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Rosselló, la Junta, la Juez y nosotros: ¿Quién gobierna?

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altalt(San Juan, 9:00 a.m.) Lo interesante de la conversación hoy en Puerto Rico, es lo que de ordinario todos en el país se preguntan, ¿Quién gobierna? Lo cierto es que la única persona electa, por vía de un documento hoy cuestionado, la Constitución del 1952, es el gobernador de turno, Ricardo Rosselló. El resto, la Juez Laura Taylor Swain y los nueve miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, nos gobiernan por un acto de guerra: el Tratado de Paz de Paris de 1898. Es decir, no son democráticamente electos.

Lo interesante, dicho lo anterior, es que en las mil formas de interpretar el momento por el cual atraviesa Puerto Rico, la percepción popular dominante ante la crisis fiscal, es que se resuelva esta por quien esté en mejor posición para hacerlo. Lo curioso de esto es que se transita por encima o pisando cualquier noción de democracia directa o participativa y se permite un tipo de democracia delegada. En otras palabras, y conforme lo que dispone el Tratado de Paz de Paris en el capítulo 9, es el Congreso quien determinará los derechos políticos y civiles de nosotros. Este tipo de democracia delegada, según lo vivimos hoy en Puerto Rico, representa un tipo de gobernanza muy poco democrática, y raya a veces en prácticas y formas autoritarias.

Ahora bien, ante lo que estamos viviendo, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos transformar lo que estamos viviendo? Una forma tradicional que desde la izquierda y los sectores pro independencia hemos asumido, es la lógica de la protesta continua en contra de toda iniciativa por parte del gobierno central o de Washington. Pero, podría haber una iniciativa distinta, ante la falta de gobernanza democrática hoy en Puerto Rico, de asumir un proyecto de pedir la desautorización de las formas de gobernanza con las cuales vivimos hoy. Ninguna, ni el gobernador, ni la junta ni la juez, nos representa. Pues que no sean.

En otras palabras, podríamos crear un movimiento de exigirle al gobierno de Washington por vía del Congreso, que disuelva las estructuras de gobernanza actual en Puerto Rico y convoque a un proceso constituyente nuevo. Asumiendo las posturas del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, es utilizar el proyecto de Asamblea Constitucional de estatus, y transformarla inicialmente o de forma paralela, en una Asamblea Constitucional de lo social y político.

A partir de una nueva estructura política y una propuesta de resolución de estatus, entonces podríamos pensar que la idea de pagar o no la deuda pública podría ser revisitada. Dejarlo donde estamos hoy, nos mantiene el sentimiento de que no sabemos quién gobierna, por qué gobierna y si gobierna bien en pro de los intereses del pueblo. Pensemos.