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Entre el terrorismo, las cenizas y la resistencia civil

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Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico hemos tenido, recientemente, una serie de actos de resistencia, enfrentamientos y conflictos que han puesto en evidencia los límites del estado democrático. En Estados Unidos los movimientos en contra de las manifestaciones de los supremacistas blancos y los fascistas han colocado en una encrucijada a los defensores del orden liberal tradicional. Según ese orden todas las opiniones deben ser protegidas y todos los sectores tiene derecho a manifestarse bajo el amparo de la protección del estado. Ante este argumento liberal movimientos anti-fascistas, o Antifa, han propuesto una estrategia que parte del supuesto de que las opiniones de los fascistas no deben ser toleradas en el debate público y que el deber de los movimientos que se oponen al fascismo es evitar que dichas opiniones salgan al debate público. La reacción de los sectores liberales no se ha hecho esperar argumentando que históricamente el uso de la violencia como instrumento disuasivo ha provocado que los fascistas pudieran decir que eran víctimas de la violencia de la izquierda y así ganaran la simpatía pública.

Mientras que los sectores liberales tratan de deslegitimar los movimientos anti-fascistas la derecha se agarra de dichos argumentos para argumentar que tienen derecho a una prédica que lo que supone es el exterminio de sus opositores. Ya en los Estados Unidos el debate público no es entre adversarios que participan por igual en un debate político sino entre enemigos uno de los cuales busca el exterminio físico de sus enemigos. Ir tras que el otro, el movimiento anti-fascista, busca eliminar del debate público las ideas de sus enemigos. Este proceso ha colocado en una situación difícil, en los Estados Unidos, el consenso liberal sobre el derecho a la libertad de expresión.

Si en Estados Unidos el choque entre los anti-fascistas y los supremacistas blancos ha colocado en precario el consenso liberal oligárquico en Puerto Rico el choque entre los opositores al depósito de cenizas en el vertedero de Peñuelas y las corporaciones criminales que pretenden exterminar al pueblo puertorriqueño ha colocado al consenso colonial en una situación igual de difícil. Si por un lado los defensores del depósito de cenizas en los vertederos del país actúan bajo una lógica genocida pues saben que sus actos sólo pueden conducir a la muerte de las comunidades afectadas, los opositores al depósito de cenizas se ven forzados a recurrir a estrategias políticas que pretenden demostrar la urgencia de sus reclamos como es, por ejemplo, depositar cenizas en oficinas de gobierno o en el Capitolio. Los defensores del estado de derecho que permite que la lógica genocida de los sectores corporativos opere impunemente en la isla, que son los sectores liberales oligárquicos, han tratado de clasificar dichas manifestaciones como un acto de terrorismo sin considerar que la lógica genocida que legitima el depósito de cenizas en los vertederos es lo que realmente causa la resistencia políticas de los sectores populares.

Si el depósito de cenizas como un acto de resistencia es realmente un acto de "terrorismo" entonces habría que considerar si la lógica genocida corporativa es un crimen de lesa humanidad. La realidad es que la clasificación como terrorismo de un acto de resistencia diseñado para dramatizar el riesgo a la vida de los sectores populares lo que hace es validar la lógica genocida corporativa, compartida por la oligarquía colonial, y radicalizar la importancia de la resistencia y la acción directa de las comunidades.

Puerto Rico, tanto como Estados Unidos, enfrenta un momento decisivo en la articulación del proyecto liberal hegemónico. Mientras que dicho proyecto permita que la lógica genocida corporativa, tanto como la lógica racista del supremacismo blanco en los Estados Unidos, se imponga como la normalidad la radicalidad de la resistencia popular tendrá que ir asumiendo nuevas formas, de acción directa y resistencia colectiva, que serán recibidas con la violencia típica de los sectores oligárquicos en la colonia. No hay duda de que la violencia actual, en ambos países, es fruto de un estado de derecho cuestionado, retado, que no sabe cómo reaccionar ante los actos de resistencia popular que no corresponden a la lógica de muerte que dicho sistema ha adoptado. Mientras no sean capaces de ver que los pueblos sólo están protegiendo su mera existencia, una existencia precaria y limitada, el estado seguirá actuando como si fuera la víctima de un ataque de los grupos de resistencia civil y seguirá provocando la muerte del pueblo. La lógica genocida corporativa es, hoy, la lógica del estado colonial, y nuestra seguridad, no ya ni siquiera la liberación, pasa por la posibilidad de transformar el estado en el espacio de protección de la vida y no de los derechos de las corporaciones.