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Paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional en Colombia

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altEl pasado 10 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia anunció la convocatoria a un “paro armado” en todo el territorio nacional. El ELN como se le conoce, es una organización guerrillera de orientación marxista leninista que opera en el territorio colombiano desde el 4 de julio de 1964. Uno de sus principales fundadores, recordado por toda la izquierda latinoamericana, fue el sacerdote Camilo Torres Restrepo, muerto en combate en 1966. De acuerdo con analistas del desarrollo del ELN, esta organización guerrillera que cuenta con más de 2,300 efectivos y opera en el 10% de los mil cien municipios del Estado colombiano.

En su origen, el ELN tenía gran influencia de los principios impulsados bajo la “teología de la liberación” y la interpretación de que los principios esenciales del marxismo no eran contradictorios con la fe cristiana. Se indica que en aquel momento organizaciones juveniles vinculadas a la teología de la liberación aportaron cuadros y combatientes que a su vez recibieron su formación militar guerrillera en Cuba dentro de las operaciones de limpieza llevada a cabo en la Sierra del Escambray. Su primera acción armada en Colombia se desarrolló el 7 de enero de 1965 en el departamento de Santander.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), también fueron fundadas en 1964, a pesar que en Colombia ya existía otro frente guerrillero conocido como “Bloque Sur”, brazo armado del Partido Comunista de Colombia. El “Bloque Sur” más adelante en 1966 adoptaría el nombre de FARC-EP. Durante el primer mandato del presidente colombiano Juan Manuel Santos, las FARC-EP y el gobierno del país hicieron acercamientos que culminaron el proceso de negociación de unos acuerdos de paz. El ELN no entró simultáneamente con dicha organización guerrillera en el proceso de negociaciones aunque eventualmente desarrollaron su propio proceso de negociaciones con el gobierno de Santos.

Tras los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, donde por parte de la organización guerrillera se acordó la renuncia a la lucha armada, se desarrolló el proceso de desmovilización, entrega de armas y reubicación de antiguos combatientes en determinadas áreas geográficas así como la conversión de dicha organización guerrillera en un partido político bajo el nombre de “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” (FARC).

El proceso insurreccional en Colombia, tras una guerra que había durado más de 50 años, había dejado la muerte de más de 220 personas y millones de víctimas. Si bien no era el primer ejemplo de acuerdos de paz negociados entre las partes, los cuales en el pasado habían terminado en un fracaso, en esta ocasión los acuerdos alcanzados levantaron importantes expectativas en la región.

Los esfuerzos iniciales fueron acordados en Cuba en el año 2012. Estos partían de cinco iniciativas principales: (1) el inicio de “conversaciones directas e ininterrumpidas” con un agenda definida dirigida a alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto y por “una paz estable y duradera”; (2) establecer una “Mesa de Conversaciones pública”, la que fue instalada en Oslo, Noruega el 15 de octubre de 2012, estableciendo como lugar alterno para reuniones La Habana, Cuba; (3) celeridad en el calendario de reuniones; (4) desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Chile y Venezuela; (5) una agenda de discusión que incluía: a) política de desarrollo agrario; b) participación política; c) fin del conflicto; d) solución al problema de las drogas ilícitas; d) víctimas del conflicto; e) implementación, verificación, y refrendación de los acuerdos; y f) reglas de funcionamiento.

Como fue antes con las FARC-EP, el ELN se ha enfrentado militarmente tanto a las fuerzas armadas de Colombia, como a las Unidades de Autodefensas Unidas de Colombia, a las Autodefensas Campesinas de Córdova y Urubá, a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, a las Autodefensas Campesinas del Casanare y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Todas estas son estructuras paramilitares de la derecha que operan impunemente en distintas regiones de Colombia contra las organizaciones armadas revolucionarias y que mantienen a su vez un régimen de terror sobre la población civil, principalmente campesinas de las regiones donde operan.

El ELN, como también fue el caso de las FARC-EP, es considerado por distintos países y gobiernos como una organización terrorista. En otros casos, como fue bajo el gobierno de Hugo Chávez Frías, se solicitó que el ELN fuera reconocido internacionalmente bajo el estatus de “organización beligerante”.

Ya durante la década de 1990 el ELN participó en las negociaciones de paz llevadas a cabo con el gobierno de Ernesto Samper; luego más adelante, también se sostuvieron conversaciones con el gobierno de Andrés Pastrana e incluso más adelante, desarrollaron un acercamiento con el gobierno de Álvaro Uribe. En el caso de las negociaciones iniciadas bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, el ELN propuso una tregua bilateral donde se abriera “un verdadero proceso de Salida Política al Conflicto y se supere el estado de guerra que conduce el país a la sin salida social y política.”

La estructura militar del ELN se integra por un Comando Central (COCE) del cual forman parte cinco comandantes. Entre estos se dividen las siguientes funciones: jefatura, trabajo político, responsabilidad militar, Estado Mayor Nacional, portavocía, relaciones internacionales, finanzas y el enlace del COCE con los distintos frentes militares. El Estado Mayor del ELN lo integran los comandantes militares de los distintos frentes de guerra y áreas estratégicas. A nivel operacional, están los frentes rurales y los frentes urbanos; los primeros integrados por columnas, compañías, destacamentos, escuadras y triadas. Existen también las llamadas “milicias populares” que llevan a cabo acciones de manera descentralizada.

Para el ELN, la oferta de negociaciones de paz promovida por el presidente Santos no daba garantías necesarias para un proceso donde en sus posturas había un rechazo a “cualquier aporte que salga de niveles diferentes a su mismo gobierno, que hasta hoy solo ha expresado una postura guerrerista y pacificadora, lo cual bloquea valiosos aportes a la paz de Colombia”. A pesar de ello, el 30 de marzo de 2016 el presidente Santos y el ELN anunciaron en conjunto el inicio de conversaciones que llevaran a poner fin al conflicto armado. La agenda acordada fue: (1) Participación en la sociedad; (2) Democracia para la Paz; (3) Víctimas; (4) Transformaciones para la Paz; (5) Seguridad para la Paz y entrega de armas; (6) Garantías para el ejercicio de la acción política.

El proceso de conversaciones pautado para dar inicio en el mes de mayo de 2016 en Ecuador no se inició en la fecha acordada dado el hecho de que el ELN continuó sus operaciones militares. Se reprogramó el proceso a partir del 27 de octubre, el que tampoco de desarrolló para tal fecha, dando inicio finalmente el 7 de febrero de 2017. El 5 de septiembre de 2017 se alcanzó un acuerdo de alto al fuego en forma provisional hasta el 9 de enero de 2018. Luego de una ruptura ocurrida en el mes de marzo de 2018, cuando el gobierno suspendió los diálogos de paz a raíz de una ofensiva guerrillera, finalmente el proceso fue abortado quedando sin concluir los Diálogos de Paz.

La elección de Iván Duque como presidente de Colombia para el período de 2018-2022 trajo la imposición de nuevas condiciones al proceso de paz, que a su vez, inciden en el acuerdo alcanzado bajo el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC-EP y su transformación en fuerza política electoral. Duque estableció como precondición al diálogo que el ELN liberara ciertos ciudadanos cautivos por la fuerza guerrillera; el cese de las acciones armadas; a la vez que disolvió el equipo negociador del gobierno, lo que a su vez trajo el rechazo por parte del ELN. El gobierno de Colombia ha reclamado, además, que Cuba deporte dos integrantes del equipo negociador de las ELN que se encuentran en dicho país caribeño, a lo que dicho gobierno se ha opuesto basado en las garantías negociadas previo al inicio de las conversaciones. En ellas tanto Cuba como Noruega figuran como garantes del proceso de negociación. De hecho, en Cuba se encontraba Fabio Vázquez Castaño, comandante y fundador del ELN, quien falleció por complicaciones de salud en diciembre de 2019.

La postura del gobierno de Iván Duque es, al presente, de no negociar con el ELN. Más aún, acusando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como gobierno cómplice de la guerrilla colombiana, ha acusado a dicho gobierno por brindar “respaldo” o permitir la presencia de integrantes del ELN en su territorio; y ha solicitado, además, la entrega al gobierno colombiano de tres integrantes del Comando Central de la organización guerrillera indicando que han conseguido asilo en Venezuela. Por su parte, la “Red Nacional de Iniciativas por la Paz y en contra de la Guerra” ha reiterado su llamado al gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad internacional a sumarse en el llamado a la reactivación de conversaciones que lleven a un Acuerdo de Paz.

No deja de ser importante en este entramado de la situación en Colombia, señalar que desde el pasado mes de agosto de 2019, un sector de las FARC-EP que había formado parte del proceso de negociaciones de paz, e incluso comandantes militares que suscribieron los Acuerdos de Paz negociados con el gobierno colombiano, optaron por regresar a la lucha armada. El anuncio se produjo en el contexto de los continuos asesinatos contra dirigentes sociales y ex combatientes de las FARC-EP que al momento de la denuncia sumaban 500 dirigentes sociales y 150 ex guerrilleros. La conducta del Estado colombiano ante tales casos fue de encubrimiento y total inacción para identificar y capturar a los responsables. El regreso a la lucha armada la encabezó Iván Márquez, comandante militar que participó de las negociaciones de paz y segundo al mando de la fuerza guerrillera. En declaración de las FARC-EP, Márquez leyó del documento preparado a tales fines:

“Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos de levantarse en armas contra la opresión.”

En su reflexión, Márquez señalaba el “grave error” cometido por la guerrillera al deponer las armas.

A riesgo de incluir en este artículo una cita muy larga, tomada del escrito titulado Disidencias, reincidencias y resiliencias, regreso a la guerra escrito por Manuel Humberto Restrepo y publicado en “ALAI, América Latina en movimiento”, entendemos que, dada su pertinencia, vale la pena asumir el indicado riesgo:

“Hay unos que no entraron en el proceso de negociación del conflicto armado con las FARC. Estos son los disidentes. Los que no compartieron los acuerdos firmados, manifestaron su inconformidad y quedaron por fuera de lo pactado. No tienen relación alguna con la JEP, ni beneficio con la implementación. Los disidentes, se separaron de la doctrina y conductas que implicaba el abandono de la lucha armada. En la historia política y social, los disidentes han sido perseguidos y censurados por sus actuaciones contrarias al grupo mayoritario que cierra las negociaciones.

Hay otros que estuvieron en la construcción de los acuerdos, compartieron lo pactado, y cumplieron su palabra empeñada de desarmarse y retomar la vida civil, pero al final se fueron del proceso, reincidieron en la lucha. Ellos ejercieron parcialmente su condición de ciudadanía, pero a la par, se vieron incursos en situaciones creadas para obligarlos a afrontar y resistir los embates de la persecución, el estigma y el hostigamiento permanente, por los llamados enemigos de la paz que representan el horizonte de poder de las élites que emite órdenes no manifiestas sobre lo que debe ocurrir y que termina por ocurrir sin lugar a los responsables, como ha sido la recurrente historia de la tragedia, el desastre y la barbarie. Entre el asedio y la resistencia algunos de los firmantes de del acuerdo de paz se esfumaron anunciando su regreso a las armas. Esos son los reincidentes, aunque penalmente no fueron condenados. Reinciden al volver a las armas como instrumento de acción política, rehacer sus conductas anteriores, y seguir un sistema de valores y modos de vida que ya no comparten sus antiguos compañeros…

Y hay otros, que recibieron con entusiasmo los acuerdos, pero se sienten abandonados, inseguros amenazadas e incluso humillados y están pensando en volver a su antiguo modo de vida en armas. Esos bien pueden ser resilientes, aunque el estado se encargará de impedir cualquier otro calificativo distinto al de reincidentes. Ellos organizaron su modo de vida ya no alrededor de un comandante, una estrategia, una doctrina y un fusil, sino de proyectos de vida civil, sin armas y en democracia, pero paulatinamente han perdido la esperanza. La sociedad les impide reintegrarse y el estado se niega a cumplir sus compromisos de protección, respeto y garantías a sus derechos…

Los resilientes, una vez consumen el alzamiento, pasarán a ser reincidentes y seguramente a reencontrase con los disidentes y para todos ellos hablar de lo justo y lo injusto desaparecerá del panorama y serán tratados como delincuentes. La sociedad sin embargo estará llamada a tener en cuenta que ninguna explicación puede buscarse en la simple repetición de hechos de guerra, sino que también en las responsabilidades políticas en el estado y seguramente otros terceros, quienes usando el poder han obstaculizado la construcción de la paz estable y duradera pactada…”

Se ha indicado que el comunicado circulado por el ELN convocando al paro nacional de setenta y dos (72) horas, deja de definir claramente los objetivos del mismo. Sin embargo, también debe tomarse en consideración que, en el marco de las operaciones de las organizaciones político-militares, hay acciones que su realización son en sí mismas el principal objetivo. Una de estas son las acciones de propaganda armada, que quizás como esta que ha anunciado el ELN, su principal objetivo es el proyectar un mensaje de existencia organizativa en el Estado colombiano, de capacidad militar, o sencillamente un ejercicio de la fuerza guerrillera que les permita proyectar su capacidad operacional y coordinación de sus mandos y combatientes desde el punto de vista de su desarrollo guerrillero.

Habrá que ver a dónde lleva esta nueva iniciativa del ELN en el plano de su estrategia de lucha; cuál será la respuesta de la estructura militar de las FARC-EP que en estos momentos ha decidido volver a la lucha armada; y cuál ha de ser la respuesta de la estructura política de la FARC, ello en el marco de la lucha cívica, particularmente de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia en el año 2022.