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EL PROBLEMA RACISTA EN PUERTO RICO

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alt[Nota Editorial: Por la importancia histórica del Concilio Puertorriqueño Contra el Racismo, que preside Ebenecer López Ruyol, publicamos hoy el discurso que éste ofreciera en la apertura, conferencia magistral, del Segundo Congreso de Afrodescendencia en Puerto Rico, el pasado 29 de octubre de 2018],

La “legalidad” o “imperio de la ley” es un principio jurídico, desarrollado en las relaciones sociales y políticas como un dique protector del ciudadano ante las acciones del soberano y de personas particulares. Plantea que el ejercicio del poder público, así como las relaciones entre personas privadas debe realizarse dentro del marco de la ley aplicable y no por el arbitrio de los dirigentes o los poderosos. El respeto a estos principios permite lo que se conoce como el imperio de la ley.

El entorno legal no es el mismo dentro de los diferentes estados. La legalidad puede, por ejemplo, prohibir tajantemente la esclavitud, pero permitir la opresión y la desigualdad, como ocurría en Inglaterra desde sus primeros estadios. La legalidad también puede validar la esclavitud, el sexismo, la xenofobia y muchas otras formas de marginación o exclusión. Por eso no nos confundamos. La legalidad promulgada puede ser anti libertaria, anti igualitaria y antihumana.

La legalidad puede proteger la discriminación total y cruda contra millones de personas, como ocurría en Sud Africa hasta hace dos décadas, cuando se abolió al “apartheid”, sistema en que cuatro millones de personas blancas en control y disfrute del estado, mantenían sin derechos y en condiciones serviles a mas de veintiocho millones de personas no blancas, predominantemente, personas negras. A pesar de ser oprobioso, desigual e inmoral, ello era legal, al grado de que la Constitucion de Sud Africa, máxima fuente de legalidad, lo reconocía.

En función de los objetivos de este Segundo Congreso de Afrodescendencia es necesario tomar en perspectiva la relación de la legalidad y el problema de la esclavitud negra y su secuela principal: el racismo. La esclavitud forzada es un fenómeno de las relaciones sociales que resulta consustancial a la humanidad. Aunque parezca increíble todavía es legal o pseudo legal la esclavitud en las relaciones de trabajo en muchos lugares del mundo. Según el Global Slavery Index, publicado por la entidad llamada “Hope for Children Organization Australia, Ltd.” en 2014, la esclavización humana se practicaba en más alto grado en los siguientes países: Mauritania, Uzbekistan, Haití, Qatar, India, Pakistán, República Democrática del Congo, Sudán, Siria y República de África Central. El Index también señala que los gobiernos de mayor visibilidad en el intento de terminar con la esclavitud moderna son Países Bajos (Netherlands), Suecia, Estados Unidos de América, Australia, Suiza, Irlanda, Noruega, Reino Unido, Georgia y Austria.

La esclavización y venta o intercambio de los esclavizados fue practicada durante siglos, prácticamente por todos los pueblos del mundo, sin consideraciones a la pigmentación de la piel ni a principios de legalidad. Era la extranjería, no el color de la piel, el elemento clave para la esclavización. En lo relacionado a la esclavitud negra el Dr. Luis M. Diaz Soler señala: Como resultado de las campañas militares grecorromanas en el norte de África, se dio paso a la introducción de esclavos negros en Europa. Cuando la esclavitud africana comenzó a generalizarse en Occidente hizo necesario legislar en torno a ella y en esa forma quedó reconocida como institución con vigencia dentro del Estado europeo.”

En el Siglo VI DC, los árabes decidieron que “No hay más dios que Alá y Mahoma mi profeta”. Desarrollaron guerras de conquista e imposición sobre los pueblos del Norte de Africa y esclavizaron a los no musulmanes. Asi comenzó el comercio de negros esclavizados y vendidos o intercambiados, no por el color de la piel, sino por ser no musulmanes.

En el siglo XV, las actividades marítimas europeas se extendieron de la cuenca del Mar Mediterráneo a la costa atlántica. Portugal se distinguió en el afán de hallar nuevas rutas y mercados. Sus viajes condujeron al descubrimiento de islas cercanas a la costa occidental africana, de las cuales pasaron a suelos africanos. Allí encontraron un ambiente propicio para el desarrollo de un comercio de esclavos. Algunas tribus africanas se enfrascaban a menudo en cruentas guerras y los vencedores tenían a su disposición miles de prisioneros que podían convertirse de carga inmediata, en amenaza futura. Cuando el europeo arribó a aquellas playas, recibió dichos trofeos humanos en venta o en calidad de regalo, los que llevaban a Europa.

A mediados del siglo XV, entre los años 1455 al 1493, Portugal y España lucharon por el dominio de los pueblos, mercados y fuentes de mercaderías conocidos en los territorios del norte de África. Bajo el impulso dado por el rey Enrique, llamado el navegante, aunque no hay memorias de que personalmente hubiese navegado a ningún lado, Portugal estableció puntos de contacto e intercambio para obtener el oro de los africanos. Portugal se alió con el reino cristiano de Etiopía, para acabar con el poderío de los moros en el norte de África. España arreció su guerra de reconquista para expulsar a los moros, lo que finalmente logró. Toda Europa estaba acostumbrada a interactuar con los moros y gentes de otros pueblos africanos, personas libres, de piel negra en diferentes tonalidades.

En 1455, en virtud de una bula o autorización del Papa, la Iglesia Católica autorizó a Portugal a esclavizar los pueblos infieles, es decir, no católicos. Cuarenta y siete (47) años después, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón confirmó la existencia de inmensos y ricos territorios al oeste de Europa, cuando comprobó físicamente la existencia del llamado Nuevo mundo. De inmediato España y Portugal chocaron por el dominio. Luego de examinar cuidadosamente las reclamaciones de ambas potencias marítimas, el papa Alejandro VI, seleccionado como árbitro, procedió a repartir lo que no le pertenecía a él, ni a la Iglesia Católica, ni a Europa. Sin ninguna autoridad legal para dar o adjudicar lo que no poseía, el papa expidió varias bulas en el año 1493, resultando en la división del nuevo mundo a ser colonizado en dos grandes sectores. Para Portugal, el derecho a colonizar y dominar desde el sur del territorio español hacia África, Asia Menor y Asia. Para España, los territorios ubicados al oeste de la línea divisoria, lo cual incluía el Nuevo Mundo. Un año más tarde, Mediante el Tratado de Tordesillas, Portugal y España enmendaron el alegado derecho concedido por la bula papal. Portugal adquirió derechos de exploración, conquista y colonización sobre el actual Brasil.

En el año 1493 España había terminado la guerra de reconquista, expulsando a los moros, pueblo negro que le había invadido por segunda vez y dominado durante siete siglos. No obstante, grandes núcleos de personas negras libres quedaron en tierra ibérica, al igual que en toda Europa, conservando sus tradiciones, culturas, idiomas y religiones, alteradas por la convivencia en el territorio ibérico.

Mientras, en África, algunas tribus y naciones practicaban la venta de prisioneros esclavizados de otras tribus o etnias como resultado de guerras entre ellas. Esta fuente de esclavizados negros fue explotada por los portugueses en beneficio de Portugal. Los portugueses compraban esclavizados para utilizarlos directamente en su negocio de colonización y explotación de los territorios a ser conquistados. También para venderlos a otras fuerzas colonizadoras.

Un nuevo sistema esclavista fue legalizado, permitiendo racionalizaciones y prejuicios en contra de los seres humanos arrancados de las sociedades y territorios africanos. El nuevo sistema esclavista insertó forzosamente millones de africanos esclavizados al Nuevo Mundo sobre dos fundamentos barbáricos de legalidad: la ley del más fuerte y la complicidad de la Iglesia Católica.

Necesario es señalar que al momento en que los europeos comenzaron el tráfico de esclavos, los estados africanos o reinos poseían una organización político social que era igual y en ciertos casos superior a la organización político social de muchos estados europeos. Las monarquías africanas eran de tipo constitucional, con una asamblea de pueblo en la cual quedaban representadas los diferentes estratos sociales. El poder del rey o la reina era contrapesado con la figura del primer ministro o de la primera ministra, quien se consideraba un oficial intermediario representativo del pueblo libre. La función del rey o la reina era dirigir sabiamente al pueblo. Su autoridad dependía de su respeto a la constitución establecida. La organización de la sociedad del tipo antes descrito existía en Egipto, Ghana, Mali, (Gao, hoy parte de Mali), Ya tenga, hoy Burkina Faso, Cayor (hoy Senegal) y otras muchas naciones o reinos africanos. El derecho civil en muchos reinos africanos concedía posiciones privilegiadas a la mujer, a menudo superiores a las que disfrutaban las mujeres europeas. Muchas de las diversas sociedades africanas eran matriarcales, por lo cual el poder político se transmitía a los hijos por vía de la madre. La tierra era poseída por la mujer, quien tenía la función de controlar los asuntos del hogar, incluyendo seleccionar los alimentos, condimentos y formas de prepararlos, quedando relevada de tareas de gran esfuerzo físico o peligro, como la caza y la pesca. Previo a la formalización del matrimonio, el varón debía entregar a la mujer “la dote”, la cual era una garantía económica que la mujer retenía para su uso exclusivo. Los contratos pre matrimoniales o capitulaciones, eran también frecuentes en las culturas africanas. El contrato, junto a la dote, aseguraba que, de disolverse el matrimonio, la futura esposa no quedaba desprovista de bienes para continuar una vida adecuada e independiente junto a sus hijos.

En el ámbito del derecho penal, se reconocía el habeas corpus o prohibición de encarcelamiento sin justa causa u orden judicial. No podía esclavizarse a ningún ciudadano, no existía sistema de explotación de un ser humano por otro, no se acumulaban riquezas al tipo capitalista y el estado había desarrollado ampliamente el principio del gobierno para el bien común.

En África los esclavizados por otros africanos tenían una condición social muy parecida a la de los siervos europeos. Las tareas que se les asignaban eran comparables con las exigidas a los miembros libres de la comunidad. Su alimentación, vestimenta y alojamiento era muy parecida a la de los amos, excepto que a los esclavos no se les permitía comer junto con las personas libres.

En Europa, paulatinamente y presionado por la rebelión de los esclavizados, la esclavitud fue sustituida por la servidumbre forzada. Este nuevo estadio social alteró el estado de la legalidad, reduciendo el universo de acciones que el soberano podía ejercer sin restricciones.

Es claro que hace cinco siglos la esclavitud negra no existía como institución social ni económica. Como en otras partes del mundo, en África algunas tribus y reinos practicaban la venta de esclavizados de otros enclaves o etnias, sin referencia al color de la piel. El llamado “descubrimiento del Nuevo Mundo” impuso un cambio radical en el balance de conveniencias y en las consideraciones legales.

La bestializarían del ser humano fue legalizada. Los esclavizados negros quedaron desconectados de sus sociedades ancestrales, sus y sus organizaciones sociales. Desapareció el habeas corpus y el principio del gobierno para el bien común. Las mujeres africanas perdieron el control de las tierras ancestrales. Los matrimonios negros fueron rotos y los hijos dispersados, todo ello justificado por las crueles disposiciones o ignominiosos silencios de la nueva legalidad.

La legalización de la explotación de los negros comenzó en 1501, cuando la corona española autorizo el régimen de “Licencias” para traer negros a los nuevos territorios. A Fray Nicolás Ovando, Comendador de Lares, nombrado Gobernador de las Islas y Tierra firme del Mar Océano. Se le autorizó a traer negros ladinos, o negros cristianizados y aculturados a la española.

En 1508 Juan Ponce de Leon llego a Puerto Rico como conquistador y gobernador. Juan Garrido, hombre negro libre le acompañó como conquistador. Su sola presencia desmentía el alegado designio de la esclavización de los negros como algo natural y legal. En 1513 se inició el régimen de “licencias” para traer personas negras en condición de esclavizados. En 1514, el Padre Bartolomé Las Casas reclamó mejoras para los indios en servidumbre o encomiendas, resultando en el recrudecimiento de las infrahumanas condiciones de vida de los africanos esclavizados. El padre Las Casas contribuyó al cambio de la legalidad al denunciar las atrocidades cometidas contra los indígenas esclavizados, pero no las cometidas contra los negros. Se le atribuye haber dicho en relación a las condiciones de trabajo forzado de los indios que se les trataba, “como si los indios fueran africanos” Soler, 33.

En 1685 Francia, inicio la codificación de las condiciones de vida y trabajo de los esclavizados negros en sus colonias mediante “El Código Negro”. Quedaron legalizados castigos de todo tipo, incluyendo mutilaciones y asesinatos de esclavizados.

España editó El Código Negro, reafirmando la cosificación del esclavizado y autorizando castigos y muerte para los fugados recapturados, aunque el texto prohibía las mutilaciones físicas. La legalidad restrictiva se extendía al negro libre, quien tenía que ser sumiso, dócil y tolerante ante cualquier amo y ante todos los blancos o figuras en posición de poder. Se castigaba la “parejería” del negro que se comportara ante los blancos como si fuera igual a ellos o sus relacionados.

Los códigos negros, entre otras cosas, legalizaban la condición degradante de los esclavizados, al declararlos como bienes o cosas, incapaces de suscribir contratos, testificar en juicio y tener posesiones. Se les prohibía beber alcohol, portar armas, reunirse con otros esclavizados con ánimo deliberativo o de conspiración y huir de las plantaciones. Al negro libre, como a los esclavizados se les prohibían las ceremonias religiosas propias de sus culturas ancestrales. Se imponía pena de muerte al negro libre o esclavizado que resistiera vejámenes.

En las colonias británicas la ley autorizaba la amputación de un pie al esclavo que escapare y fuere fugitivo por más de treinta días. Por supuesto, la nueva legalidad mantenía pena de muerte el atacar a los blancos o rebelarse.

En 1708 España aprobó la Ley de Coartación. Luego de cumplidos sus requisitos el amo quedaba obligado a expedir la carta de manumisión en beneficio del esclavizado. Este estatuto legalizó la posible liberación del esclavizado por diferentes formas, entre ellas:

Coartación o compra de la propia libertad mediante un plan de pagos tipo “lay away”. El esclavizado reembolsaba al amo el precio pagado por éste mediante abonos parciales. Completado el reembolso el amo quedaba legalmente obligado a manumitirlo.

Disposición testamentaria del amo, mediante escritura pública. Los herederos del amo no podían mantenerlo esclavizado.

Delatar una conspiración. Además de la libertad, el chota recibía 500 pesos.

Esclavo del año. Las haciendas de cuarenta o más esclavos sometían al Gobernador el nombre del esclavo de mejor conducta. Se seleccionaba el ganador el 15 de octubre y el 19 de noviembre, fecha maldita, se le entregaba la carta de manumisión.

Comprado en la Pila Bautismal. Práctica instituida por el Gobernador Juan de Pezuela. Por el pago de 25 pesos un adulto podía liberar un infante al momento del bautismo, como en repetidas ocasiones hizo Betances, y otros abolicionistas.

Pisar tierra de España. Desde 1836 por ley española quedaba libre cualquier esclavizado que pisara suelo español peninsular. La liberación persistía aunque los ex esclavos regresaran al lugar donde fueron esclavos. Ejemplos: Esclavo cubano Rufino y (Esclava Marcelina e hijos)

Prófugos de colonias extranjeras que llegaran a colonias españolas, se catolizaran y prestaran juramento de fidelidad a España.

El éxodo de negros fugitivos hacia Puerto Rico fue tan notorio en el siglo XVIII que creció exponencialmente la población de negros libres. El gobernador y Capitán General don Miguel de Muesas en sus informes a los reyes, expresó la conveniencia de crear un poblado donde pudieran congregarse permanentemente los negros libres, incluso los procedentes de las islas danesas (Santa Cruz y Santo Tomás). La recomendación del gobernador Muesas fue atendida por el rey. En 1776 se segregó del Partido de Río Piedras los terrenos comprendidos entre el caño de Martín Peña y el caño San Antonio, autorizando a los negros libres oriundo de las islas adyacentes a radicarse en aquella demarcación. Esos negros libres constituyeron el núcleo fundador del poblado de San Mateo de Cangrejos. Este se convirtió luego en el aristocrático barrio de Santurce, donde los negros y negras libres tenían automóviles, vestían elegantemente y realizaban bailes y vivencias a tono con sus culturas originarias, Así se reconoció la pujanza y fuerza de la Afrodescendencia caribeña en suelo boricua, marcando un espacio físico particular para ellos y su descendencia.

En 1812 Ramón Power y Giralt fue electo como Diputado a las Cortes de España, para representar a Puerto Rico en la nueva institución, llamada a formular una constitución para España y sus provincias de ultramar. Fue instruido a luchar por lo que, tres años más tarde, 1815, fue la Cédula de Gracia, estatuto de apertura internacional para estimular el comercio y la economía de España en el Caribe. También fue instruido a luchar por el cese de la trata negrera y la terminación de la esclavitud. Eventualmente las Cortes lograron formular y aprobar la Cédula de Gracia. Esta permitía

mayor libertad de comercio entre España y las potencias coloniales no enemigas en la región del Caribe y Sur América. También permitía que personas procedentes de colonias no adversas a la Corona española pudieran entrar y residir en Puerto Rico y otras colonias españolas. La abolición de la esclavitud no fue atendida por las Cortes de Cádiz.

En 1817 España e Inglaterra firmaron un tratado para terminar el tráfico negrero, pero España lo ignoró hasta luego del nuevo tratado de 1835. En 1826 el gobernador Miguel de La Torre, emitió el Bando de Policía y Buen Gobierno, afirmando graves medidas contra la población negra, incluyendo los no esclavizados que no se comportaran sumisos y obedientes.

En la década siguiente (1935) España e Inglaterra firmaron un nuevo tratado para imponer el cese de la trata de esclavizados. Por su parte, la Iglesia Católica intentó modificar la legalidad de la trata negrera al expedir bula en el 1839 condenando la continuación de dicho negocio y revirtiendo su posición contra el tráfico de negros.

En 1866 Julio Vizcarrondo y otros crearon en España la Sociedad Abolicionista, dedicada a promover la liberación de los esclavizados, incluyendo la práctica del rescate en la pila bautismal en caso de los recién nacidos.

El 23 de septiembre 1868 Lares fue escenario libertador de la negritud y de la Patria. La resistencia de los esclavizados, la participación de muchos negros libres, unido al cambio en las fuerzas de mercado y el desarrollo de los medios de producción, apoyaron el reclamo de libertad, finalmente reconocida el 22 de marzo de 1873, cambiando el marco de legalidad.

La Ley Moret, o Ley Preparatoria, según relacionado por el doctor Luis M Díaz Soler en su documentado libro historia de la esclavitud negra en Puerto Rico también trajo un importante cambio en la legalidad. La ley declaraba libre es a los hijos de mujer esclava que naciesen luego de la publicación de dicha ley. Todos los esclavos que hubiesen cumplido 60 años, y aquellos que alcanzar esa edad luego de promulgada la ley, tenían derecho a su libertad sin que los amos tuviesen derecho a indemnización alguna. Los esclavos pertenecientes al Estado y los que estaban bajo su protección en calidad de emancipados, serían libertados. Ingresaban en la clase de libres los liberto que fuesen víctimas del delito de sevicia o crueldad excesiva, luego de visto el caso por el tribunal correspondiente. Todos los esclavos que no aparecían en el censo de Puerto Rico tomado el 31 de diciembre de 1869, quedaban libres automáticamente. Esta ley establecía un sistema de transición entre la liberación condicionada y la libertad definitiva. Dentro de ese sistema, los esclavos menores de edad quedaban bajo el patronato de los dueños de la madre y obligándose el patrono a alimentar, vestir y asistir en sus enfermedades a los libertos, además de garantizarles enseñanza primaria y una educación adecuada en algún arte u oficio. A todo joven liberto bajo este sistema que fuere mayor de 18 años y hasta los 22 años de edad el antiguo amo quedaba obligado a pagarle la mitad del jornal de un trabajador libre. De esa cantidad recibía sólo la mitad en efectivo y la otra mitad se le reservaba en un fondo que supuestamente le sería devuelto al cumplir los 22 años de edad, cesando así el patronato y adquiriendo el pleno goce de sus derechos ciudadanos. La ley proveía para el retorno a África de los liberados que así lo desearan. También prohibió el castigo de azotes, la separación del matrimonio esclavizado y la separación de las madres de sus hijos menores de 14 años.

Finalmente, la imposición en Puerto Rico del estado de derecho de los Estados Unidos de América como resultado de la invasión de 1898, erradicó toda posibilidad de que la vieja legalidad recuperase vigencia.

No puede hablarse de “legalidad” en relación a las relaciones entre las personas y el estado o con otras personas, sin comentar un caso clave en la lucha contra el racismo y la desigualdad.

El 13 de mayo de 1943, el Gobierno de Puerto Rico aprobó un estatuto de gran impacto en nuestra vida de pueblo. Fue la Ley número 131, o Ley de Derechos Civiles. En su Sec. 1 el estatuto prohíbe el discrimen en lugares públicos, en los negocios, en los medios de transporte y en viviendas, incluyendo la empresa privada. (1 L.P.R.A. sec. 13) Al efecto estableció: “(a) En Puerto Rico no se negará a persona alguna acceso, servicio e igual tratamiento en los sitios y negocios públicos y en los medios de transporte por cuestiones políticas, religiosas, de raza, color, sexo, o por cualquiera otra razón no aplicable a todas las personas en general.”

Para hacer efectiva sus disposiciones, en su Sección 2, la ley estableció penalidades o castigos. También el derecho a acciones de daños y perjuicios y autorización para conceder al perjudicado el remedio adicional conocido en derecho como daños punitivos. (1 L.P.R.A. sec. 14)

Al efecto estableció como clausula penal que: “Toda persona que deliberadamente o mediante informes falsos o cualquier subterfugio violare cualquiera de las disposiciones [1 LPRA secs. 13 a 18] de esta ley, incurrirá en un delito menos grave y será castigada con una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, o con cárcel por un término no menor de treinta (30) días ni mayor de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal”.

En el ámbito civil la ley dispuso que “Cualquier persona perjudicada por la infracción de las secciones 13 a la 18 de esta ley podrá instar ante el tribunal competente la correspondiente acción civil por los daños y perjuicios que tal infracción le cause. De prosperar el recurso, el tribunal impondrá en adición a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios causados, el pago de otra indemnización adicional, por concepto de daños punitivos.

El caso conocido como Muriel vs. Suazo, recogido en el tomo 72 de la publicación jurídica llamada Decisiones de Puerto Rico, dio al Tribunal Supremo de Puerto Rico la oportunidad de interpretar y aplicar las disposiciones civiles de la Ley de Derechos Civiles de 1931, sobre el resultado de una acusación criminal por violación a las disposiciones penales contenidas en el estatuto.

Resumo brevemente los hechos del caso:

El 14 de agosto de 1943, Rafael Muriel su esposa Paula y otros dos matrimonios llegaron al Club Esquife, ubicado en Villa Palmeras. Muriel era primer teniente del Ejército de los Estados Unidos y otro de los acompañantes era capitán. Ambos estaban vestidos de uniforme. Subieron hasta el segundo piso donde estaba el salón de baile, pero un empleado les señaló que no podían entrar porque no se admitían personas de color. Surgió una acalorada discusión en frente de los clientes que se encontraban en el lugar. Al final Muriel, su esposa y los acompañantes salieron del lugar contrariados y avergonzados por la humillación pública de que habían sido objeto. Muriel presentó denuncia criminal y esta prospero, quedando Suazo condenado al pago de multa de trescientos dólares.

Presentada la acción civil en daños y perjuicios, el tribunal de instancia encontró probada la causa de acción y concedió compensación de mil dólares para cada una de las tres sociedades de gananciales, más las costas de litigación y 300 dólares para honorarios de abogado. Llevado el caso al Tribunal Supremo, éste resolvió en una sentencia histórica y memorable que “es bueno recordar que quizás el daño causado por una humillación como la sufrida por los demandantes es de más importancia que muchos daños físicos. Es en el alma de los hombres y no en el pigmento de la piel, donde se anidan las sensibilidades y los valores del espíritu que siempre se quiebra más por el impacto de la agresión moral que por impacto de la agresión física.”

En 1952 la llamada y ahora maltrecha Constitución de Puerto Rico reconoció la libertad de todos en su Carta de Derechos. En la sección uno de su artículo número Dos, dispone: “la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.” Las posteriores “leyes de derechos civiles” adelantaron la ilegalización del racismo y el discrimen. Pero la nueva juridicidad no erradicó, ni puede erradicar el racismo, fruto de la esclavitud y de todas las formas de sometimiento del negro a las necesidades económicas de un sistema pensado y estructurado desde la óptica del blanco.

Conclusión:

Desde el inicio de la Colonización Juan Garrido modelo la libertad negra al llegar junto a Cristóbal Colon a Puerto Rico como conquistador y hombre libre. Vivimos en un país de legalidad, en el cual se proscribe estatuariamente el discrimen, en este caso contra los afrodescendientes. De ordinario la prohibición resulta ser un “perro sin dientes”. La llamada “Constitución de Puerto Rico” reconoce la libertad de todos en su Carta de Derechos.

Betances y Baldorioty concibieron mucho antes un estado de legalidad que garantizara la libertad para todos. Consagraron sus vidas al reclamo de una nueva legalidad, utilizando el rescate de niños en la pila bautismal utilizando la legalidad del momento. Mas tarde Ramón Romero Rosa reclamó con el periodismo obrero y las luchas sindicales el reconocimiento a la libertad de expresión y una nueva legalidad bajo la bandera de los Estados Unidos de America. Schomburg recorrió el camino a la libertad destacando nuestras aportaciones a la humanidad y señalando ilegalidades e inmoralidades racistas. Ramos Antonini marcó su paso libertario con la música, la política y la legislación y junto a Armando Sánchez Martínez propulsó nuevos parámetros de legalidad en las condiciones de trabajo de los obreros, mediante la negociación colectiva y las acciones concertadas. Ruth Fernández desafió la legalidad no escrita al entrar por la puerta principal y no la de servicio de los lugares donde era contratada. Isabelo Zenón Cruz nos liberó de las trabas a la libertad mental del negro escondidas en la urdimbre de la legalidad y la literatura racista, ampliando el camino para nuevos catedráticos negros y las cátedras libertarias. Todo, en un proceso continuo y simbiótico de transformación de la legalidad y la realidad, escribiendo con lágrimas, tintas y sangre, el derecho a la libertad en la juridicidad de hoy. A pesar de ello, aún hay mucho que hacer. La tarea es nuestra. Muchas gracias.