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¿A favor o en contra de los nuevos impuestos de Washington?

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alt(San Juan, 12:00 p.m.) En Congreso federal se encuentra ponderando una reforma tributaria para su país, la cual incide sobre el bienestar de los residentes del territorio colonial de Puerto Rico. La reacción de los políticos de turno, sea la del gobernador, Ricardo Rosselló, o la del presidente del principal partido de oposición, el Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, ha sido la de oponerse a la legislación propuesta.

En principio, se trata de dos proyectos de legislación, dentro de la gran reforma tributaria de los EE.UU. que inciden sobre los tributos en Puerto Rico. Por un lado, la legislación de la Cámara de Representantes, promovida por la Comité de Medios y Árbitros, la cual sugiere un impuesto de 20 por ciento a todos bien exportado desde la isla hacia los EE.UU.

Esta legislación propuesta choca a su vez, con otra medida promovida por el Comité Finanzas del Senado, ha propuesto un impuesto del 12.5 por ciento a toda transferencia de bienes hacia la isla de empresas manufactureras que tenga una subsidiara en Puerto Rico, y transfieran bienes y servicios a la isla. Sobre todo para empresas que operan como industrias foráneas en Puerto Rico.

Mas allá de rechazar las medidas, sería interesante pensar en otros asuntos. Por un lado el gobierno del presidente Donald Trump, está promoviendo un diálogo de que las empresas de los EE.UU. o se ubiquen en su territorio nacional, o que tributen. Puerto Rico, el colonialismo o la dependencia, promueve que la isla sea tratada para fines contributivos como un destino foránea. Esto para atraer inversión de los EE.UU. a la isla, libre del pago de contribuciones. Esto es la llamada triple exención contributiva, la cual se nos impuso en la isla desde la Ley Jones de 1917.

En la práctica Puerto Rico es un lugar para evadir contribuciones, o no pagarlas, en el cual provisto por la legislación federal existente, las multinacionales capitalizan en la isla, por encima de lo que harían en el territorio nacional de dicho país. Lo interesante es que nadie se queja, mientras Puerto Rico sea un enclave de producción de capital ilimitado. Trump lo que ha intentado es restringir en parte la naturaleza salvaje de la acumulación.

Lo interesante de la conversación sería pensar que dichas nuevas tasas de contribuciones servirían para pagar la deuda pública de Puerto Rico. El dinero generado podría ser devuelto al pueblo de Puerto Rico y con eso pagar la deuda. Por otro lado, esto podría también fomentar la producción de bienes a nivel local para ser retenidos en la isla la ganancia.

Pero lo que no podemos pensar es que habrá crecimiento económico en Puerto Rico, con legislación tipo la Ley 22-2012, la cual promueve que los mil millonarios de los EE.UU. se hagan residentes de Puerto Rico y no paguen contribuciones por la ganancia de capital que generen en la isla. El modelo de producción por decreto de exención contributiva, tipo la Ley 22-2012, es el responsable de la crisis actual en Puerto Rico. Busquemos otras soluciones que no sean a favor del capital y la acumulación. Pensemos.