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Editorial: Fin [temporero] de una era: el PNP populista destrona al PNP elitista

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Image result for partido nuevo progresista logo(San Juan, 12:00 p.m.) Ayer en el caso de Senado v. Secretaria de Justicia y otros (CT 2019-0004), el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de forma unánime aunque con múltiples opiniones concurrentes de conformidad, emitió el falló de que la juramentación clandestina, entre familiares y en un apartamento privado de San Juan, bajo el manto de una juez del Tribunal de Apelaciones, fue ilegal e inconstitucional. Todo el mundo, desde el propio gobernador e incumbente juramentado, Pedro Pierluisi, hasta el Juez Rafael Martínez Torres que emitió la opinión del tribunal, aceptaron que una ley se presume constitucional hasta que se declare lo contrario. Por lo tanto, Pierluisi, el hasta ayer incumbente de la gobernación, actuó bajo dicha presunción. Ahora bien, siendo inconstitucional la ley, todos sus actos son nulos y regresamos al pasado viernes, a las 459pm.

Al regresar al pasado, regresamos al final del mandato del primer incumbente, Ricardo Rosselló. Bajo esta premisa, Wanda Vázquez Garced, entonces secretaria de justicia, asume por ley sucesoral, la gobernación de la isla, ante la vacante en la posición de secretario de estado, quien no habiendo sido nombrado en propiedad no podía sustituir al gobernador saliente.

Como indica la opinión del Tribunal Supremo, para ser secretario de estado en propiedad, el candidato o candidata, debió haber sido ratificado por ambas cámaras. Este no fue el caso de Pedro Pierluisi. Nunca fue ratificado por el Senado de Puerto Rico. Por lo tanto, ocupó de forma ilegal, es decir usurpo sus funciones como secretario de estado, sin la debida consideración a la Constitución. Pese a que la Ley 7 de 1952, según enmendada por la Ley 7 de 2005, daba una intención contraria a la constitución de que el secretario de estado bajo ciertas circunstancia podía juramentar sin el aval de uno de los dos cuerpos legislativos, ayer el Tribunal Supremo declaró dicha intención legislativa ser contraria a la constitución de 1952.

Para nosotros, el principio que debe gobernar esta conversación de las pasadas seis semanas, es el hecho de que ante la voluntad popular del pueblo, el soberano, pasaron muchas cosas importantes. No es la decisión jurídica la cual nos debe seducir hoy. Por el contrario, es la presión popular, y los múltiples niveles de fiscalización que se establecieron, lo que nos debe llevar a pensar de cuales son nuestras potencialidades reales como país. Ante la presión popular, por la marcha, el piquete, el meme, las redes sociales, la radio, la prensa alternativa, en fin, por la voz de cada mujer y hombre boricua, hubo un cambio en nuestra historia.

Hoy ya sabemos que en el 2005, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá del Partido Popular Democrático, en una legislatura controlada por el Partido Nuevo Progresista, y promovido por el entonces secretario de justicia, Roberto Sánchez Ramos, se hizo una enmienda contraria a la constitución. Más allá de reconocer que la constitución hoy no nos limitada ante la voluntad y soberanía popular, no es menos ciertos que los políticos del 2005, negaron la voluntad manifiesta de los constitucionalista del 1952. Entonces, más allá de una nueva constitución, también está el dato que debemos seguir fiscalizando al gobierno, de forma más cercana y puntual.

Hoy podemos celebrar. La era de gobernación de personas asociadas al municipio de Guaynabo, al colegio Marista, y a una mirada de clase adinerada, ha llegado a un fin. No sabemos si concluyente o temporero, pero estos llegaron a un fin hoy.

Ni Pedro Rosselló, ni Luis Fortuño, ni Ricardo Rosselló, ni Pedro Pierluisi, nos gobiernan ni nos van a volver a gobernar. En la lucha de clase en la cual todos y todas hemos participado, los derrotamos. Pero, sabemos que la lucha no termina. Debemos de continuar luchando por un mejor país, con una Constitución que nos garantice más democracia.

El Post Antillano