Mar08222017

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El ELA se acabó, pero se reinventó el proyecto colonial

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La virtual desaparición del Estado Libre Asociado (ELA) del panorama político de Puerto Rico ha dejado sin fundamento la estructura colonial tal y como la conocemos desde el 1952. En dicho año, y luego de un proceso de “autodeterminación” promovido por la metrópoli, los puertorriqueños experimentaron el establecimiento de una nueva relación colonial. Esa relación podría ser caracterizada como un nuevo acuerdo entre la élite de la metrópoli y la de la colonia pero que excluía a la masa del pueblo que pasó de ser una colonia al desnudo a una colonia con un pacto. La idea de que se había establecido un nuevo pacto colonial, y por lo tanto un arreglo de las relaciones entre las élites, fue la punta de lanza para legitimar el establecimiento del ELA. Sin la supuesta existencia del pacto el ELA no hubiera tenido la legitimidad necesaria para ser tolerado por la mayoría de la población, sobre todo las élites locales. No debemos perder de perspectiva que el pacto no incluía a los negros, las poblaciones populares o los residentes de barriadas y sectores marginales sino que el mismo estaba pensando sólo en términos de los intereses de las élites, tanto coloniales como metropolitanas.

Una vez entendemos que los arreglos del “estado” son lo que determinan las élites y que las poblaciones realmente no son parte de dichos procesos podemos entender lo que ha ocurrido en Puerto Rico. El fin del ELA no es el fin de la hegemonía del Partido Popular Democrático (PPD), como lo demuestra la historia, ya que dicha hegemonía se terminó en el 1968 ante la primera victoria del Partido Nuevo Progresista (PNP). Lo que realmente señala el fin del ELA es al fin de la hegemonía de la élite que había utilizado al estado, desde ambos partidos hegemónicos, para servir sus propios intereses. Esas élites, yo le llamo oligarquía colonial, se aferraron al poder por medio de la elaboración de narrativas políticas que legitimaron su condición de clase dominante, en primer lugar, y que permitieron que los sectores populares les dieran su apoyo en la continuación del proyecto que les daba el poder que disfrutaron durante tanto tiempo.

Por un lado, la élite identificada con el PPD elaboró una narrativa de nacionalismo cultural que permitió la consolidación de su poder por medio de la construcción de una identidad nacional propia que no amenazara su hegemonía económica y política. Por otro lado el PNP elaboró una narrativa que integró los reclamos de los sectores más pobres del país con una ideología colonial que perpetuaría la condición de la colonialidad en Puerto Rico por medio del reclamo de la anexión.

La paradoja de la construcción de las dos narrativas coloniales que perpetuarían a las élites en su condición de clase dominante, por medio de la creación de la nacionalidad cultural o del espejismo de la anexión, consiste en que ambas narrativas aparentaban estar construidas sobre el reclamo de autodeterminación nacional. Obviamente el objetivo no era, en ninguno de los dos casos, adquirir algún tipo de concesión por parte de la metrópoli a favor de la autodeterminación sino meramente asegurar que las élites coloniales pudieran seguir teniendo el acceso al poder por medio del control del estado burocrático. Este control se ejercía fácilmente por medio de la cooptación de puestos legislativos, nombramientos judiciales, candidaturas políticas o carreras en el “servicio público” como usualmente las élites le llaman a su poder sobre la burocracia estatal.

La crisis que hoy experimenta el estado se debe, fundamentalmente, a la extinción del pacto colonial que articuló el acceso de las élites al control del poder y del aparato del estado. Esa crisis se refleja en la desesperación de las élites por lograr un nuevo acomodo, como siempre han hecho, dentro de las nuevas relaciones políticas y económicas establecidas desde la metrópoli. Dentro de esa dinámica hay que observar, y estudiar con mayor detenimiento, el papel de las élites de los Estados Unidos y cómo la crisis del estado metropolitano les obliga a buscar en la colonia un espacio para ejercer su poder. Esto significa que los cambios en la relación, y el supuesto pacto, entre la colonia y la metrópoli, están relacionados con la búsqueda, por parte de las elites metropolitanas, de nuevos espacios para convertirse en la clase dominante. Esta búsqueda puede tener varias explicaciones, además de que no es la primera vez que las élites metropolitanas buscan acceso al poder en la colonia como forma de subsanar una pérdida de poder dentro de su propio país.

Mientras que las élites metropolitanas no experimentan algún tipo de disminución del poder que tienen dentro de la metrópolis no es necesario buscar un nuevo acuerdo colonial pues las mismas disfrutan de su área de poder hegemónico en un territorio determinado. La colonia, dentro de ese acuerdo, sirve de fundamento económico y fuente de bienes y consumo. Una vez la élite metropolitana experimenta la disminución de su poder dentro de su territorio, o como es en este caso, a nivel internacional busca un nuevo arreglo colonial que reacomode las relaciones de poder y le permitan ejercer un poder hegemónico más directo dentro del territorio de la colonia. De este modo Puerto Rico pasa de ser una colonia de consumo, y de control, a una colonial de asentamiento, como las colonias tradicionales, donde las élites metropolitanas se acomodan para ejercer su poder de clase dominante de manera más abierta.

Ante el hecho de que Puerto Rico no ha logrado articular una oposición real, más allá de hacer marchas y dejarse arrestar de vez en cuando, al poder de las élites metropolitanas, las mismas ven el camino abierto para expandir su control directo y convertir a la isla en una colonia de asentamiento que se construye sobre el desplazamiento de las élites locales y la población marginal. Es por esta razón que vemos que la Junta de Supervisión Fiscal Federal (La Junta) comienza a ejercer poderes que tradicionalmente eran reservados para las élites locales bajo la construcción del pacto colonial previo. La Junta, en este contexto, se convierte en un nuevo gobierno, no electo, con apoyo popular, que tiene como objetivo reemplazar a las élites locales y es por ello que el gobernador Ricardo Rosselló dice que va a desafiar las determinaciones de la Junta sobre el empleo público y las pensiones. Dicho desafío no está construido sobre una convicción ideológica de que recortar la jornada laboral o las pensiones es un paso equivocado sino sobre la ofensa experimentada por las élites coloniales por parte de las élites metropolitanas.

La realidad es que la confrontación entre el Gobernador y la Junta es la confrontación entre las élites coloniales y las metropolitanas. Mientras que eso sucede las clases populares, no hegemónicas ni dominantes, se quedan esperando que alguien tome el batón para defender sus intereses. Ni la élite local, con sus partidos coloniales, ni la élite metropolitana lo harán mientras sus intereses no estén alineados con los del pueblo y eso no ha sucedido en más de cien años.