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El gobierno de Washington termina protección temporera a los salvadoreños

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alt(San Juan, 11:00 a.m.) El gobierno de Donald Trump ha anunciado que en septiembre del 2019 terminará el programa de protección temporera de los salvadoreños que está vigente desde el 2001. El programa de protección temporera (TPS, por sus siglas en inglés) es un programa migratorio que da la oportunidad a los miembros de los grupos protegidos a trabajar y permanecer dentro de los Estados Unidos aun cuando hayan entrado sin permiso, por el tiempo que dure el programa. En el caso de los salvadoreños el programa se aprobó a causa de dos terremotos que ocurrieron en enero y febrero del año 2001. Luego de que el programa se aprobara todos los salvadoreños que estaban dentro de los Estados Unidos, al momento de la aprobación del mismo, cualificaron para la protección provista por el programa al pagar entre 500 y 600 dólares cada vez que renovaban el permiso de trabajo bajo el TPS.

El TPS de los salvadoreños es significativo porque la mayoría de las personas que se acogieron al mismo en el 2001 estaban dentro de los Estados Unidos, indocumentados, desde la década de los noventa. Esto se debe a que muchos de los beneficiarios del TPS eran personas que había huido de la situación de inestabilidad política y militar que imperaba en El Salvador durante la década de los ochenta.

La guerra civil salvadoreña fue promovida por las políticas interventoras de los Estados Unidos bajo el régimen de Ronald Reagan. Dichas políticas provocaron que la guerra se extendiera más tiempo del necesario y que se convirtiera en una situación de inestabilidad inescapable para la mayoría de la población. Es en este contexto donde asesinan a Monseñor Arnulfo Romero en marzo del 1980 y a muchos otros miles, los estimados indican que en dicho conflicto murieron unas 75 mil personas. Muchos de los refugiados que entraron a los Estados Unidos durante esas décadas sometieron peticiones de asilo pero en su gran mayoría fueron denegadas unos diez a veinte años después de haber sido sometidas. Esto significa que muchos de los refugiados se quedaron sin alternativas bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos a mediados de los noventa. Estos refugiados quedaron en una situación de indefensión ante el sistema migratorio que comenzó a deportarlos en masa a El Salvador luego de muchos años de haber residido en los Estados Unidos. Los que pudieron evitar la deportación se quedaron viviendo en las sombras de la ilegalidad pues no contaban con permiso de trabajo o estancia legal dentro de los Estados Unidos. Es por ello que en el 2001, cuando se aprobó el TPS para los salvadoreños, muchos de los peticionarios eran personas que llevaban décadas viviendo, trabajando y teniendo familias en los Estados Unidos.

A pesar de que el TPS es un programa temporal de protección la realidad es que hace casi dos décadas que estas personas están viviendo y trabajando con dicho programa y que cancelar el mismo sin abrir alguna puerta para ellos es un acto de crueldad sin comparación. No debemos perder de perspectiva que el gobierno de los Estados Unidos ha extendido más de ocho veces el programa y que en el 2016 fue la última extensión en la cual se citaron las condiciones de pobreza y violencia generalizada como razones para aprobar la misma. Según la administración Trump las razones para denegar la extensión y anunciar la cancelación del programa son que las condiciones originales que provocaron la aprobación del mismo ya no están vigentes. Esto se argumenta a pesar de que los defensores de los inmigrantes han aludido a las razones para la extensión del 2016 y el hecho de que dichas condiciones no han variado de manera significativa. La administración alega, en respuesta a las críticas de los defensores de los inmigrantes, que la extensión basada en condiciones distintas a las originales fue un error y que su determinación ha sido tomada según la ley aplicable.

La realidad es que la cancelación del programa de TPS coloca a la población refugiada de El Salvador en una posición difícil ya que al solicitar la protección los inmigrantes han revelado al estado su presencia y localización lo que hace más fácil que sean identificados y deportados en el futuro. Las normas procesales migratorias dejan sin alternativas a estas personas y cerca de 200 mil personas podrían ser deportadas de los Estados Unidos luego de septiembre del 2019. La cancelación del TPS de los salvadoreños se une a la de los haitianos y nicaragüenses y pone sobre el tapete la política oficial migratoria de la administración Trump, deportar, deportar y deportar.