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¡No paguemos la deuda!

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alt(San Juan, 9:00 a.m.) La Junta de Supervisión Fiscal está revelando sus garras y el panorama de Puerto Rico se asoma sombrío, advierte el columnista Benjamín Torres Gotay. El apoyo que pudiéramos tener en el Congreso de Estados Unidos es muy posible que esté coartado por los republicanos y la política de menosprecio a las minorías de Donald Trump.

No puede haber otra respuesta ante esta situación que no pagar la deuda y hacer íuna auditoría de la misma con urgencia. Esto es lo mismo que hizo Ecuador para poder salir adelante. El presidente Rafael Correa combatió el endeudamiento público mediante la creación de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público que analizó la deuda minuciosamente. La misma, tras el análisis, fue declarada ilegal, odiosa e inconstitucional por Correa. Asimismo decretó una moratoria de millones de dólares por considerarlos ilegítimos, como documentó la Comisión.

El prestigioso periódico Le Monde Diplomatique publicó que, “según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador es el segundo país de la región que más ha reducido su índice de pobreza. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza”. Al invertir el dinero en medidas sociales y proyectos económicos que beneficiaran al pueblo, Ecuador prosperó. También se pagó parte de la deuda legítima para no perder credibilidad ante los mercados financieros. El 12 de diciembre de 2016 Correa fue homenajeado con la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana, en reconocimiento a su prestigio internacional por su trabajo en favor de la justicia, según da cuenta el periódico ecuatoriano El Telégrafo.

(http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/rafael-correa-primer-presidente-iberoamericano-en-recibir-la-gran-cruz-de-la-orden-de-la-justicia) Este año Correa ha sido nombrado por la ONU como el mejor presidente del mundo. Han sido reconocidos sus logros en salud, educación y derechos de la mujer.

Ante la grave crisis económica y de derechos humanos que vive Puerto Rico no hay otro camino que negarnos a pagar la deuda y exigir que esta sea auditada con rapidez. Solicitarnos el pago a ciegas es un acto de absoluta perversión, pues se nos quiere imponer una deuda que en parte no debemos, obtenida en violación de la constitución. También hay que denunciar internacionalmente nuestra situación colonial de desamparo frente a los Estados Unidos. El Centro de Periodismo Investigativo ha informado sobre la estrecha relación que dos de sus miembros han sostenido con el Banco Santander, uno de los acreedores, lo que constituye un grave conflicto de intereses.

Se pretende restarle a los servicios sociales más necesarios para el pueblo: salud y educación. Por eso urge un plan del pueblo dedicado al desarrollo económico del país. Nuestros economistas, líderes comunitarios, cooperativistas, educadores, entre otros, debemos de crear un plan de recuperación alternativo que tenga como prioridad minimizar la polarización entre riqueza y pobreza que existe en Puerto Rico, insistir en la eliminación de las leyes de cabotaje, elemento que han defendido estadistas, populares e independentistas; reclamar leyes protectoras de nuestras tierras laborables antes de que las compren los inversionistas y la protección absoluta de nuestras zonas ecológicas.

Acudir a las naciones latinoamericanas para que nos manifiesten su respaldo y a los principales grupos de derechos humanos del mundo se hace imperioso. La Carta Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 22 que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. El artículo 25 expresa que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Ambos artículos serían violados seriamente con las reducciones que nos quiere imponer la Junta de Supervisión Fiscal. Pero, no es la hora del llanto sino del trabajo unitario, rápido y estratégico. No paguemos la deuda. ¡El pueblo tiene el primer lugar!