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El gobierno sigue pidiendo tiempo para no pagar

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alt(San Juan, 11:00 a.m.) En lo que ha resultado la estrategia legal más afortunada para Puerto Rico, y en particular su pueblo, el gobierno de Puerto Rico continúa en el proceso de evadir enfrentarse a sus responsabilidades y obligaciones financieras. Ante esto, el gobierno de Puerto Rico, liderado por el gobernador de turno Ricardo Rosselló, ha anunciado que está presto a radicar una demanda en la Corte Federal contra la Junta de Supervisión Fiscal.

Se trata de una demanda de Sentencia Declaratoria, en la cual se intenta definir el alcance de los poderes de la junta frente al gobierno de Puerto Rico. Como el propio gobernador lo expone, se trata de un intento de delimitar los poderes de un gobierno electo democráticamente, versus una junta que se impone como un acto o mandato del gobierno federal en la isla, por virtud los poderes plenarios del Congreso federal. Esto para determinar que presupuesto está vigente, si el aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal el pasado sábado 30 de junio, o el firmado pro el gobernador de la isla, el pasado lunes 2 de julio.

La crisis tiene varias vertientes. Pero una es la confrontación entre la legislatura de la isla y el gobernador por el presupuesto y la derogación de la Ley 80 (la que prohíbe despidos injustificados en el empleo). Pero lo que aparenta ser una crisis intra-gobierno, se resolvió hoy de forma más lógica, tomando acción legal contra la junta.

El efecto real de la acción del gobierno, de forma contradictoria es dilatar los procedimientos judiciales y administrativos de la junta, y el reclamo de los bonistas a cobrar su dinero. Dicho esto, la idea y la movida son correctas en aras de dilatar de forma prolongada el impago. Pensemos.