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Manifestaciones en Haití, entre el combustible y rejuegos políticos

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altNi el huracán Beryl degradado a onda tropical, ni el Mundial de Fútbol apaciguaron los ánimos de miles de manifestantes que 6 y 7 de julio protagonizaron violentas jornadas en Haití por el alza del combustible.

De hecho, el Mundial fue otro catalizador en un país seguidor de la selección brasileña. El gobierno aprovechó que La Canarinha se jugaba el título para soltar la noticia tantas veces anunciada del incremento en los precios de los productos derivados del petróleo, medida que desde mayo pasado ya había sido ampliamente rechazada por la mayoría de los sectores del país.

Pero Brasil perdió, y justo cuando se desmoronaba el sueño de una sexta Copa Mundial, Haití comenzó a vivir un estallido social de grandes proporciones que terminó con la muerte al menos de tres personas, decenas de heridos, establecimientos y negocios destruidos y la quema de hoteles, supermercados y estaciones policiales.

Según el recuento parcial del diario Le Nouvelliste, uno de los más importantes del país, solo en la capital las pérdidas son millonarias. Los aparcamientos de los hoteles Oasis y Best Western se convirtieron en cementerios de vehículos quemados; también las tiendas Digicel y Natcom, las compañías telefónicas mejor posicionadas y la escuela de baile Lyn William Rouzier fueron destruidas.

El golpe más fuerte lo llevó el empresario Reginald Boulos, quien además perdió tres supermercados: Delimart, Delmas 30 y Clercine, robados e incinerados por los manifestantes. Similar suerte sufrieron los concesionarios Auto Plaza y Universal Motors, así como los grandes almacenes de MSC en la avenida del aeropuerto Toussaint Louverture.

Las protestas no se detuvieron a pesar que al mediodía del sábado 7 de julio el primer ministro Jack Guy Lafontant anunció vía Twitter la reversión del alza que fijaba un aumento entre el 38 y el 51 por ciento a los carburantes.

Con las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas y el de Comercio e Industria, el precio de la gasolina, el petróleo y el kerosene aumentaron su valor a 309, 264 y 262 gourdes (4,64; 3,97 y 3,94 dólares), respectivamente, un incremento entre 85 y 89 gourdes (1,28 y 1,3 dólares).

Expertos catalogaron la medida como un grave error por los efectos a la población más vulnerable que sufriría un incremento sustancial de su canasta básica, el transporte y otros productos necesarios.

Las autoridades, por su parte, atadas de pies y manos por los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), justificaron la decisión y argumentaron que la recaudación de los impuestos permitiría implementar proyectos sociales que minimizarían el impacto en la población más desfavorecida.

En febrero pasado el gobierno haitiano y el FMI firmaron un acuerdo que, según la declaración final, se enfocará en movilizar los ingresos y racionalizar el gasto actual, para dejar espacio a la inversión pública en infraestructura, salud, educación y servicios sociales.

Bajo el nuevo marco deben incluirse medidas 'para mejorar la recaudación y la eficiencia tributarias, y eliminar subsidios excesivos, incluso en el combustible minorista'.

También prevé reformas para mejorar la eficiencia de la facturación y prácticas de contratación de la empresa estatal de electricidad, que en los últimos años ha representado una porción considerable del déficit público.

Para los especialistas, el incremento en estos dos sectores traería grandes disturbios sociales, y no se equivocaron. La explosión social que se inició, considerada la mayor de la última década, fue una respuesta espontánea a una medida que sumiría en una mayor pobreza a la ya desfavorecida población haitiana.

El estallido social era inevitable, dijo un residente a Prensa Latina y añadió que la brecha entre los que más y menos tienen es cada vez mayor.

Al presidente haitiano, Jovenel Moise, le tomó más de un día dirigirse a la nación en medio de las protestas violentas que tuvieron lugar en el país. En su alocución trasmitida por la televisora estatal confirmó la suspensión del incremento del combustible, aunque señaló que es una gran carga para el país.

Anualmente, explicó el mandatario, el Estado destina unos 14 mil millones de gourdes (210 millones 302 mil 720 dólares) para sufragar la energía y otros 17 mil millones (255 millones 367 mil 589 dólares) para los productos derivados del petróleo.

Desde 2010 el Estado haitiano subvenciona el combustible, lo que ha significado el costo de unos 47 mil millones de gourdes (cerca de 723 millones 316 mil 541 dólares).

Según el portavoz presidencial, Lucien Jura, entre octubre de 2017 y junio de este año el Estado perdió unos ocho mil 700 millones de gourdes (133 millones 813 mil 71 dólares) por la misma causa.

Este déficit registrado, subrayó, llegará a 13 mil millones de gourdes (unos 200 millones 664 mil 781 dólares) al final del actual año fiscal, y lamentó que el subsidio solo beneficie a los adinerados.

COSTOS POLÍTICOS

Actualmente el país permanece en una aparente calma, a pesar de los dos días de huelga general convocada por sindicatos, grupos opositores y sectores políticos que el 9 y 10 de julio mantuvieron paralizado el transporte público.

De forma paulatina comienzan a abrirse los negocios, los vendedores ambulantes ofrecen sus productos, se reanuda el tránsito y la transportación de pasajeros, y sucursales bancarias y otras empresas ofrecen sus servicios.

Sin embargo, al interior del gobierno la calma está lejos de hacerse realidad. Las violentas jornadas que sacudieron especialmente a la capital solo son la punta del iceberg de lo que le espera al mandatario en el terreno político.

La crisis acrecentó el llamado de renuncia al primer ministro Jack Guy Lafontant, al que desde inicios de año acusan de mala gestión y pesa sobre él una interpelación en la Cámara de Diputados.

El sector empresarial privado, hasta ese momento ausente a las peticiones de dimisión del actual jefe de Gobierno, se sumó a esta causa, también se incorporaron recientemente la Federación Protestante de Haití y otras organizaciones sociales.

El manejo político está apenas comenzando, el mandatario con solo 17 meses en el cargo debe analizar si dejar atrás a Lafontant, médico con poca experiencia política, para abrir el juego a un gobierno 'más inclusivo', como demanda el Senado.