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Bhatia v. Rosselló, ¿Existe la independencia judicial?

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altNo fui de los que se sorprendió ante la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico revocando una resolución de un tribunal más bajo que autorizó a un senador de minoría ver una copia de un borrador de presupuesto sometido por la Rama Ejecutiva a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En nuestra constitución y pensamiento legal los tribunales constituyen una rama independiente y apolítica, pero nuestro actual Tribunal Supremo es muy consecuente en sus decisiones cuando se trata de los casos de corte político que afectan al partido que los nombró a sus puestos.

Puede usted decir ante ese comentario que eso siempre ha sido así, que antes cuando el ahora minoritario Partido Popular Democrático (PPD), el partido que controló ese tribunal por décadas, ocurría lo mismo. Si bien esto es cierto, y no estoy afirmando que lo sea—ciertamente no al extremo del actual Tribunal Supremo. Es del presente que nos debemos de preocupar. Durante la gobernación de Luis Fortuño, hace apenas cinco años, el Partido Nuevo Progresista (PNP) tomó control del Supremo. Fue un momento de júbilo para los PNP. “Por fin”, dijeron, “vamos a controlar la rama que nos faltaba”. Da la impresión de que para todas las decisiones importantes de índole política o fiscal este bloque de juristas nombrados por Fortuño se une para favorecer a las otras ramas de gobierno, que si son controladas por el PNP. Parece que esto no falla menos en un caso, el del juez Luis Estrella Martínez, quien sí ha demostrado independencia judicial. Estrella Martínez, que emitió una opinión disidente en este caso—una de sus múltiples disidencias.

La opinión de la mayoría fue escrita por el juez Roberto FiIiberti Cintrón, que parece incapaz de fallarle en contra a los intereses de funcionarios PNP. La acción judicial fue incoada por el líder de la minoría PPD en el Senado de Puerto Rico Eduardo Bhatia, quien alega que el documento debe ser público y que bajo el derecho de información debe tener acceso a él. Mientras tanto, el Gobierno de Ricardo Rosselló sostiene que bajo la doctrina de privilegio ejecutivo no tiene la obligación de dar a la publicidad este documento. La jueza Lauracelis López Arroyo del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitió una resolución autorizando al peticionario a ver el documento en cámara antes de decidir si procedía la divulgación pública del documento. El Supremo en su decisión devolvió el caso a la sala para que dilucide si el documento debe ser considerado público.

Lo que me deja perplejo es que la jueza celebró una vista en su sala al respecto, lo cual causó que Estrella Martínez manifestarse en su opinión disidente que ya era tiempo que procedía la entrega del documento. Me parece que la decisión del Tribunal dilata innecesariamente cualquier premura procesal que debiera de haber en los casos de acceso a la información pública. Pero Filiberti escribió que bastaba con que se mostrase el presupuesto final (aprobado por la Junta) para solucionar cualquier controversia sobre la libertad a la información. Ahora habrá otras vistas en la sala de la jueza Roques Arroyo para que se dé fin a esta controversia.

La Junta de Supervisión Fiscal es un ente de hechura del Congreso de los Estados Unidos para manejar las finanzas del Gobierno de Puerto Rico ante su aparente incapacidad de pagarle más de $70 mil millones a sus bonistas. Es la culminación de décadas de mala administración. En fin, el gobierno de la Isla está en quiebra y la última palabra en cuanto a sus asuntos fiscales le toca a la Junta. ¿Pero por qué los puertorriqueños no podemos saber lo que dice un documento que contiene el presupuesto sometido a la Junta para su aprobación? ¿No se le ocurre a nadie que si se mantiene sin divulgar habremos perdido la única oportunidad de saber qué es lo que propone nuestro gobierno?