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En el referéndum del 3 de noviembre, ¿podemos derrotar a la estadidad? [Parte I]

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alt(San Juan, 12:00 p.m.) En días recientes legisladores del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico han impartido su visto bueno al P. del S. 1467 presentado por la delegación de este partido el día 9 de enero de 2020. La pieza legislativa, ya firmada por la Gobernadora, se titula “Ley para

Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico.” La misma persigue se consulte al pueblo puertorriqueño, en el mismo día de las elecciones generales a llevarse a cabo el 3 de noviembre de 2020, si Puerto Rico debe ser “admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado”. La medida contempla que los electores sólo podrán votar una de dos alternativas impresas en la papeleta: “Sí” o “No”.

Es claro, a pesar del enfoque que se le pretende dar a la consulta, proyectando la misma como una consulta para resolver finalmente el denominado “estatus” político y colonial de Puerto Rico, que una medida de esta naturaleza no debe confundirse con una consulta plebiscitaria como aquellas a las que nos han acostumbrado desde 1967. La consulta es algo distinto, no es un ejercicio plebiscitario, la consulta es un “referéndum”.

Bajo la primera modalidad, como “plebiscito”, el pueblo que concurre a la votación se expresa en torno a una de varias fórmulas de estatus político que le son presentadas para que exprese su preferencia; bajo la segunda modalidad de “referéndum”, se somete al pueblo una consulta específica a partir de una premisa dada, en torno a la cual el elector se expresa indicando si está a favor o en contra de esta. Esta diferencia es lo que convierte la naturaleza de esta consulta del próximo noviembre en un referéndum y no un plebiscito.

Para salvar la situación que señalamos, consciente de la diferencia y sus consecuencias, el Artículo 1.3 (q) de la Ley habilitadora dispone que el término “referéndum” y “plebiscito” tendrán un mismo significado, utilizándose de manera “indistinta”, ello a pesar de que tal premisa sobre los significados de los términos es falsa. Es engañosa también la afirmación hecha en el Artículo 2.2 (“Proclama”), donde se indica es el primer “plebiscito” de la historia sobre el estatus político de Puerto Rico “promovido por el gobierno de Estados Unidos”. En su elaboración y aprobación legislativa, el gobierno de los Estados Unidos no ha tenido intervención alguna. Lo cierto es que se trata de una ley de cuño puertorriqueña, aprobada por las autoridades competentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y no por el Congreso de los Estados Unidos.

Las únicas dos legislaciones pendientes de ejecución, aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos que mencionan algo relacionado con una consulta de estatus en Puerto Rico, son la Ley Pública 113-76 (2014), donde el Congreso de los Estados Unidos asigna la suma de $2.5 millones “para realizar otra consulta electoral de estatus político y financiar una campaña de ‘educación objetiva y no partidista a los electores en un plebiscito… sobre alternativas que resolverían el estatus político futuro.” En segunda instancia, bajo la Ley PROMESA, se dispone que el establecimiento del proceso de quiebras al que hace referencia la Ley en su Capítulo 3, y las acciones que lleve a cabo la Junta de Supervisión (Control Fiscal en sus determinaciones), no interferirá con el derecho de las autoridades en Puerto Rico de llevar a cabo una consulta plebiscitaria en el marco de las disposiciones aplicables a este tipo de consulta bajo la referidas disposiciones de la Ley Pública 113-76 (2014).

Más allá del aspecto jurídico de la diferencia en los términos “plebiscito” y “referéndum”, lo cierto es que la medida aprobada a partir del P. del S. 1467, relaciona en su “Declaración de Política Pública”, contenida en el Artículo 1.3 (h), que la Ley, “se ajusta a los parámetros” establecidos mediante la legislación aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2014. Sin entrar en la discusión del contenido de las propuestas de estatus futuro reconocidas por elderecho internacional en materia de descolonización, y sin tomar en consideración ni siquiera criterios domésticos dentro del derecho estadounidense aplicable a los territorios, en la consulta que incluyó en el P. del S. 1467, ni se contemplaban alternativas (en plural) de estatus político futuro.