la cual, al violar la ley, vive en la impunidad sin consecuencia alguna.

El artículo 7 del contrato que firmó con la Junta el pasado 10 de febrero la firma Acosta y Ramírez, por vía de su vice presidente Rafael Ramírez, certifica que no existe ningún conflicto de interés o apariencia de este entre los firmantes y los trabajos a realizar por la Junta. Acosta Reboyras es el socio principal de la firma. Dicho esto, el contrato firmado el 10 de febrero, y efectivo inmediatamente, coincidía con los trabajos que en la JGUPR realizaba el síndico Acosta Reboyras, y sobre todo, con el conocimiento que este adqurió en la Junta de Gobierno como presidente del Comité de Finanzas. Hoy Acosta Reboyras, bajo su firma de abogados [contadores públicos autorizados] asesora en materia de finanzas a la Junta.

En Exhibit B de dicho contrato, el cual también fue firmado por la firma de Acosta y Reboyras, se establece a la página 5, que el contratista no podrá tener conflictos de interés entre su vida profesional privada y las gestiones que desempeñe para la Junta de Supervisión Fiscal. Ante este cuadro, nuevamente Acosta Reboyras, trabajó para la Universidad de Puerto Rico en asuntos sensitivos a los cuales tuvo acceso como síndico, y ahora estará asesorando a la Junta en los mismos asuntos sensitivos.

En el mismo Exhibit B de dicho contrato del 10 de febrero hay una certificación tipo cuestionario, donde el bufete vuelve a certificar, indicando vía un “no”, que no tienen conflicto de interés alguno con el trabajo a realizar en la Junta.

Finalmente, en el Apéndice A, aparece la lista de las instancias de gobierno bajo el control de la Junta; en ese listado aparece la Universidad de Puerto Rico. Nuevamente, el bufete de Acosta y Reboyras indicó en el certificado de no conflicto de interés (cuestionario del Exhibit B) no tener ninguno o ser una parte interesada (es decir la Universidad de Puerto Rico). Ante esto, mintieron en las contestaciones a las preguntas 1 y 4, en las cuales explícitamente se pregunta si habían trabajado o tenían relación de forma contemporánea con una parte interesada. Nótese que entre el 10 al 15 de febrero de 2017, Juan Acosta Reboyras era tanto consultor de la Junta de Supervisión Fiscal como sindico de la JGUPR.

Pero, ya dijimos, hay personas con suerte. Sobre todo, hombres con suerte como Acosta Reboyras. Si usted no tuviera suerte, bajo la cláusula 17 del contrato que firmó la firma del licenciado Acosta Reboyras con la Junta, como mínimo tendría usted hoy un señalamiento de la Oficina del Contralor, y un Fiscal Especial Independiente asignado. Esto lo decimos porque la cláusula 17 del contrato de servicios profesionales indica que el mismo se rige por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así es que jurisdicción hay para que el gobierno local intervenga, pero Juan Acosta Reboyras es un hombre con suerte.

Bajo la Ley de Ética Gubernamental, la cual le aplica al Lcdo. Acosta Reboyras, él ni su firma hubiesen podido pactar con la Junta de Supervisión Fiscal. Bajo la Ley 1 del 2012, conocida por la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, en el artículo 4.2 (g) se dispone que por espacio de dos años un funcionario, que incluye a un directivo de la JGUPR, no puede participar en actividades de negocios de las cuales tuvo conocimiento. Ante este cuadro, hoy el Lcdo. Acosta Reboyras, debería ser procesado.

Ante este cuadro, cuando en el 2013 Juan Acosta Reboyras fue nombrado por el entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, se hizo su nombramiento al amparo de la Ley 13 de 2013, la cual enmendada el artículo 3 de la ley 1 de 1966, conocida como la Ley de la Universidad de Puerto Rico. El párrafo 3 de la ley del 2013, dispone en su inciso (b) que los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico habrán de cumplir con las disposiciones de la Ley de Etica Gubernental del 2012. Pero ya lo dijimos: Acosta Reboyras, no sólo no cumplió en su momento de salida de la JGUPR, sino que goza de impunidad que es una inmunidad de facto.

Luego de este análisis, y en la conclusión de este reportaje especial, podemos llegar a la conclusión que las personas poderosas en Puerto Rico, como Juan Acosta Reboyras, pueden violar la ley, y tanto el gobierno estatal como el federal, les confieren un derecho de inmunidad silente. Personas como Acosta Reboyras viven en la impunidad absoluta.