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Desastres naturales, el gobierno y la memoria colectiva

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altEl pasado 6 de enero, los puertorriqueños despertaron despavoridos ante el movimiento fuerte del suelo de la Isla. Particularmente los residentes del área sur que viven en Guánica, Guayanilla Yauco y Ponce han sido los más afectados por los movimientos telúricos que están ocurriendo. Cientos de personas están durmiendo al intemperie, en campamentos espontáneos que se han levantado en campo abierto, por los daños estructurales que han sufrido sus viviendas o por temor a que los movimientos continuos de la tierra provoquen el colapso de más estructuras.

Puerto Rico está localizado en una de las zonas más sísmicas del mundo. La Red Sísmica de Puerto Rico y otros expertos en el área, hacía años que venían advirtiendo esto particularmente al gobierno para que estuviera preparado. Sin embargo, como hacía casi 100 años que la Isla no era afectada por un temblor, la urgencia de la preparación y de crear unos planes estratégicos de evacuación y salvamento, no eran la prioridad. La prioridad era para preparación en caso de huracanes, y aún así podría cuestionarse. Luego de los huracanes Irma y María en el 2017, quedó en evidencia que la infraestructura del país está totalmente vulnerable y maltrecha.

La respuesta del gobierno de Puerto Rico, tanto con los huracanes del 2017 como ahora con el terremoto ha sido deficiente. Parece una obra de teatro que se va improvisando según suceden los acontecimientos. Ante la catástrofe que hoy vive el área sur de nuestro país, donde hay cientos de ciudadanos al intemperie sufriendo no solo las inclemencias del tiempo sino también las emocionales, las acciones del gobierno parecen que están orquestadas pensando en que éste es un año de elecciones y que se está en plena campaña política.

¿Por Qué digo esto? Para empezar, se supone que los planes de emergencia en caso de desastres naturales luego del huracán María habían sido revisados. Sin embargo, el ex-gobernador Ricardo Rosselló nunca los quiso hacer públicos. Entonces, ¿cómo se supone que la ciudadanía se entere de los mismos y cómo se supone que se prepare? ¿Cómo planificadores, arquitectos, ingenieros, geógrafos, trabajadores sociales y otros expertos que el país produce, puedan dar insumo de si los planes de manejo de emergencia son viables o no, si los mismos no son públicos?

Recordemos que bajo la administración de Julia Keleher alegadamente se hizo un inventario de escuelas para determinar cuáles cerraba y cuales dejaba abierta. Sin embargo, nunca se publicó cuál fue el criterio utilizado para seleccionar unas estructuras sobre otras. Fueron muchas las voces que denunciaron que las escuelas con mejores estructuras se estaban cerrando para luego ser regaladas a seguidores del partido. ¿El resultado? Que en los pueblos más afectados por el terremoto no hay escuelas para usarse como refugio, que las estructuras que el gobierno indicó eran apropiadas para nuestros niños no lo son. Entonces, el Colegio de Ingenieros, ante el desastre que hoy se vive por el terremoto, se ofrece a crear brigadas de ingenieros voluntarios para revisar la integridad estructural de las escuelas y otros edificios. Pero en un acto, que entendemos es movido por puro interés de una persona en plena campaña política, en vez de aceptar la ayuda voluntaria del Colegio de Ingenieros, se contrata los servicios del Ingeniero Carlos Pesquera para que haga estas evaluaciones, no solo incurriendo en un gasto innecesario sino pagando o ganando favores políticos con un consabido correligionario.

La respuesta de los políticos ante el desastre es la típica de la politiquería: van a las áreas afectadas a robar cámara, no tienen soluciones de respuesta inmediata para reubicar a los afectados o aguantan las ayudas para hacer propaganda política al entregarlas, entre otras artimañas. El pueblo desconfía de las bondades y buenas intenciones del gobierno. Ya fue demostrado cuando el huracán María.

El pueblo no olvida que Beatriz Rosselló creó la organización Unidos por Puerto Rico, la cual se supone fuera uno de los centros de acopio de comida y suministros principales para del país. Sin embargo, se despilfarraron miles de dólares en ayuda que nunca se le repartió ni llegó a las manos de las personas afectadas. El pueblo recuerda las miles de botellas de agua que se perdieron y fueron encontradas en Ceiba; recuerda que la entonces Secretaria de Justicia, ahora gobernadora Wanda Vázquez, literalmente se lavó las manos y exoneró a Unidos por Puerto Rico y a sus organizadores de haber cometido violaciones de ley en este asunto.

La isla se encuentra en momentos de mucha vulnerabilidad humana, pero el pueblo observa y no va a permitir que el gobierno, del partido que sea, continúe con los atropellos hacia sus ciudadanos. Sí, este es un año de elecciones, y el pueblo será sabio y observa las acciones y respuestas de todos y cada unos de los políticos ante esta nueva crisis de país. De modo que, se le advierte a los políticos que no usen esta situación como trampolín de campaña porque pueden quedar desnucados.