Mar06182019

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Política y políticos en Panamá… más falsas promesas de campaña

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alt(Ciudad Panamá, 4:00 p.m.) Una vieja anécdota panameña cuenta que, a inicios de la república, durante una campaña electoral, un candidato presidencial arengaba a la multitud diciendo: “Les prometo que construiré el puente que necesitan”. Y la gente le gritó: “Este pueblo no tiene río”. A lo que, sin sonrojo, el candidato respondió: “También les haré el río”. Mi abuela materna, que gustaba educarnos con parábolas y refranes, concluía este cuento con la siguiente moraleja: “Hay que ser muy pendejo para creerle a los políticos en campaña”.

Tenía razón, los políticos en campaña prometen cualquier cosa que quieras oír, pero cuando ganan y gobiernan es otra cosa. Esta verdad, por más evidente y sabida, sin embargo, no evita que la gente caiga en la trampa y termine votando por el que les prometió hacerles el río.

Para saber cómo será el próximo gobierno tras las elecciones del 5 de mayo, no podemos guiarnos por lo que los candidatos dicen en sus campañas y en los debates televisados. Ahí se siguen prometiendo “puentes” y “ríos”. Para saber qué va a hacer el próximo gobierno hay que saber lo que dicen los voceros del poder económico, nacional e internacional, que son los que mandan, salvo que haya una revolución social.

El verdadero programa de gobierno de la burguesía:

En este país, los que mandan están agrupados en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). Este gremio empresarial ha elaborado un documento denominado “Agenda País 2019-2024”. Ahí está contenido el programa del próximo gobierno, que la burguesía panameña exigirá y fiscalizará que cumpla.

La “Agenda País 2019-2024” es un documento de 37 páginas en que se trazan objetivos de corto y mediano plazo para 4 áreas de trabajo del próximo gobierno: educación, Caja de Seguro Social y salud pública, institucionalidad y crecimiento económico.

Educación:

La CCIAP parte por la afirmación no probada de que los programas educativos y sus resultados son superiores en la educación privada, y consecuente con ello, proponen que el sistema público emule al privado.

Se propone hacer funcionar el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación (COPEME), en el cual el sector privado tiene un peso específico de supervisión y elaboración de programas. Pero los esfuerzos se centrarán en lo que la exministra Lucy Molinar llamaba “escuelas modelo” y que Juan C. Varela ha centrado en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), el cual será coadministrado por la empresa privada a través de un Consejo Directivo.

El interés de la CCIAP es la formación técnica, de la que espera que saldrá la clase obrera futura, dejando de lado resto de la compleja oferta educativa y profesional.

El empresariado también tomaría el control del perfeccionamiento de los educadores, administrativos y directores a través de un Sistema Nacional de Capacitación Profesional Continua Docente. Como una advertencia, que no se sabe si es para los políticos o para los influyentes gremios magisteriales, la Agenda País dice: “La CCIAP se compromete a apoyar los esfuerzos de despolitización del ente ejecutor del sistema educativo...”.

Caja de Seguro Social y Salud:

Haciendo una referencia general a la “Mesa de Diálogo para la Salud”, y su documento conocido como el “Libro Blanco”, propone la CCIAP en concreto:

1. Crear una Dirección General para el Suministro de Medicamentos, cuyo proyecto de ley se encuentra en la Asamblea Nacional, entidad que le sacaría a la CSS esta responsabilidad.

2. Dividir la CSS en dos entidades, pasando el programa de salud, maternidad y riesgos profesionales a un Sistema Integrado de Salud dirigidos por el MINSA, dejando la entidad solo con el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

Luego la CCIAP procede a un diagnóstico falso, que culpa a la “transición demográfica” del déficit actuarial del sistema de Beneficio Definido, cuando en realidad es culpa de la reforma de Martin Torrijos de 2005, que dividió el sistema de jubilaciones pasando a los jóvenes a un sistema mixto.

En Panamá no hay una inversión de la pirámide generacional en que hay más viejos que jóvenes, como pasa en Europa; tampoco es cierto que haya exceso de beneficiarios, pues estos han disminuido en 9% entre 1998 y 2016; ni hay una disminución de cotizantes, pues estos han aumentado 52% entre 1998 y 2016; tampoco hay una disminución de los aportes a las cuotas, las que, por el contrario, aumentaron 72% entre 2007 y 2017.

El problema real es la Ley de la Muerte impuesta por el PRD en 2005, la cual hay que derogar.

Institucionalidad:

Dejando de lado las recomendaciones para que las políticas públicas se enfoquen en base a análisis objetivos y como políticas de largo plazo, en concreto en la página 19 propone la CCIAP: “Seguimiento y monitoreo de los beneficios de los subsidios y/o becas. Se debe eliminar toda ayuda que no responda a necesidades reales y que solo tiene fines partidistas”.

Traducido al lenguaje directo: eliminar todos los programas sociales de ayuda a los más pobres, que ellos llaman “subsidios. Por supuesto, La Cámara de Comercio no menciona los subsidios a los ricos, como las exoneraciones fiscales e incentivos al sector privado que, como veremos en el siguiente punto, más bien sugieren ampliarlos, que son los que hacen un gran déficit en los ingresos del Estado. Tampoco se habla de la corrupción y las licitaciones amañadas.

Otra reforma puntual de la CCIAP, que es antidemocrática, consiste en elevar a 20 años el período de los magistrados de Corte Suprema de Justicia, lo cual implica una voluntad de control del organismo, ya sospechoso de corrupción. De la desprestigiada Asamblea Nacional sólo propone reformas al Reglamento Interno para garantizar la asistencia.

Crecimiento Económico Competitivo:

Sobre el agro, reconoce que, pese a la cantidad de tratados de libre comercio firmados, “con las condiciones actuales es difícil competir en dicho mercado”. Por ende, sugiere: Defensa comercial efectiva (¿?), un laboratorio de control de calidad, compromiso de agroindustria para elevar valor agregado.

Sobre turismo, asegurar 20 millones de dólares del estado para el Fondo de Promoción Turística, o sea, subsidios al capital privado.

Sobre industria, que AUPSA y DEPA trabajen coordinadas y exijan a las importaciones los mismos criterios que se exigen a las exportaciones. Aumentar la competitividad “con mejoras de apoyo al sector, como lo son la energía, infraestructura general y de logística, el medio ambiente, etc.”. Además, que PROINVEX les busque mercados externos para exportar y que se impleméntela Ley 25 de 2017 que dicta medidas de fomento a la industria. Traducido, más subsidios de la ciudadanía con fondos estatales para garantizar la “competitividad” y la ganancia del sector privado. O sea, subsidio a los ricos.

Sobre el comercio, propone eliminar la burocracia y regulaciones que afectan al comercio (¿?¡!) y reuniones trimestrales del gobierno con la CCIAP, que demuestren voluntad de fomentar sus negocios.

Sobre el sector logístico, proponen coadministrar con el Ejecutivo a través del “Gabinete Logístico”, haciendo “más eficiente” la Autoridad de Aduanas, AUPSA y Cuarentena Agropecuaria, habitualmente esto significa eliminar restricciones.

Sobre la construcción, proponen modificar los códigos de edificación (Reglamento Estructural-REP 2014, y Reglamento de Seguridad Humano-NFPA) por que consideran que “aumentan los costos de manera injustificada” (OJO con esto). Además, la CCIAP quiere revisar los Parámetros de Densidad y el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Panamá.

Sobre suministro de agua, se sugiere dividir el IDAAN, creando una Empresa Pública de Saneamiento de Panamá, del área metropolitana, que administraría el servicio como ente autónomo con un nuevo marco tarifario (es decir, aumento de precios).

Sobre electricidad, pese a reconocer que ya existe sobre oferta respecto a la demanda nacional, no se dice cuánto se exporta a Centroamérica, proponen convertir ETESA en sociedad anónima (privatizar) y, pese a que la tercera Línea no está completamente operativa, ya sugieren construir la Cuarta Línea de Transmisión, que nos costará 500 millones de dólares y sólo servirá para que lucren exportando energía los dueños del sector.

Preparémonos para las luchas que se vienen:

En vez de depositar falsas esperanzas en las elecciones y expectativas irracionales en el “nuevo” presidente(a), los sectores populares debemos empezar a organizarnos para enfrentar el conjunto de medidas antipopulares planificadas por la Cámara de Comercio, verdadero poder político detrás del Ejecutivo.

Hay que construir la unidad para defender la educación pública, la Caja de Seguro Social, las jubilaciones, los subsidios a los pobres y exigir una verdadera reforma fiscal que la paguen los millonarios. Basta de subsidios al sector privado costa del erario público.