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Puerto Rico, la Junta y el Congreso luego de María

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alt(San Juan, 12:00 p.m.) El debate sobre Puerto Rico en el Congreso no tiene nada que ver con una investigación sobre el caso Whitefish. Esa es la primera conclusión a la que debemos llegar al observar lo que ha pasado en las semanas anteriores. El propio presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop, admitió que el caso Whitefish es agua pasada que no van a investigar. Al principio dicha admisión me tomó por sorpresa, luego de reflexionarlo me pareció obvio. Investigar Whitefish es el objetivo de los demócratas del Congreso, no de los republicanos. Whitefish es el fracaso de la administración Trump y al Congreso republicano eso no le interesa.

El verdadero debate en el Congreso está relacionado con los poderes de la Junta y del gobierno local. El mismo Bishop admitió que Whitefish tiene importancia, pero sólo mientras sirva para dar razones para aumentar los poderes de la Junta. Mientras que Natalie Jaresko compareció hace dos semanas ante el Congreso a pedir que se aclare el estatuto que crea la Junta para determinar que tenía poder para nombrar un síndico a la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobernador Ricardo Rosselló compareció, una semana después, a defender los poderes soberanos de Puerto Rico. Esa expresión no fue articulada por algún Independentista trasnochado ni por un “separatista” sino por el mismo Rosselló quien estuvo forzado a defender su posición como gobernador aferrándose a algún concepto comprensible para el Congreso.

Cuando Bishop enfatizó que el gobierno tenía que colaborar con la Junta. Rosselló tuvo que decir que lo haría, pero no a costa de los poderes soberanos de Puerto Rico. Esta defensa de la soberanía pareció un acto desesperado de Rosselló ante un Congreso que va directo a disminuir los poderes de la isla. Pero si miramos con mayor atención veremos que el nuevo soberanismo de Rosselló es meramente un artilugio diseñado para poder mantenerse en el juego. Lo que verdaderamente está a punto de suceder es que el Congreso le va a dar más poderes a la Junta, incluso sobre la voluntad de Rosselló quien en el pasado fuera defensor de la imposición de dicho mecanismo de control.

La Junta está pasando de ser un ente de supervisión a ser uno administrativo. En las próximas semanas veremos cómo el Congreso debate la ampliación de los poderes de la misma como condición para asignar el dinero pedido por Rosselló en la vista de la semana pasada. Esta condición, aceptar la ampliación de los poderes de la Junta a cambio de los 94 mil millones, supone la extinción de los poderes administrativos del gobierno de Rosselló, la sustitución arbitraria del poder electo por un organismo neoliberal y dictatorial y el fin del proyecto articulado a mediados del siglo pasado en la forma del Estado Libre Asociado. Lo interesante es que ahora Rosselló, un enemigo acérrimo de dicho proyecto, se ve forzado a defenderlo como única vía para poder seguir siendo el gobernador. El problema es que Rosselló se sienta tentado a ceder a la Junta sus poderes a cambio de que nadie investigue realmente el caso de Whitefish. Esta última alternativa le conviene a la administración Trump tanto como a la administración Rosselló.

Aparentemente el berrinche de Rosselló con la soberanía terminará en un acuerdo para que nadie de su administración, ni de la de Trump, vaya a ser arrestado. Pero para Puerto Rico esto supone darle más poderes a la Junta que podrá administrar el dinero de la recuperación, incluso para utilizarlo en el pago de la deuda. El riesgo es que se pague la deuda con dichos fondos y la isla se quede sin reconstrucción asegurando que María sea el fin del Estado Libre Asociado, pero también de la posibilidad de la independencia.